La participación del trabajador en los procesos laborales en Panamá constituye un elemento central para garantizar que la justicia sea realmente equitativa y representativa de los intereses de todas las partes involucradas. Sin embargo, diversos estudios muestran que, en la práctica, esta participación muchas veces se limita a un formalismo judicial, donde el trabajador aparece como actor pasivo, incapaz de influir efectivamente en la resolución del conflicto. El investigador panameño José Rodríguez, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Tecnológica de Panamá, sostiene que la participación activa del trabajador es fundamental para que los procesos sean percibidos como legítimos y para garantizar la protección efectiva de sus derechos, pero la falta de mecanismos claros de inclusión limita su ejercicio real (Rodríguez, 2021).

Según la (OIT), agencia especializada de Naciones Unidas, la participación efectiva de los trabajadores en los procesos judiciales fortalece la equidad, la transparencia y la legitimidad de los fallos. La OIT (2012) indica que la mera formalidad de la presencia del trabajador en audiencias o la firma de documentos no garantiza su voz efectiva, y enfatiza la necesidad de estructuras de apoyo, como asesoría legal, información clara sobre los procedimientos y la posibilidad de presentar pruebas de manera significativa. Este marco es crucial en Panamá, donde las diferencias de conocimiento, poder económico y acceso a representación legal afectan directamente la capacidad del trabajador para participar de manera activa.

Para la magíster Gabriela Moreno, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Panamá, aunque la oralidad procesal ha incrementado la visibilidad del trabajador durante las audiencias, la participación sigue limitada por la complejidad de los procedimientos y la falta de preparación de los trabajadores para enfrentar el proceso judicial (Moreno, 2020). Moreno argumenta que la percepción de formalismo judicial se refuerza cuando las intervenciones del trabajador son meramente escuchadas, pero no tienen un impacto real en la decisión final del juez, generando frustración y desconfianza en el sistema judicial.

El investigador panameño Luis Fábrega, especialista en derecho laboral y políticas públicas, enfatiza que la participación efectiva del trabajador depende en gran medida del acompañamiento institucional y de la educación en derechos laborales. Fábrega (2021) sostiene que programas de formación, orientación legal y asesoría durante el proceso son esenciales para que los trabajadores puedan comprender sus derechos, presentar argumentos sólidos y sentirse parte del proceso. Sin este apoyo, la participación corre el riesgo de ser simbólica, reforzando desigualdades históricas y limitando la percepción de justicia.

Otro aspecto relevante es la relación entre la participación del trabajador y la mediación del juez laboral. Según Rodríguez (2021), el juez tiene un papel activo en garantizar que la voz del trabajador sea escuchada de manera efectiva, promoviendo un diálogo equilibrado y evitando que la parte más poderosa, generalmente el empleador, condicione la resolución del conflicto. Moreno (2020) agrega que la formación y la ética judicial son factores determinantes para que la participación del trabajador no quede reducida a un acto formal, sino que se traduzca en una verdadera influencia en las decisiones finales.

La percepción ciudadana también juega un papel importante. Fábrega (2021) señala que los trabajadores y sindicatos suelen evaluar la legitimidad del sistema judicial en función de su capacidad de participación y de la efectividad con que sus argumentos son considerados. La falta de participación real puede generar desconfianza en los tribunales laborales y fomentar la búsqueda de soluciones extrajudiciales o la resignación frente a situaciones de injusticia. Por lo tanto, garantizar la participación efectiva no solo protege derechos individuales, sino que fortalece la institucionalidad y la confianza en la justicia laboral panameña.

En conclusión, la voz del trabajador en los procesos laborales de Panamá enfrenta un desafío entre la participación efectiva y el formalismo judicial. La oralidad procesal ha incrementado la visibilidad de los trabajadores, pero sin mecanismos de acompañamiento, asesoría legal y educación en derechos, esta participación corre el riesgo de ser simbólica. La implementación de políticas públicas que fortalezcan la formación de los trabajadores, el acceso a defensa técnica y la ética judicial son pasos esenciales para garantizar que la participación sea genuina, equitativa y percibida como legítima. Solo así se logrará que la justicia laboral sea realmente representativa y proteja de manera efectiva los derechos de los trabajadores en Panamá.

La autora es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Investigadora de Derecho Laboral y funcionaria en el Centro Regional Universitario de Darién