Empoderar lo público
La creciente incapacidad de nuestras instituciones públicas para afrontar los retos colectivos que tenemos como sociedad, con el consecuente deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorÃas, encuentra su génesis en la captura del Estado por élites privadas, que se han apropiado de sus recursos para beneficio propio en desmedro del bien común. Ante ello, nos urge proponernos el rescate de lo público, de aquello que nos pertenece y debe estar al servicio de todos los ciudadanos, como único camino hacia la regeneración de la Patria.
La administración pública panameña, abarcando Gobierno nacional y local, entidades autónomas y semiautónomas, y empresas públicas y público-privadas, no se ha estructurado para operar y prestar servicios de calidad para el bien común. Al contrario, traiciona su función pública para facilitar ganancias a empresas nacionales y transnacionales a través de concesiones, contrataciones, externalizaciones, tercerizaciones y privatizaciones de sus funciones fundamentales, impidiendo que las instituciones desarrollen las capacidades técnicas para cumplir sus tareas, desviándose los recursos públicos de la satisfacción de necesidades sociales hacia la creación de monopolios privados avalados por el Estado y costeados por el erario.
Toda función por cumplir, objetivo por alcanzar, problema por solucionar, ha sido convertida en una oportunidad para negociados. Desde la gestión de nuestros recursos estratégicos, como los puertos, aeropuertos, terminales y producción energética, pasando por la construcción, mantenimiento y reparación de obras de infraestructura, compras de alimentos, medicamentos, equipamiento e insumos generales, consultorÃas de planes de Gobierno y asesorÃas técnicas, alquiler de equipos y vehÃculos, hasta la administración y prestación de múltiples servicios estatales, ha sido vuelto un negocio, en el cual los réditos son privatizados, pero los costos socializados.
¿Eficiencia privada? Al contrario, la mayorÃa de estos servicios son monopolios públicos, lo que destruye cualquier posibilidad de que su prestación privada sea más eficiente, al no existir incentivo para el ahorro o eficiencia, sin importar que vaya o no a licitación, creando un intermediario innecesario que tiene asegurada una ganancia extraordinaria, pagada por el usuario y el Estado. Enriquecimiento privado financiado con endeudamiento público.
La efectividad en la prestación de un servicio no lo determina el hecho de ser público o privado, sino cómo y para quién se organiza la capacidad humana y recursos materiales con los que cuenta la institución. La administración pública panameña no es deficiente a razón de ser pública, sino debido a estar secuestrada por élites privadas, que tienen por objetivo no prestar servicios, sino extraer beneficios. Es corrupción legalizada, institucionalizada y legitimada.
Las instituciones públicas terminan atrofiadas, incapaces de desarrollar sus capacidades y utilizar adecuadamente sus recursos, conduciendo a un Estado débil y corrupto, renuente a planificar polÃticas públicas porque le es más rentable improvisar negocios privados, e incapaz de abordar y solucionar los problemas colectivos de nuestra sociedad, como la educación, seguridad, salud, trabajo, contaminación, hambre y desempleo, desembocando en el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorÃas, al serles negados los bienes y servicios fundamentales para el desarrollo de sus vidas. Los bienes públicos se convierten en una fuente de riqueza garantizada para pocos, y no de garantÃa de derechos para todos.
Por ello, urge empoderar lo público, lo que nos pertenece a todos, como punta de lanza para la regeneración de la Patria. Un Estado que reasume sus funciones centrales de planificación, rectorÃa, regulación y control, con inteligencia, disciplina y sensibilidad, para canalizar las capacidades y recursos de la sociedad hacia la satisfacción de nuestras necesidades y libre desarrollo de nuestras potencialidades, con la planificación de polÃticas universales que garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual, pero blindando con controles democráticos al Estado de la codicia de las élites, implementando fuertes mecanismos de monitoreo y vigilancia ciudadanÃa, que empodere a los ciudadanos para resguardar la integridad del Estado, asegurando su compromiso con el bien común.
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Politólogo*
