El silencio también es una forma de testimonio y se hizo evidente durante la décima sesión pública informativa de la Comisión 20 de diciembre de 1989, en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá, cuando Elías Núñez intentó hablar de su padre y no pudo. Lloró. No lo conoció. Treinta y seis años después, su ausencia sigue siendo una pregunta abierta.

No fue un momento aislado. Fue el reflejo de una herida que el país aún no logra cerrar. A más de tres décadas de la invasión, Panamá continúa buscando a sus muertos entre archivos incompletos, restos exhumados y familias que han aprendido a vivir con la espera.

Un Estado frente a su deuda

La sesión no fue conmemorativa. Fue un ejercicio de rendición de cuentas. Autoridades, especialistas forenses, académicos, periodistas y familiares se reunieron para exponer avances concretos, pero también límites evidentes.

El acto se inició con un mensaje institucional del licenciado José Luis de la Torre Franco, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, en representación del Procurador General. Reiteró el respaldo del Ministerio Público al trabajo de la Comisión y a las investigaciones sobre personas fallecidas y desaparecidas. “El Ministerio Público ha sido un aliado permanente de la Comisión 20 de diciembre de 1989”, se indicó, subrayando que la búsqueda de verdad no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad institucional.

La ciencia y el peso de los números

Ese compromiso se traduce en el trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF). Las cifras presentadas son precisas, técnicas, pero detrás de cada número hay una historia suspendida.

Entre 2019 y 2024 se han realizado 43 exhumaciones: 33 en el cementerio Jardín de Paz, ocho en Monte Esperanza y dos adicionales en los últimos dos años. Todos los restos han sido analizados por antropología y medicina forense.

Solo 14 casos pudieron ser evaluados por odontología forense debido a la ausencia de piezas dentales. El análisis antropológico preliminar identifica 27 restos con características masculinas, dos posiblemente femeninas, 12 indeterminados y dos casos descartados por corresponder a restos hospitalarios.

En genética, el proceso es aún más delicado. Existen 20 perfiles de ADN activos en cotejo, sin coincidencias confirmadas hasta ahora. Para fortalecer ese cruce, se han tomado 158 muestras biológicas de 29 familiares, en muchos casos más de un pariente por víctima.

Identificar antes que contar

El antropólogo forense Adán Hernández, del IMELCF, explicó que el enfoque actual prioriza la certeza sobre la rapidez. “Estamos en una etapa donde lo más importante es que los restos correspondan realmente a las personas que buscamos”, afirmó. La frase resume una tensión constante: la urgencia humana frente a la precisión científica.

No se trata de cerrar cifras, sino de evitar errores irreversibles. Cada identificación incorrecta sería una segunda pérdida.

Una comisión nacida del silencio

Desde el plano institucional, el presidente de la Comisión 20 de diciembre de 1989, Rolando Murgas Torraza, presentó un informe de gestión que contextualiza estos avances. Recordó que la Comisión fue creada en 2016, tras más de treinta años de omisión oficial. “Durante más de tres décadas este tema fue obviado, casi escondido, como una de las secuelas de la invasión”, señaló.

El decreto que dio origen a la Comisión reconoce la comisión de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, un reconocimiento ausente durante años. Murgas Torraza informó que se han validado 236 nombres de víctimas y documentado 206 casos adicionales de personas desaparecidas, cifras que dimensionan el impacto humano de la invasión sin pretender clausurar el debate.

También destacó el trabajo del Ministerio Público y de la fiscal Geomara Guerra Miranda, fiscal superior de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, por la apertura de expedientes y la realización de exhumaciones.

Cuando las cifras no alcanzan

El momento más difícil llegó con el panel de familiares, moderado por el historiador Gilberto Marulanda. Allí, los números perdieron protagonismo.

Elías Núñez no logró terminar su intervención. El llanto ocupó el espacio de las palabras. Meribeth Mujica, viuda, habló del peso de sostener una ausencia durante décadas. Trinidad Ayola, ingeniera, insistió en que la memoria es también una responsabilidad con las nuevas generaciones. Brenda Bethancourt habló de su padre y de la necesidad de que el país comprenda que la invasión no es un episodio cerrado, sino una herida aún abierta.

Escribir para que no se borre

El periodista y docente Rafael Candanedo cerró el panel con una reflexión desde el oficio. Dijo que no le interesa repetir cómo comenzó la invasión, sino insistir en lo que dejó sin resolver. “Lo

voy a hacer por escrito, porque lo escrito queda”, afirmó. En uno de sus textos recientes sostiene que “las heridas persisten porque no hubo verdad ni reparación suficiente”.

El balance de la jornada fue sobrio. Hay avances verificables: exhumaciones, perfiles genéticos, expedientes abiertos. Pero también hay límites claros. A 36 años del 20 de diciembre de 1989, la ciencia avanza con cautela, la memoria insiste con dolor y la justicia sigue siendo una tarea en construcción. Entre cifras y nombres, Panamá continúa buscando a sus muertos.

La autora es Periodista