La delincuencia transnacional se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad ciudadana y la gobernanza de América Latina. Su carácter global, así como su capacidad para infiltrarse en las instituciones de los distintos Estados de la región hacen de este fenómeno una amenaza directa a la soberanía de los países, la gobernabilidad y la paz regional.

Actualmente, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas y el lavado de activos, opera a través de redes complejas que trascienden fronteras y aprovechan las debilidades institucionales de los Estados.

Mediante este artículo se busca analizar las causas y manifestaciones de la delincuencia transnacional en América Latina, así como su impacto en la geopolítica regional y los desafíos que enfrenta la cooperación internacional para combatirla.

La delincuencia transnacional puede describirse como el conjunto de actividades delictivas, que son desarrolladas mediante formas organizadas, que estas acciones delincuenciales son ejecutadas en más de un país, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos y fortalecerse territorialmente. A diferencia de la delincuencia común, estas estructuras criminales funcionan con un alto grado de planificación, jerarquía y vínculos que trascienden fronteras, lo que definitivamente les permite adaptarse a las políticas de seguridad o aprovechar los vacíos legales existentes entre los sistemas judiciales de distintos Estados.

Phillip  Reichel define la delincuencia transnacional como "delitos cuyas actividades tienen lugar en al menos dos países diferentes".

Entre los factores que explican la expansión de este fenómeno en América Latina destacan la extensión de las fronteras, la corrupción dentro de las instituciones, la pobreza, la falta de oportunidades laborales, las marcadas desigualdades, así como la limitada cooperación regional. Asimismo, la región presenta una posición geográfica estratégica para el tránsito de sustancias psicoactivas hacia Estados Unidos y Europa, lo que convierte a países como México, Colombia y los del Caribe en zonas de gran interés para los cárteles internacionales.

Marcelo Moriconi Bezerra indica que, "En la primera década del siglo, América Latina se ganó la fama de región más violenta del mundo... De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la violencia era una pandemia regional."

Las principales manifestaciones que se observan de la delincuencia transnacional en la región incluyen el narcotráfico, que continúa siendo la fuente más lucrativa para las organizaciones criminales y que es lograda mediante la obtención de ingresos ilícitos, la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual o laboral, el contrabando o mercado negro de armas de fuego, que alimenta los altos índices de violencia urbana con el fin de potenciar la capacidad de ataque y defensa de los territorios que controlan con actividades como el microtráfico y el lavado de activos, mediante el cual el dinero proveniente de actividades ilícitas se integra al sistema financiero formal.

Es de resaltar que, el impacto de este tipo de delincuencia en la geopolítica latinoamericana es profundo y multifacético. En primer lugar, el posible debilitamiento de las instituciones estatales, lo que se traduce en la exposición de una gobernanza débil, pudiendo verse como una consecuencia directa, pues los grupos criminales logran infiltrarse en los sistemas políticos, judiciales y policiales, afectando la credibilidad de los gobiernos y la confianza ciudadana.

Hasta el 2024, según fuentes oficiales, dan cuenta de que la delincuencia transnacional en Panamá se concentró principalmente en delitos como narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, esto por supuesto que debido a su posición geográfica como país de tránsito y centro financiero.

Los países de la región invierten gran parte de su presupuesto en fortalecer las estrategias de protección de sus fronteras, así como enfrentar con mejores recursos a las organizaciones delincuenciales, procurando mitigar los efectos de la delincuencia transnacional.

De estos esfuerzos se producen resultados significativos, como la incautación de sustancias ilícitas, por el orden de 2,480 paquetes de droga, la judicialización de pandillas, las cuales duplicaron en el quinquenio 2019-2024, pasando de 93 a 181, de la misma forma, se han fortalecido los controles en las fronteras terrestres, para evitar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Es importante destacar que, desde una perspectiva internacional, la delincuencia transnacional ha reconfigurado las relaciones diplomáticas y las estrategias de cooperación entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, las tensiones que puedan existir en el norte del continente en torno al tráfico de fentanilo, o los acuerdos de inteligencia entre Colombia, Perú y Brasil, que buscan controlar las rutas del narcotráfico, muestran cómo el crimen organizado tiene una gran incidencia en la agenda geopolítica.

De estas circunstancias, nace el hecho de que los Estados de la región deben agotar esfuerzos en el robustecimiento de la seguridad ciudadana, con principios basados en el respeto de los derechos humanos y la prevención, desde todos sus niveles, pero, que no deben ser orientados únicamente en la represión del delito o la militarización de sus fuerzas policiales.

Cabe concluir que, la delincuencia transnacional en América Latina se observa como un fenómeno de mucha complejidad, que por supuesto va más allá de la delincuencia común; que puede amenazar la estabilidad política, económica y social de los países que estén más afectados en la región. Su impacto tiene una extensión hasta el ámbito geopolítico, en donde los Estados se ven obligados a redefinir sus estrategias de seguridad y cooperación.

El autor es criminólogo, docente universitario y miembro activo del CONAPOL.