Las guerras no siempre se libran con armas ni en los campos de batalla; también pueden manifestarse de maneras más sutiles, pero igualmente devastadoras. Una de esas formas es la guerra económica, en la cual los países emplean herramientas financieras, comerciales y diplomáticas para debilitar a un adversario, presionar a su gobierno o influir en sus decisiones políticas sin recurrir al conflicto militar directo.

Durante la década de 1980, Panamá vivió una creciente inestabilidad política y social. El triunfo del ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta, en las elecciones de 1984, generó un clima de tensión y desconfianza debido a la falta de transparencia en el proceso electoral. En septiembre de 1985, la muerte de Hugo Spadafora agravó la crisis. Cuando Barletta ordenó investigar el caso, fue reemplazado rápidamente por Eric Arturo Del Valle, en septiembre de ese mismo año, evidenciando el poder político que ejercía el general Manuel Noriega desde la comandancia de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

En junio de 1987, Noriega ordenó la jubilación del coronel Roberto Díaz Herrera, quien, tras su salida, realizó fuertes declaraciones contra general Noriega, generando repercusiones nacionales e internacionales. En febrero de 1988, Estados Unidos acusó públicamente a Noriega de narcotráfico y lavado de dinero, aumentando la presión sobre el régimen. Ese mismo año, el 16 de marzo, ocurrió un intento de golpe de Estado liderado por Leónidas Macías, comandante de la Policía Antidisturbios.

En febrero de 1988, el presidente Eric Arturo Del Valle, en coordinación con el gobierno estadounidense, intentó destituir a Noriega de la comandancia de las Fuerzas de Defensa. Sin embargo, la medida fracasó. Noriega reacciona por medio de la Asamblea Nacional destituyendo a Del Valle y nombrando como ministro encargado de la presidencia a Manuel Solís Palma.

En 1989, la situación se tornó aún más crítica. Las elecciones generales fueron anuladas y, el 3 de octubre, un nuevo intento de golpe liderado por el mayor Moisés Giroldi terminó en tragedia. La llamada masacre de Albrook, donde fueron ejecutados Giroldi y nueve miembros de las Fuerzas de Defensa, evidenció la descomposición del régimen y el clima de represión.

A nivel económico, la situación era desesperada. A las tensiones ya existentes se sumaron las políticas de ajuste estructural impulsadas por los organismos financieros internacionales. Estas medidas incluían la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial. “El objetivo real de estas políticas es el de lograr un modelo de crecimiento económico mediante la dinamización del sector exportador de productos tradicionales y no tradicionales, para generar los recursos financieros y pagar la deuda externa de los países del Tercer Mundo, la cual supera los 360 millones de dólares y salvar así al sistema financiero internacional de la delicada situación en la cual se encuentra.” (Manuel Ducasa, Michaell Doens, 1989, p. 2).

El conflicto alcanzó su punto crítico con las severas sanciones económicas emprendidas por Estados Unidos: “Las sanciones consistieron en el congelamiento de cuentas nacionales depositadas en bancos de Estados Unidos, la retención de la anualidad producida por el canal, la prohibición del pago de impuestos y servicios por parte de las empresas norteamericanas localizadas en el país, y el no suministro de dólares norteamericanos al sistema bancario panameño” (Beluche, 2001, p. 100).

El deterioro económico fue devastador. El Producto Interno Bruto cayó un -17% en 1988 y volvió a caer 1,2% en 1989. El economista Juan Jované estima que, como resultado de las sanciones, el país perdió aproximadamente 2,085 millones de dólares durante esos dos años. Además, por órdenes del gobierno estadounidense, la Comisión del Canal de Panamá retuvo los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de los empleados panameños en la Comisión y en las bases militares. A esto se sumó la prohibición a empresas estadounidenses de pagar impuestos, contribuciones al seguro social y tasas portuarias en Panamá, lo que estranguló aún más las finanzas nacionales.

El 16 de diciembre de 1989, un incidente armado en los predios del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, en el que murió el teniente Robert Paz Fisher, fue utilizado por el gobierno estadounidense como un argumento más para justificar la intervención militar.

La “guerra económica” tuvo un doble propósito: debilitar a Noriega y generar descontento popular que justificaran una acción militar. Así, la política de asfixia financiera se convirtió en un arma silenciosa de dominación y el preludio de una intervención armada. Las sanciones destruyeron la economía panameña, desestabilizaron sus instituciones y prepararon el terreno para la ocupación militar del 20 de diciembre de 1989.

El autor es estudiante de la maestría Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, Centro Universitario de Panamá Oeste, Universidad de Panamá.