Transición de la dictadira a la democracia (1968-2000), una trasición incómoda
La oposición polÃtica al régimen militar, surgida del Golpe de Estado de 1968, tenÃa como bandera el necesario restablecimiento de la democracia polÃtica formal; pero esta transición, en términos reales, empezó después de la muerte del General Omar Torrijos, en julio de 1981. Los sucesores de Torrijos consideraron que era conveniente ejecutar una serie de cambios que viabilizaran el funcionamiento de los partidos polÃticos y, en el año 1982, la Guardia Nacional, bajo la jefatura de Rubén DarÃo Paredes, crea las condiciones para ejecutar dichos objetivos. Se convoca a una comisión de notables para reformar la Constitución de 1972. Dicha comisión, integrada por reconocidos polÃticos del Gobierno de entonces y la oposición, presentó la reforma de 1983, que luego fue sometida a referéndum y, posteriormente, aprobada.
En dicha reforma se eliminó el artÃculo II de la Constitución, por el que se establecÃa que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial funcionaban en armónica colaboración con la Guardia Nacional. También se restableció la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento (ASRC) y la Asamblea Legislativa, cuya tarea era ejercida por el Consejo Nacional de Legislación designado por la ASRC. De igual manera, se eliminan las facultades de la ASRC de aprobar o improbar leyes. Los representantes de corregimiento quedaron, entonces, reducidos a simples concejales municipales.
En términos reales, la reforma constitucional de 1983, en la práctica, promulgó una nueva Constitución que restablece todos los mecanismos de la democracia polÃtica formal vigente antes de 1968. No obstante, la transición a la democracia formal en Panamá se enfrentaba a un problema: la Guardia Nacional aún se mantenÃa como poder fático y tenÃa la potestad de intervenir en los asuntos polÃticos del paÃs. Dicho fenómeno polÃtico lo podemos apreciar durante las elecciones de 1984, cuando el general Paredes se retira de la jefatura de la Guardia Nacional para aspirar a la presidencia de la República, pero el nuevo Jefe de la Guardia Nacional decide apoyar a Nicolás Ardito Barletta para la presidencia y logra que el Partido Revolucionario Democrático apoye esa senda.
Los hechos posteriores, que culminarÃan con la invasión norteamericana de 1989, demostraron que la permanente incursión de las Fuerzas de Defensa en la polÃtica fue un grave error y era una contravÃa de la decisión tomada en 1978 por el General Omar Torrijos, quien buscaba replegar a la Guardia Nacional a sus cuarteles. Torrijos habÃa tenido la idea de fundar el PRD para que el denominado proceso revolucionario fuera dirigido por un sector polÃtico civil; sin embargo, este proyecto no fue cumplido a cabalidad por sus sucesores, quienes impiden el desarrollo polÃtico e institucional del partido que actúa como brazo civil de los cuarteles.
Después de la invasión de 1989, las nuevas autoridades bajo la presidencia de Guillermo Endara, jefe polÃtico del Partido Arnulfista, se reúnen con Ernesto Pérez Balladares, jefe polÃtico del PRD, para firmar acuerdos que determinarÃan un sistema bipartidista que se prolongarÃa hasta el año 2009. Ambos partidos y sus aliados se alternarÃan en el poder. Este esquema bipartidista se rompe en las elecciones del 2009 cuando Ricardo Martinelli crea el Partido Cambio Democrático y gana las elecciones en alianza con el Partido Panameñista. Dicha alianza se prolonga por 26 meses, hasta que Ricardo Martinelli decide romper esos lazos y gobernar en solitario.
La democracia pos invasión se caracteriza por la fuerte imbricación entre los sectores económicos y la sociedad polÃtica, espacio en donde los primeros usan a los segundos como vehÃculos para acceder a negocios y contratos con el Estado por diversas vÃas, lo que ha dado paso a episodios de corrupción. El caso Odebretch es una muestra de cómo la justicia brasileña y estadounidense han hecho pública la vinculación de polÃticos y empresarios panameños en actividades de corrupción. A esto se le suma el célebre caso de los Papeles de Panamá, publicitado en abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington y con la participación de 78 paÃses. En dicha investigación se sacó a flote el uso de las sociedades off shore como vÃa para la evasión de impuestos, blanqueo de capitales, ocultamiento de patrimonio y la opacidad, caracterÃstica de estas transacciones.
Este sistema ha dado lugar a que el interés privado de los grupos económicos enquistados en el sistema actual de partidos polÃticos prevalezca sobre el interés público y, por tanto, en desmedro del bienestar general. Este último fenómeno social y económico se manifiesta en el colapso de los servicios públicos de salud, educación, vivienda, saneamiento ambiental, acelerado deterioro de las calles y avenidas de los principales centros urbanos del paÃs. Y lo más grave son los grandes déficits del sistema judicial, la ineficacia del Ministerio Público y la incapacidad de la PolicÃa Nacional de garantizar la seguridad ciudadana y la crisis permanente del sistema penitenciario. Con estas nuevas condiciones, la democracia polÃtica formal en la práctica es un mito, una apariencia y hasta una fachada de mal gusto que, de hecho, ha generado la crisis del sistema reinante, haciendo de Panamá en el siglo XXI un Estado fallido.
El autor es Docente Universitario del Centro Regional Universitario de San Miguelito
