El pasado 6 de mayo, la Universidad de Panamá realizó una marcha masiva y pacífica, donde participaron estudiantes, administrativos, profesores, autoridades, gremios sindicales y miembros de la sociedad civil, con dos objetivos claros: “En defensa de la soberanía nacional y por el respeto a la autonomía universitaria”.

La autonomía universitaria se encuentra establecida en el Artículo 103 de la Constitución de la República de Panamá, que dicta lo siguiente: “La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas nacionales, así como la difusión de la cultura nacional…».

Entiéndase por autonomía la “Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios”.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá (Ley 24 del 14 de julio del 2005), establece en su Artículo 5 que: “Los predios, las instalaciones y las dependencias de la Universidad de Panamá gozarán de inviolabilidad y nadie podrá entrar en ellos sin la autorización del Rector, a no ser por mandato escrito de autoridad judicial competente, para fines específicos determinados en la Ley, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres”.

La Universidad de Panamá históricamente se ha caracterizado por ser “la conciencia crítica de la nación”, en los momentos más difíciles del país siempre ha cumplido un rol preponderante en las luchas sociales. Desde sus inicios, la UP fue concebida como un espacio de pensamiento crítico y formación ciudadana.

La represión violenta contra las protestas universitarias se ha convertido en una rutina alarmante. Basta con que los grupos estudiantiles y gremios sindicales de esta casa de estudios se manifiesten en los alrededores, para que la Policía Nacional responda de inmediato con un uso desproporcionado de gases lacrimógenos con el fin de dispersarlos.

Cuando hablamos de represión, nos referimos a la acción de contener, refrenar o suprimir algo. En el contexto político y social, la represión implica el uso de la fuerza o el poder para controlar a la población, restringir sus derechos y libertades.

En Panamá, según lo establecido en el Artículo 38 de la Constitución de la República, “Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos”.   A pesar de que las protestas pacíficas son permitidas, la nueva modalidad es disolverlas antes de iniciar coartando el derecho a las personas a hacerlo.

El 31 de enero, por ejemplo, en medio de una protesta pacífica, un oficial golpeó salvajemente a la estudiante, Hilaria Acevedo, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. La denuncia fue interpuesta por el defensor de los universitarios, Gilberto Marulanda, ante el Ministerio Público.

El 6 de febrero un oficial de la Policía Nacional ingresó sin autorización al Campus Central, para investigar a estudiantes presuntamente involucrados en delitos contra oficiales, luego de las protestas del 31 de enero en las inmediaciones de esa casa de estudio, violentando con sus acciones la autonomía.

Los estudiantes fueron tratados como delincuentes de alto perfil, se hizo un operativo férreo y un despliegue desmedido de unidades policiales. Como resultado de esa protesta (31 de enero), fueron detenidos y procesados varios estudiantes universitarios (5).  En ese período, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, expresó públicamente que «la universidad era un centro de delincuentes».

Estas declaraciones mal intencionadas fueron rechazadas categóricamente por la comunidad universitaria y la sociedad, teniendo en cuenta el papel fundamental de la Universidad de Panamá en la formación de más de 330 mil profesionales de distintas disciplinas en 90 años de servir al país.

El asedio y la represión continuó en cada protesta realizada los siguientes meses.  Para el 29 de abril, unidades de la Policía Nacional realizan un retén para requisar a estudiantes, profesores y administrativos en el portón de las instalaciones del Campus Harmodio Arias Madrid en Curundú (luego de una protesta), evento que fue denunciado en las redes sociales por el defensor de los universitarios, Gilberto Marulanda y el presidente de Asociación de Profesores de la UP, José Álvaro, por ser violatorio a la autonomía, en su forma y fondo.

El resultado en esa oportunidad fue nuevamente la detención de estudiantes del Campus Harmodio Arias (6) y otros del Centro Regional Universitario de Veraguas que también protestaron en esos días (5).

El día 7 de mayo (un día después de la marcha de la UP), unidades de la Policía Nacional (Linces) entran a los predios de la Universidad, en medio de una protesta, violando de manera flagrante la autonomía, en un acto de provocación irrespetuoso, el cual se encuentra grabado en videos.

La interrogante que caben en estas constantes violaciones a la autonomía universitaria son las siguientes: ¿Cuáles son las intenciones ocultas en estas constantes intromisiones a los predios de la Universidad de Panamá?, ¿Por qué el asedio constante contra los estudiantes que protestan?, ¿será que estamos volviendo a vivir la dictadura militar que sumió al país en los años 80? El pecado parece ser tener un criterio contrario a quienes hoy gobiernan la nación.

El otro tema que ha causado el descontento en el país ha sido la firma de una enmienda o acuerdo entre Panamá y los Estados Unidos.  A todas luces, promueve un retroceso en las conquistas, que como nación se lograron con sangre en la gesta del 9 de enero de 1964 y con la firma de los tratados Torrijos – Carter, que puso fin a la presencia norteamericana en el país y el Tratado de Neutralidad.

Estas decisiones unilaterales, a espaldas del país, violan la Constitución de la República y el Tratado de Neutralidad, además pueden colocar a Panamá en el medio de conflictos con Estados que son enemigos de los Estados Unidos, cuando el Istmo se ha caracterizado por ser neutral, libre y soberano.

No olvidemos que las protestas son expresiones públicas de desaprobación u oposición a una situación, política o acción, realizadas por un grupo de personas. Estas pueden tomar la forma de marchas, manifestaciones o congregaciones en lugares públicos, con el objetivo de hacer escuchar sus demandas o expresar su descontento. 

¡Exigimos respeto a la autonomía universitaria y a la soberanía nacional!