En el marco de un conversatorio especializado sobre violencia digital, cuatro panelistas con destacadas trayectorias en derechos humanos, justicia, seguridad cibernética y activismo feminista analizaron los principales riesgos que enfrentan las mujeres en los entornos digitales en Panamá, así como los vacíos legales, tecnológicos y sociales que permiten que estas agresiones se incrementen sin una respuesta efectiva del Estado. El panel, titulado “La violencia digital y los feminicidios en Panamá”, fue moderado por Dayanara Salazar Medina, coordinadora para Panamá de ONU Mujeres.

La actividad contó con la participación de Marina Pérez de Cárdenas, directora ejecutiva de Fundación Morgan; el Dr. Jorge de la Torre, secretario general de la Procuraduría General de la Nación; Sharon —educadora popular feminista y directora de Fundación Es Alianza; y una representante del colectivo feminista Cande, especializada en seguridad cibernética y prevención de la violencia digital. El evento fue acompañado por representantes de ONU Mujeres, la Embajada de Francia en Panamá, el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y organizaciones de la sociedad civil.

Violencias tradicionales que se trasladan con fuerza al mundo digital

La abogada Marina Pérez destacó que la violencia digital no es un fenómeno nuevo, sino un traslado acelerado de violencias históricas hacia plataformas tecnológicas que evolucionan más rápido que la capacidad de respuesta institucional y social. Explicó que prácticas como el acoso, la manipulación de imágenes íntimas y la suplantación de identidad se multiplican debido al uso masivo de redes y tecnologías inteligentes.

Pérez sustentó su intervención con datos de una encuesta aplicada a jóvenes de 15 a 25 años:
– 85% usa redes sociales varias veces al día.
– 4 de cada 10 han sido víctimas de algún tipo de violencia digital.
– 80% ha presenciado agresiones contra otras personas en línea.
– Solo 45% sabe cómo actuar o dónde denunciar.

Según indicó, estos resultados evidencian que la prevención debe ir más allá del activismo e incluir procesos educativos, fortalecimiento institucional y diálogo intersectorial.

El desafío jurídico: tres delitos tipificados frente a once formas reales de agresión

Por su parte, Sharon Pringle , directora de Épica Fundación y educadora popular feminista,  profundizó en los vacíos legales que enfrentan las víctimas al momento de denunciar. Señaló que la Ley 478 de 2025 reconoce únicamente tres delitos relacionados con violencia digital:

1. Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
2. Extorsión en línea.
3. Suplantación de identidad.

Sin embargo, la experiencia de acompañamiento comunitario revela al menos 11 tipos de violencia digital recurrentes, entre ellos: acoso sexual en línea, explotación sexual mediante tecnologías, afectaciones a la libertad de expresión, robo de datos personales, acceso no autorizado a dispositivos y difusión de contenido manipulado.

“El desconocimiento es uno de los mayores obstáculos. Muchas mujeres, especialmente en áreas rurales, no saben que lo que padecen es violencia digital ni que pueden denunciarlo”, advirtió.

Control tecnológico dentro de la violencia doméstica

El Dr. Jorge de la Torre, secretario general de la Procuraduría desde enero de 2025, alertó sobre la expansión de la violencia digital dentro de los hogares. Explicó que cámaras de vigilancia, aplicaciones inteligentes y sistemas automatizados están siendo utilizados para monitorear, controlar e intimidar a las mujeres, incluso sin que ellas lo perciban inicialmente.

“Estamos ante nuevas modalidades de control coercitivo facilitadas por la tecnología. Este fenómeno demanda una actualización normativa, capacitación especializada y recursos técnicos para las autoridades encargadas de investigar estos delitos”, expresó.