El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar conjunta contra la República Islámica de Irán, denominada "Operación Furia Épica". En cuestión de horas, el ayatolá Alí Jamenei fue confirmado muerto, y varias ciudades iraníes fueron sometidas a oleadas de bombardeos que alcanzaron objetivos militares, gubernamentales y, de manera alarmante, civiles. Mientras los discursos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu apelaban a narrativas de liberación y paz regional, los datos desde el terreno relataban una historia diferente: cientos de civiles muertos, infraestructura sanitaria destruida y decenas de niñas fallecidas en una escuela primaria de Minab.

El discurso oficial estadounidense enmarcó la intervención en términos de seguridad preventiva: destruir el programa nuclear iraní, eliminar la capacidad de misiles balísticos del régimen y propiciar un cambio de régimen. Esta retórica guarda una semejanza estructural inquietante con los argumentos empleados antes de la invasión de Iraq en 2003. CNN reportó que dos fuentes de inteligencia señalaron que las afirmaciones sobre el desarrollo inminente de misiles intercontinentales iraníes no estaban respaldadas por información clasificada verificable. Sin embargo, esa advertencia quedó sepultada bajo el peso mediático del conflicto en curso.

Lo que resulta analíticamente inaceptable es la sistemática invisibilización del costo humano civil. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos reportó al menos 133 civiles muertos en las primeras horas; los medios estatales iraníes elevaron esa cifra a más de doscientos. Entre las víctimas más documentadas figuran las fallecidas en Minab, donde un ataque contra una escuela primaria de niñas dejó 165 muertos según cifras actualizadas. Frente a este dato, el portavoz del ejército israelí declaró no tener "conocimiento" de operaciones en esa zona, equiparando la denuncia de víctimas con propaganda adversaria mediante una lógica circular que desafía cualquier escrutinio serio.

La respuesta iraní expandió geográficamente el conflicto de una manera que pone en evidencia la irresponsabilidad colectiva de todos los actores involucrados. Teherán lanzó ataques contra Israel, Bahréin, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania y Omán —país que había actuado como mediador diplomático hasta horas antes—. El aeropuerto internacional de Dubái fue evacuado; una persona murió en Abu Dabi; más de 1.800 vuelos fueron cancelados, dejando decenas de miles de pasajeros varados. El estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del consumo mundial de petróleo, fue declarado inseguro. La guerra dejó de ser bilateral para convertirse en una crisis regional con víctimas distribuidas en al menos ocho países.

Las reacciones internacionales reflejaron la fractura normativa que atraviesa el orden multilateral contemporáneo. Francia, Alemania y el Reino Unido solicitaron "máxima moderación"; el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, sentenció que los ataques "solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano". En contraste, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que "no es momento de dar lecciones a los aliados". Esta disparidad expone algo más profundo que diferencias tácticas: revela la erosión de los consensos normativos multilaterales que, con todas sus imperfecciones, constituyeron el andamiaje institucional del orden posterior a 1945.

Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que solo el 27% de los estadounidenses aprobaba los ataques, mientras el 43% los desaprobaba. Aproximadamente la mitad de los encuestados consideró que Trump estaba "demasiado dispuesto a usar la fuerza militar". Este dato adquiere especial relevancia considerando que el Congreso no fue consultado previamente, violando —según legisladores de ambos partidos— la Ley de Poderes de Guerra. La congresista Sara Jacobs señaló que la operación seguía el patrón retórico previo a Iraq: "exagerar amenazas para justificar una intervención armada". La brecha entre la decisión ejecutiva y la voluntad ciudadana no es un dato menor; es un síntoma de la fragilidad democrática bajo la que se ejecutan las guerras modernas.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán no puede reducirse ni al relato de la liberación democrática ni al de la resistencia antiimperialista. Lo que la documentación periodística de este período revela es que la guerra produce víctimas civiles reales: niñas en Minab, familias buscando refugio en Beit Shemesh, trabajadores del aeropuerto de Dubái. Esas víctimas no aparecen en los discursos oficiales. Y, sin embargo, son el verdadero indicador de lo que está en juego cuando los Estados deciden que la diplomacia ha fracasado —o, peor aún, cuando deciden que el éxito diplomático no es suficiente para detener una guerra planificada semanas antes de que comenzara.

Estudiante de Maestría en Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos Centro Universitario de Panamá Oeste