En Panamá, la minería ya no es un debate técnico ni un simple desacuerdo sobre política pública. Es una fractura abierta en la institucionalidad, un síntoma de que algo mucho más profundo está fallando. El IV Foro por un Panamá Libre de Minería reveló lo que muchos prefieren callar: mientras la ciudadanía exige claridad, rigor y respeto al fallo de la Corte Suprema, el aparato estatal parece caminar en dirección opuesta, retrocediendo en principios que deberían ser innegociables para cualquier democracia. La distancia entre lo que dicta la ley y lo que ejecuta el poder político se ha vuelto demasiado visible como para ignorarla.

El abogado Carlos Bichet lo expresó con una honestidad que incomoda porque viene cargada de verdad. Dijo: “A veces no me deja dormir de noche… me pongo a pensar en qué país quiero vivir yo donde los fallos de la Corte Suprema de Justicia no se acatan”. Su preocupación no es retórica ni exagerada. Señala directamente a un riesgo que ya es real: la erosión del Estado de derecho y la peligrosa costumbre de reinterpretar lo que debería ser definitivo. El fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 406 fue contundente y estableció límites claros para evitar retrocesos ambientales, al recordar que “no puede haber un nivel de regresividad en materia ambiental que vaya en contra de esos preceptos establecidos”. Aun así, sectores del Ejecutivo insisten en explorar rutas alternativas para reactivar un proyecto que ya fue declarado incompatible con los derechos fundamentales. Esto no es un debate jurídico; es una disyuntiva moral sobre qué tipo de país se está construyendo.

La auditoría minera nace debilitada: exclusiones, cambios y falta total de verificación independiente.

La auditoría minera —prometida como un acto de transparencia para calmar la indignación social— terminó siendo una muestra más de cómo se debilita la institucionalidad desde adentro. Joana Abrego, gerente legal del CIAM, expuso con claridad quirúrgica la gravedad del proceso. Señaló que “los términos de referencia utilizados para finalmente contratar a la empresa auditora son diametralmente distintos de aquellos sometidos a consulta… y en muchos aspectos debilitan su contenido.” Esa transformación silenciosa revela lo que no se quiere admitir públicamente: el proceso fue moldeado para reducir criterios, no para fortalecerlos.

Lo más alarmante es que la auditoría excluye casi la mitad de los compromisos ambientales. Abrego lo dijo sin rodeos: “El 45% de los compromisos ambientales del proyecto minero han sido excluidos de la auditoría.” No hablamos de puntos

secundarios o detalles administrativos. Lo excluido representa los riesgos más graves: taludes, relaves, estructuras de desecho, fallas en las infraestructuras críticas y elementos de seguridad que, en caso de falla, tendrían repercusiones irreversibles para el país.

La auditoría tampoco verificará de manera independiente. “El auditor no debe realizar actividades de monitoreo ni de muestra y únicamente revisará los registros existentes.” En otras palabras, revisará documentos generados por la misma empresa a la que se supone debe fiscalizar. Todo esto convierte a la auditoría en un trámite decorativo. El Estado pidió un examen riguroso y recibió un documento que solo reproduce informes internos sin contraste técnico. Panamá no merece una fiscalización simbólica. Merece la verdad completa, sin filtros.

El discurso económico oficial se sostiene sobre estudios financiados por la minera y cifras sin soporte técnico.

La narrativa económica ha sido la principal arma del Gobierno para defender la minería: empleos, crecimiento, ingresos fiscales. Sin embargo, el profesor Juan Jované desmontó esa construcción con la serenidad y fuerza de los datos. Recordó que el estudio que sustenta el discurso oficial no es independiente: “Ese es el documento de base, financiado por First Quantum. Y, quién lo dirigió, hoy es ministro.” Cuando la base técnica proviene de la misma empresa interesada, todo lo que se construye sobre ella está contaminado.

Jované señaló también errores metodológicos graves. “El PIB solo tiene sentido si dice a qué año se refiere. No aparece por ningún lado.” Esa omisión, que podría parecer menor, invalida cualquier comparación o proyección seria. Y el estudio propone cifras imposibles: si la mina representara el 82% del sector, entonces “entre 2018 y 2022 las otras minas y canteras cayeron 62.2%. Ni ellos mismos se lo creen.” Su conclusión fue lapidaria: “Eso que presentan no es estadística oficial. Se la inventaron.”

Pero la cifra que más desnuda el modelo minero es la distribución de la riqueza: “10.3% para los trabajadores, 89.7% para la empresa”. No se trata solo de que el país gane poco; se trata de que la estructura está diseñada para que el beneficio se concentre casi exclusivamente en la empresa. Como dijo Jované: “De cada 100 balboas que se producen, al trabajo le tocan 10 balboas con 30 centavos.” ¿Puede un país construir desarrollo sobre un modelo tan desigual? La respuesta es evidente.

La defensa del ambiente en Panamá ocurre bajo hostigamiento, vigilancia digital y violencia estructural.

Más allá de las cifras, el costo humano sigue creciendo. El foro recordó estadísticas estremecedoras: 2,253 defensores ambientales asesinados o desaparecidos entre 2012 y 2024, y el 82% de los ataques a nivel mundial ocurrieron en América Latina, con la minería como el sector más letal. En Panamá, los testimonios expusieron persecución, campañas digitales de difamación y hostigamiento dirigido. Una panelista lo resumió así: “Hay plata en efectivo para call centers… Tienen su agenda diaria, sus mensajes diarios.”

Ese ambiente de intimidación no es casual. Es parte de una estrategia para desgastar a quienes defienden el ambiente y los derechos colectivos. Pero el país ya probó que puede unirse con fuerza. Una defensora lo recordó con firmeza: “Si nos unimos una vez, podemos unirnos de nuevo.”

La verdadera decisión no es sobre una mina: es sobre el país que Panamá está dispuesto a ser.

Hoy Panamá enfrenta una decisión histórica. No se trata de aprobar o rechazar un proyecto minero; se trata de definir qué tipo de país queremos construir. Las voces del foro coincidieron en un punto esencial: no hay minería viable sin instituciones fuertes, sin auditorías honestas, sin respeto a los fallos y sin transparencia real. La advertencia final de Jované resume el momento político del país: “Si nosotros no logramos movilizar suficientes fuerzas sociales… nos van a pasar por encima.”

El país ya despertó. La pregunta es si quienes gobiernan están dispuestos a escuchar. Porque Panamá —su gente, su futuro, su dignidad— vale mucho más que cualquier concesión.

La autora es Periodista