En la Asamblea Nacional se está discutiendo una propuesta de ley presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar que busca castigar penalmente el fraude de paternidad en Panamá, una iniciativa que llega en un momento en el que el país reclama reglas claras, justicia pareja y responsabilidad real dentro de la familia, mediante sanciones que incluyen cárcel y el uso obligatorio de pruebas de ADN para ponerle freno a una práctica que, aunque muchos prefieran mirar a otro lado, ha afectado a más de un panameño durante años.

Aquí hay que hablar claro. El fraude de paternidad existe y no es cuento. Hombres que han asumido hijos creyendo que eran suyos, pagando pensiones, respondiendo legal y moralmente, para luego descubrir que todo se levantó sobre una mentira. Y cuando eso pasa, el sistema les da la espalda. No hay castigo para quien engañó y sí hay consecuencias para quien fue engañado.

La ley que se propone no es ninguna locura ni persecución. Lo que plantea es simple: si una persona, a sabiendas, atribuye falsamente una paternidad para sacar ventaja económica o legal, debe enfrentar consecuencias. Se habla de penas de dos a cinco años de prisión, de pruebas de ADN como herramienta clave y de eliminar esos plazos absurdos que hoy impiden reclamar la verdad cuando el engaño se descubre tarde.

Algunos ya han salido a decir que esto va a afectar a los niños o que va a destruir familias. Pero seamos serios: las familias no se rompen por la verdad, se rompen por la mentira. Lo que daña no es la ley, es el engaño sostenido, el jugar con la vida de otros y con la identidad de un menor como si fuera una ficha más.

Esta propuesta tampoco deja a los niños en el aire. Al contrario, les reconoce un derecho básico: saber quién es su verdadero padre. Mantener una filiación falsa no protege a nadie, solo alarga un problema que tarde o temprano explota.

En Panamá nos hemos acostumbrado a ver la justicia con doble rasero. Se habla mucho de derechos, pero poco de responsabilidades. Así como se protege a las madres y a la niñez, también hay que reconocer que hay hombres que han sido víctimas de un engaño legalizado por el silencio de la ley. Eso también es una injusticia.

Apoyar esta iniciativa no es estar en contra de nadie; es estar a favor de la verdad. Ya es hora de que dejemos de tapar el sol con un dedo y entendamos que la paternidad no se impone con mentiras. La ley tiene que ponerse del lado de la honestidad.

Porque una paternidad falsa no es justicia.
Y una sociedad que normaliza el engaño, tampoco.

El autor es Periodista