Panamá se une este 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha declarada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, en homenaje a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. La ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico” y advierte que esta constituye una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo.

En Panamá, la situación continúa siendo alarmante pese a los avances legislativos y de sensibilización. Según datos del Ministerio Público, solo en 2023 se registraron 17 521 denuncias de violencia doméstica, y hasta octubre de 2025 ya se habían contabilizado más de 13 000 denuncias, lo que mantiene la tendencia creciente de los últimos años. Informes periodísticos basados en cifras oficiales indican que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024 ocurrieron al menos 112 femicidios, consolidando este delito como una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género en el país. Un estudio del Ministerio de la Mujer revela además que más del 57 % de las víctimas enfrenta el abuso sin recibir apoyo estatal, teniendo que asumir costos médicos, legales y emocionales por cuenta propia, lo que agrava su vulnerabilidad.

Panamá cuenta desde 2013 con la Ley 82, que tipifica el femicidio y establece medidas de prevención y protección para las víctimas, así como con el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Sin embargo, organizaciones sociales señalan que persisten barreras en el acceso a la justicia, la falta de refugios y la insuficiente atención psicológica y legal, especialmente en áreas rurales.

Instituciones públicas como el Ministerio de Salud han desarrollado campañas de prevención, charlas y jornadas comunitarias. En regiones como San Miguelito y Panamá Oeste se impulsaron movilizaciones y actividades educativas bajo el lema “No calles, actúa, denuncia”, con el objetivo de promover la denuncia y romper el ciclo de violencia.

A pesar de estos esfuerzos, especialistas coinciden en que la prevención debe fortalecerse desde la educación, promoviendo relaciones igualitarias, el respeto de los derechos de las mujeres y mecanismos efectivos de protección. La ONU reitera que la erradicación de la violencia contra la mujer requiere un compromiso permanente del Estado y de la sociedad civil, así como políticas sostenidas que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las mujeres y niñas.

Este 25 de noviembre, Panamá no solo recuerda una fecha simbólica, sino que enfrenta una realidad urgente que exige acción inmediata, articulada y efectiva para prevenir nuevas víctimas y garantizar una vida libre de violencia.