Más de siete décadas después, Panamá vuelve a mirarse en el espejo del rechazo al Convenio Filós–Hines de 1947, esta vez ante el debate por el Memorando de Entendimiento de 2025. La historia parece repetirse: las tensiones entre soberanía y presiones externas, entre legalidad y poder, siguen marcando el pulso del país. Entre 1945 y 1955, el nacionalismo popular emergió como fuerza decisiva que moldeó la política y la identidad panameña frente al poder imperial. Hoy, aunque los escenarios han cambiado, la defensa de la autonomía y la coherencia institucional continúa siendo una tarea inconclusa.

La Segunda Asamblea Nacional Constituyente de 1945 marcó un punto de inflexión en la vida política del país. Presidida por Rosendo Jurado, amplió la representación social y permitió la participación femenina en la elección de delegados, hecho inédito hasta entonces. De ese proceso nació la Constitución de 1946, símbolo de renovación institucional tras años de inestabilidad. El presidente Enrique A. Jiménez nombró como canciller a Ricardo J. Alfaro, jurista de prestigio y defensor de la soberanía nacional.

Sin embargo, la defensa nacional seguía condicionada por la presencia militar estadounidense, que mantenía decenas de bases en Panamá desde la Segunda Guerra Mundial bajo el Convenio Fábrega–Wilson de 1942. Concluido el conflicto, Alfaro insistió en la devolución de esos terrenos, pero chocó con los intereses estratégicos de Estados Unidos, que veía al istmo como pieza clave en la naciente Guerra Fría.

El contexto internacional tampoco favorecía a Panamá. En 1947, la Doctrina Truman y el Plan Marshall definieron la política exterior estadounidense: contener el comunismo mediante asistencia militar y económica. América Latina fue incorporada a esa lógica de seguridad hemisférica, formalizada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Dentro de ese marco, Panamá adquirió un valor geoestratégico esencial.

Bajo presiones del Departamento de Estado, el gobierno panameño inició negociaciones para extender los arrendamientos de bases militares. Tras la renuncia de Alfaro, el ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Filós, firmó el 10 de diciembre de 1947 con el general Frank T. Hines un nuevo Convenio sobre Sitios de Defensa. El documento otorgaba amplias prerrogativas militares, jurídicas y económicas a Estados Unidos, incluso el control de caminos, comunicaciones y espacios aéreos, a cambio de una compensación anual irrisoria.

El acuerdo representaba un grave retroceso en materia de soberanía. Aunque Panamá conservaba en apariencia la jurisdicción civil, los sitios de defensa quedarían bajo control estadounidense, reproduciendo la lógica colonial de la antigua Zona del Canal. El argumento oficial apelaba a la “seguridad del Canal y de la República”, pero la ciudadanía lo interpretó como una humillación nacional.

La reacción popular fue inmediata. La Universidad de Panamá se convirtió en el epicentro del rechazo. La Federación de Estudiantes, el Frente Patriótico de la Juventud, el Magisterio Panameño Unido, la Unión de Mujeres y otros gremios organizaron marchas multitudinarias bajo un lema común: Panamá no podía seguir siendo base militar de otra nación. A pesar de la represión, la presión social logró que el 22 de diciembre de 1947 la Asamblea Nacional rechazara por unanimidad el convenio.

La derrota del Filós–Hines fue un golpe para Washington y un triunfo moral para Panamá. Por primera vez, la movilización cívica y estudiantil se impuso sobre los intereses de una potencia extranjera. Estados Unidos se vio obligado a desmantelar bases fuera de la Zona del Canal y reconocer que no podía imponer unilateralmente su voluntad. Aquella victoria marcó el despertar del nacionalismo moderno panameño y sembró las bases de las futuras luchas soberanas que culminarían con los Tratados Torrijos–Carter.

No obstante, la historia no concluyó ahí. Tras el magnicidio del presidente José Antonio Remón Cantera en 1955; quien años antes había reprimido las protestas, se firmó un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos. Aunque introdujo ajustes económicos y territoriales, mantuvo la dependencia estructural del istmo. La oligarquía local y la diplomacia estadounidense consolidaron un pacto de subordinación, disfrazado de modernización.

Hoy, cuando Panamá enfrenta nuevamente acuerdos internacionales que ponen a prueba su autodeterminación, la historia del Filós–Hines adquiere renovada vigencia. Entonces, como ahora, el discurso de la “seguridad hemisférica” o del “interés global” encubre relaciones asimétricas de poder. La diferencia radica en que las presiones actuales también provienen de organismos multilaterales, corporaciones transnacionales y compromisos financieros que condicionan las políticas nacionales.

El desafío sigue siendo el mismo: mantener independencia de criterio y fortalecer las instituciones frente a cualquier intento de tutela externa. La defensa de la soberanía no es un asunto del pasado, sino un ejercicio cotidiano de dignidad política. Cada generación debe asumir su responsabilidad con pensamiento crítico y sentido de país.

Nuestras universidades, como advertía el rector Octavio Méndez Pereira, parafraseando su visión, deben formar no solo en lo conceptual o procedimental, sino también en la comprensión de los factores geoestratégicos que determinan nuestro destino. Solo una ciudadanía consciente podrá decidir, con cabeza fría y claridad histórica, si cede ante las presiones del momento o reafirma su derecho a construir un Panamá verdaderamente libre.

La historia vuelve a poner al país frente al espejo. La pregunta sigue abierta: ¿seremos capaces de sostener la soberanía que decimos defender, como ordenan los artículos 310 y 325 de nuestra Constitución?

El autor es estudiante de la Maestría en Historia de las Relaciones de Panamá y Estados Unidos, Universidad de Panamá – Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.