La firma del Tratado General de Amistad y Cooperación entre Panamá y Estados Unidos, el 2 de marzo de 1936 —conocido como Arias–Roosevelt o Hull–Alfaro— marcó un antes y un después en las relaciones entre ambos países. Aunque el Canal de Panamá siguió siendo un eje de los intereses estratégicos estadounidenses, la Política del Buen Vecino, impulsada por el presidente Franklin D. Roosevelt, sirvió como un marco diplomático que suavizó la imagen intervencionista de Estados Unidos y abrió espacio para ciertas concesiones. En Panamá, la difícil situación económica y el descontento con las cláusulas del Tratado Hay–Bunau-Varilla (1903) —consideradas humillantes por amplios sectores— generaron una fuerte presión por reformas. En ese contexto, el tratado de 1936 fue visto como una respuesta parcial, pero significativa, a esas demandas.

Desde una mirada crítica, la Política del Buen Vecino puede entenderse como una estrategia pragmática destinada a legitimar el poder estadounidense. Los discursos de Roosevelt promovieron una retórica de “hermandad continental” y “cooperación hemisférica”, pero sin alterar las prioridades estratégicas en torno al Canal. El historiador Norberto Barreto Velázquez señala que “la retórica de la buena vecindad sirvió para consolidar la hegemonía estadounidense bajo un nuevo lenguaje de respeto y reciprocidad”. En ese sentido, los gestos diplomáticos, aunque valiosos, no modificaron la lógica geoestratégica que sostenía la presencia de Estados Unidos en la región.

El convenio de 1936 representó un logro diplomático importante para Panamá. Los negociadores panameños Ricardo J. Alfaro, Carlos L. López y Narciso Garay consiguieron eliminar cláusulas que prácticamente convertían al país en un protectorado, y lograron que Estados Unidos se comprometiera a comprar tierras en vez de exigir cesiones perpetuas. Como apunta Mónica Guardia, “el tratado permitió a Panamá recuperar dignidad jurídica y reducir la tutela estadounidense sobre su soberanía”. Sin embargo, el acuerdo no estuvo exento de críticas. Barreto Velázquez sostiene que “las concesiones del Buen Vecino fueron más tácticas que ideológicas”. En un momento en que el mundo se acercaba a una nueva guerra, EE. UU. buscaba asegurar aliados en el hemisferio. Por eso, las concesiones diplomáticas formaron parte de una estrategia defensiva. La cláusula sobre la defensa del Canal introdujo el principio de “consultas conjuntas”, pero dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos actuara unilateralmente en caso de urgencia, lo que mantuvo intacta su primacía estratégica, en otras palabras, el avance jurídico no eliminó del todo la dependencia panameña.

La ratificación generó debate dentro de la política nacional. Aunque la Asamblea Nacional lo aprobó por mayoría, varios diputados —entre ellos Demetrio Porras, Sergio González, Antenor Quinzada y César Guillén— votaron en contra, argumentando que el texto carecía de garantías suficientes para asegurar el cumplimiento por parte de Estados Unidos. También criticaron la ausencia de cláusulas de arbitraje internacional que permitieran resolver conflictos de manera justa. Estas diferencias reflejan la desconfianza hacia de los EE. UU. y el debate interno sobre hasta qué punto Panamá podía ejercer una soberanía plena.

Tanto Barreto Velázquez como Mónica Guardia coinciden en que, aunque el tratado representó un paso adelante, no aseguraba la ejecución efectiva de las promesas estadounidenses. La aprobación parlamentaria le dio legitimidad formal, pero el país seguía vulnerable ante decisiones externas.

El Arias–Roosevelt respondió a urgencias muy concretas. Tras la Gran Depresión de 1929, el comercio local se había visto golpeado por el abandono del sector agrícola y la competencia desleal de los comisariatos de la Zona del Canal. En ese escenario, el funcionó como un alivio temporal y forma de recuperar parte de la dignidad nacional, aunque no logró resolver la dependencia estructural del país. La diplomacia panameña obtuvo ciertos avances, pero la soberanía siguió siendo un objetivo pendiente, alcanzado solo décadas después con los Tratados Torrijos–Carter de 1977.

La habilidad de los negociadores panameños y su lectura inteligente del clima político internacional fueron determinantes. Las conversaciones con Los Estados Unidos fueron largas y complejas, y la demora en la ratificación por parte del Senado estadounidense —que no ocurrió sino hasta el 25 de julio de 1939— reflejó la resistencia institucional y la disparidad de intereses entre ambas naciones. Como explica Lester D. Langley, “la lentitud en la ratificación mostró que, para Estados Unidos, el interés estratégico prevalecía sobre la reciprocidad jurídica”.

En síntesis, el Tratado General de Amistad y Cooperación de 1936 significó un avance en términos jurídicos, económicos y simbólicos para Panamá. No obstante, la continuidad del control estadounidense sobre la gestión y defensa del Canal limitó el impacto de esos logros. Como dice Barreto Velázquez, “la Política del Buen Vecino facilitó concesiones tácticas sin alterar los intereses estructurales de EE. UU.”. Las conquistas panameñas fueron reales y merecen reconocimiento, pero se desarrollaron dentro de un marco de poder desigual, donde la soberanía nacional seguía siendo una meta por alcanzar.

El autor es Estudiante de la Maestría en Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.