Están atentando contra los futuros profesionales del agro y de la soberanÃa alimentaria.
Por: Félix E. Villarreal V. |
Para toda la familia de la casa Octavio Méndez Pereira, ha sido más que evidente la situación de incertidumbre y dilatación en la que por más de dos meses, viven los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuaria y, por ende, las autoridades de esta máxima casa de estudios, que están a la espera de que el Consejo de Gabinete les apruebe la excepción de acto público para la adquisición de una finca acorde a la necesidad urgente de los estudiantes para realizar sus prácticas e investigaciones de campo.
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Esta situación ha puesto en evidencia la percepción existente de desinterés del Gobierno nacional por resolver este asunto de la universidad y, por lo tanto, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,  generación que ya está por graduarse y que en el transcurso de su carrera han tenido que mendigar en fincas privadas para practicar superficialmente, ya que, a la fecha, no han podido contar con un espacio cónsono para la realización de sus investigaciones y prácticas de campo.
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Los estudiantes que hoy exigen al Gobierno y a las autoridades universitarias una pronta solución son los futuros profesionales del agro en nuestro paÃs, y serán los encargados de estudiar, investigar y promover soluciones óptimas y factibles a las necesidades de la población panameña en materia de alimentación sana y de una producción agropecuaria beneficiosa y accesible.
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Ante lo expuesto en el párrafo anterior, pareciera que el Gobierno de Juan C. Varela y su gabinete, pretendiendo seguir con la polÃtica de asfixia a los medianos y pequeños productores campesinos, en este escenario académico, están creando las condiciones para ir cerrando el paso a una generación que, con sus conocimientos, formación profesional y académica, garantizarán a futuro la estabilidad y la soberanÃa alimentaria de la ciudadanÃa panameña.
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Esto se corrobora con lo difundido en algunos medios de comunicación, en torno al negociado que se fragua entre Tocumen S.A. y el Gobierno, de comprarle parte de los terrenos a un costo cinco veces mayor de lo pagado en su momento a la Universidad de Panamá. Acción que pone en evidencia la displicencia, la improvisación e irresponsabilidad con el uso de los bienes públicos.
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Ante esta actitud de indiferencia gubernamental, cabe invocar la Declaración de Nyéléni, Selingué, Mali del 2007, que en esencia establece claramente que: "La soberanÃa alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y polÃticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses, e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrÃcolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales.
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Para los gobierno, la soberanÃa alimentaria da prioridad a las economÃas locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los productores campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica Promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos profesionales que trabajamos y producimos los alimentos
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Esta declaración, en su esencia, nos hace comprender con mayor exactitud, que se está atentando no solamente contra la profesión de esta generación de estudiantes, sino que peligra la formación de los futuros productores e investigadores en pro del agro, y, además, se atenta contra la soberanÃa alimentaria de nuestro pueblo.
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Como universitarios y ciudadanos conscientes, debemos defender la casa del saber que en ochenta años ha sido conciencia crÃtica de la nación, luchadora contra la pobreza y formadora de más de 270 mil profesionales que han aportado al avance y desarrollo del paÃs.
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Razón por la que, desde este espacio informativo, hacemos un llamado a las autoridades, a los estudiantes de AgronomÃa y carreras afines, a los pequeños y medianos productores del paÃs, históricamente marginados y abandonados por los distintos gobiernos, sufriendo la asfixia de la competencia desleal de los grandes empresarios y las trasnacionales que acaparan los mercados nacionales. Realizar en conjunto un Gran Debate Nacional y Universitario, que permita unir fuerzas y definir puntos en común para defender la universidad de pueblo, y de cara a desarrollar acciones y soluciones importantes a favor de los estudiantes, el agro y la soberanÃa alimentaria de todos los panameños.
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