La administración de las áreas revertidas del Canal de Panamá constituyó grandes desafíos para el país, después de la firma de los Tratados Torrijos–Carter. Panamá asumió la responsabilidad de transformar un espacio antes reservado a los intereses estratégicos de Estados Unidos en un territorio nacional sujeto a planificación, desarrollo y reafirmación de la soberanía.

Desde sus inicios como república, parte del territorio panameño estuvo bajo el dominio estadounidense, sin embargo, a finales de la década del 70 del siglo XX fueron reintegrándose gradualmente. “Con el proceso de reversión iniciado el 1 de octubre de 1979, y que concluirá el 31 de diciembre de 1999, se traspasará al patrimonio nacional alrededor de unas 139,979 hectáreas de tierras y de tierras cubiertas por aguas” (Guardián, 1999). De esa cifra, 93,207 hectáreas correspondieron a tierras (66.6%) y 46,772 hectáreas a áreas cubiertas por agua (33.4%). Además, se transfirieron 7,205 edificios (4,334 residenciales y 2,871 no residenciales). Este masivo traspaso de bienes implicaba la recuperación territorial y la estructuración de un modelo de uso del suelo acorde con los intereses nacionales.

Para administrar, planificar y disponer de los bienes recuperados se creó la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), encargada de elaborar el Plan Regional y el Plan General de Uso de Suelo. De acuerdo con la Ley 5 de 1993, la zonificación debía mantener la coherencia ecológica del corredor interoceánico, proteger las cuencas hídricas y, al mismo tiempo, promover actividades económicas sostenibles. La ley también decreta restricciones claras: no podrían ser objeto de venta las tierras necesarias para el funcionamiento o expansión del Canal, los bosques, los parques nacionales, ni las zonas vinculadas a los puertos y zonas libres.

“El ordenamiento territorial para la región interoceánica consiste, en asignar a diferentes espacios y recursos uno o más usos según sus características” (Plan regional para el desarrollo de la región interoceánica, anexo 1). Con esta zonificación se fijan cinco grandes áreas: las áreas protegidas (parques nacionales, monumentos naturales y culturales); las áreas de producción rural (agrícolas, pecuarias y forestales); las áreas urbanas (de desarrollo y zonas verdes); las áreas compatibles con la operación del canal (incluidas las de futuras esclusas); y las áreas con limitaciones o restricciones (humedales y zonas con materiales peligrosos); otros usos (turismo, ecoturismo y minería).

El plan general para el desarrollo de la región interoceánica reconoció que los territorios recuperados brindan oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades económicas y urbanas, así como para la preservación de la cuenca hidrográfica. Este plan dividió el territorio en tres grandes regiones geográficas: Atlántico (oeste y este), Central (oeste y este) y Pacífico (oeste y este). Mientras el plan general definía las regiones, el plan regional determinaba los usos específicos del suelo y los bienes dentro de cada zona.

En áreas como Howard y Clayton, donde antes se encontraban instalaciones militares, se promovió la conversión hacia usos residenciales y administrativos. El traslado de instituciones públicas a estos espacios, reafirman la presencia estatal en un territorio ocupado por Estados Unidos durante muchos años.

La gestión de la ARI no estuvo exenta de desafíos. Su labor debía equilibrarse entre los intereses globales; conservación ambiental y los intereses de desarrollo nacional. El proceso exigía coordinación institucional en un contexto en el que la globalización ya influía en las políticas de desarrollo y uso del suelo. Las zonas revertidas comenzaron a atraer capitales privados nacionales e internacionales, modificando así las actividades económicas en estas áreas.

La coordinación institucional llevó a cabo una función “clave” en el ordenamiento territorial de los espacios revertidos. La gestión de las autoridades y su estructura administrativa establecieron estrategias con el fin de darle el mejor uso a los bienes revertidos.

De esta manera se lograron avances significativos en la planificación y ordenamiento territorial de la zona del canal. Sin embargo, mostró limitaciones: aunque promovió la conservación ambiental, las presiones económicas y el desarrollo inmobiliario afectaron el cumplimiento de las restricciones sobre la venta de bosques.

En la actualidad, los territorios revertidos se están utilizadas de formas que generan preocupaciones. Se construyen grandes urbanizaciones (Howard), zonas comerciales (Panamá Pacífico); infraestructuras urbanas (carreteras, puentes y el sistema de metro), lo que implica una transformación acelerada del territorio. Estos hechos evidencian la necesidad urgente de fortalecer la planificación territorial y la gestión pública sobre las áreas revertidas, de manera que su aprovechamiento responda a criterios de sostenibilidad y preservación ambiental, evitando que el desarrollo urbano desmedido comprometa el suelo y las fuentes de aguas necesarias para el funcionamiento del canal y el consumo humano.

El autor es estudiante de la maestría: Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, Centro universitario de Panamá Oeste. Universidad de Panamá.