Desde mediados de los años cuarenta, Panamá consolidó una estructura de defensa y control político que definiría su rumbo institucional. Aunque oficialmente era un cuerpo policial, la fuerza se convirtió rápidamente en un actor político de peso, al servicio tanto de los intereses nacionales como de la influencia estadounidense en la Zona del Canal. La estrategia de seguridad buscaba mantener el orden interno y responder a la presión internacional.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en un nuevo orden global. La creación de la ONU y la expansión del comercio internacional pusieron el foco en la seguridad hemisférica, y Panamá, por su posición estratégica, se transformó en un punto clave de tránsito. Sin embargo, los beneficios de esta apertura se concentraron en las élites liberales, mientras los sectores populares quedaron marginados, generando tensiones sociales y políticas (Arosemena, 1979, parafraseado).

El 21 de diciembre de 1945, un grupo de insurgentes intentó tomar el cuartel de policía en Colón, dejando muertos y heridos (Conversaciones con la Guardia N.º 3, 1988). Este episodio evidenció que la seguridad interna se había convertido en un asunto crucial. La Constitución de 1946 buscó separar el servicio militar del policial, creando una fuerza que defendiera los intereses nacionales sin desligarse del orden hemisférico.

En 1947, el coronel José Antonio Remón Cantera asumió el mando de la Policía Nacional y profesionalizó el cuerpo, transformándolo en una institución con peso político propio. Ese mismo año, la firma del convenio Filós–Hines, que renovaba el arrendamiento de Río Hato a Estados Unidos, desató protestas nacionalistas. Remón respondió con “fuerza para contenerlas” (LaFeber, 1978), consolidando la Policía como mediadora entre el poder civil, los intereses estadounidenses y la presión social.

Paralelamente, Panamá se incorporó a la Junta Interamericana de Defensa, buscando legitimidad dentro del esquema de seguridad continental promovido por Washington D. C. Sin embargo, mientras el país se alineaba al discurso de defensa, otro fenómeno emergía: la delincuencia organizada. Tras su liberación en Estados Unidos, Lucky Luciano extendió sus redes de narcotráfico y contrabando hacia América Latina, y Panamá se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de licor y drogas.

Pese a las reformas de Remón, la Policía enfrentaba desafíos que superaban sus capacidades, reflejando la vulnerabilidad del país ante amenazas transnacionales. La influencia del delito internacional se filtró en los puertos, las aduanas y las rutas de tránsito, mostrando que la seguridad ya no dependía solo del control interno, sino también de la cooperación con potencias extranjeras.

En 1951, durante el gobierno de Alcibíades Arosemena, Bolívar Vallarino asumió el mando de la Policía Nacional, mientras Remón se preparaba para competir por la Presidencia. Un año después, alcanzó el poder con un discurso de fuerte contenido nacionalista —“Ni millones, ni limosnas, queremos justicia”—, centrado en la revisión del tratado canalero de 1903. Durante su administración se promulgó la Ley N.º 44 de 1953, que dio origen a la Guardia Nacional, una institución híbrida con funciones militares y policiales inspirada en los modelos de Nicaragua y Venezuela, en contravención al texto constitucional. Con ello, Vallarino consolidó una transformación institucional que marcaría el rumbo político panameño durante casi dos décadas (Pizzurno & Araúz, 1996, parafraseado).

La estabilidad era frágil. En 1954, la inteligencia panameña interceptó el carguero Doncella de Oriente, propiedad de Luciano, que transportaba heroína camuflada en botellas de whisky, neutralizando los intentos de soborno. Este hecho demostró el alcance del delito transnacional y la compleja red que vinculaba a Panamá con el narcotráfico internacional.

El 2 de enero de 1955, Remón Cantera fue asesinado en el Hipódromo Juan Franco. Aunque Rubén Miró e Irving Martin Lipstein fueron detenidos, ambos resultaron absueltos. La investigación se convirtió en un laberinto de rumores, documentos y silencios. Archivos de la CIA sugieren que el magnicidio pudo haber sido ordenado por la mafia internacional, revelando la peligrosa intersección entre política, delito y geopolítica (CIA, 1955). Este patrón se repitió en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Cuba (Álvaro, 2003, parafraseado).

Entre 1945 y 1955, Panamá vivió una década de transformación política e institucional. La seguridad nacional, moldeada por la Guerra Fría y la política hemisférica, se entrelazó con intereses extranjeros y redes delictivas internacionales (McCullough, 1977, parafraseado). Lo que comenzó como un esfuerzo por consolidar el orden y la soberanía terminó convirtiéndose en un escenario donde autoridad, poder político y delincuencia organizada se fusionaban.

Las lecciones de aquel periodo aún resuenan en las palabras del Dr. Octavio Méndez Pereira en 1946: “El verdadero peligro en Panamá no está, pues, en la universidad, sino en la falta de una cultura capaz de contrarrestar las debilidades que nos crea nuestra posición geográfica”. Hoy, esas palabras cobran nueva fuerza. La historia de Remón y Vallarino no es un recuerdo lejano; refleja la continuidad de un país donde soberanía, tránsito estratégico y seguridad siguen siendo terreno de disputa, mostrando que los desafíos del pasado aún definen el rumbo de Panamá.

El autor es estudiante de la Maestría en Historia de las Relaciones de Panamá y Estados Unidos, Universidad de Panamá – Centro Regional Universitario de Panamá Oeste.