Entre 1947 y 1955, Panamá vivió una transformación decisiva. La antigua Policía Nacional se convirtió en Guardia Nacional (GN), una institución que, bajo el mando de José Antonio Remón Cantera pasó de ser una fuerza de orden público a un actor político central. Detrás de ese cambio, aparentemente administrativo se gestó una estrategia impulsada por los Estados Unidos para garantizar la estabilidad del Canal de Panamá sin recurrir a la ocupación militar directa.

El rechazo popular del Convenio Filos-Hines en 1947, que habría permitido bases militares estadounidenses fuera de la Zona del Canal, marcó un punto de inflexión. La movilización social demostró que el nacionalismo panameño podía desafiar abiertamente la hegemonía norteamericana. Ante esa realidad, la estrategia estadounidense cambió: ya no se trataba de dominar por la presencia directa, sino de hacerlo a través de un “gendarme local”, como lo definió el historiador José B. Álvaro Preudhomme (2003).

Remón Cantera fue el instrumento ideal. Formado inicialmente como militar en México, se perfeccionó y fue alineado ideológicamente en academias de Estados Unidos y vinculado estrechamente a su Embajada, reorganizó la policía como un cuerpo militar. Su Guardia Nacional fue dotada de entrenamiento, armamento y asesoría técnica estadounidense. Como explica Laysa Reid (2019), este proceso respondió a un diseño geopolítico que buscaba “una estabilidad autoritaria que garantizara la operación del Canal durante la Guerra Fría”.

En plena Guerra Fría, la etiqueta de “comunista” se convirtió en arma política. La Guardia Nacional, respaldada por la oligarquía panameña, desplegó un macartismo (represión política y persecución a personas de ideología socialistas y utiliza el miedo para combatir la influencia comunista y soviética en las instituciones estadounidenses), de carácter criollo que criminalizó el nacionalismo y la protesta social. Intelectuales, sindicalistas y estudiantes fueron perseguidos, encarcelados o exiliados.

Según Patricia Pizzurno y Celestino Araúz (1996), esta represión “no fue una desviación, sino un instrumento estructural del modelo de dominación canalera”. El objetivo era garantizar que el tránsito interoceánico, pilar del transitismo panameño y que el eje de la economía dependiente, no se viera afectado por conflictos internos. El orden militar se impuso como condición del funcionamiento del enclave colonial.

Remón comprendió que la legitimidad de su gobierno dependía de mantener la “paz social” y la confianza de Washington. En enero de 1955, días después de su asesinato, se firmó el Tratado Remón–Eisenhower, que incrementó la anualidad que Estados Unidos pagaba a Panamá y eliminó ciertos privilegios comerciales de los comisariatos norteamericanos. Pero la esencia del sistema no cambió.

El Canal siguió bajo control estadounidense; las bases militares continuaron operando; y la Guardia Nacional, garantizó el cumplimiento de los acuerdos. Como señala Walter LaFeber (1999), se trató de “una modernización sin soberanía”: Panamá obtuvo mejoras económicas marginales, pero perdió autonomía política.

La militarización del Estado panameño durante la era de Remón, no puede separarse del contexto estructural del transitismo: un modelo de desarrollo orientado al servicio del comercio internacional y subordinado al capital extranjero. La Guardia fue su brazo coercitivo, asegurando que el país siguiera cumpliendo su rol como territorio de tránsito dentro del sistema de seguridad hemisférico estadounidense.

El sociólogo Marco A. Gandásegui (2008) interpretó este proceso como la “institucionalización de la dependencia”, donde el control político interno y el control económico externo se fusionaron en un mismo proyecto de hegemonía. Bajo este esquema, la represión no era un error, sino la garantía del orden.

La estabilidad impuesta por la Guardia Nacional resultó ser una ilusión. A finales de los años cincuenta, las generaciones jóvenes comenzaron a desafiar el régimen de miedo. La Operación Soberanía (1958) y la Siembra de Banderas (1959) fueron expresiones tempranas de un nuevo nacionalismo que vinculaba soberanía territorial con justicia social.

Como escribe Olmedo Beluche (2022), “la represión podía contener el descontento, pero no eliminar las causas de la subordinación”. El estallido del 9 de enero de 1964 fue la consecuencia inevitable: el modelo de control social militarizado alcanzó su límite histórico.

El período 1947–1955 demuestra que el autoritarismo puede garantizar la hegemonía, pero no la legitimidad. La Guardia Nacional surgió como instrumento de poder dependiente, moldeado por la lógica del transitismo y la seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Sin embargo, su represión sembró las semillas de la resistencia popular que, dos décadas después, haría posible la negociación de los Tratados Torrijos–Carter (1977).

Hoy, mirar ese pasado permite entender las tensiones entre seguridad y soberanía, estabilidad y dependencia, control y libertad. La historia de la Guardia Nacional no sólo pertenece al pasado: en el año 2026, sigue siendo una advertencia sobre los riesgos de ceder la soberanía a cambio de orden.

El autor es estudiante de la Maestría en Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Centro Regional Universitario de Panamá Oeste (CRUPO). Universidad de Panamá.