Durante la Segunda quincena de junio de 2025, la provincia de Bocas del Toro se convirtió en el epicentro de una de las crisis más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de Panamá. Bajo el operativo conocido como "Operación Omega" y un decreto de estado de urgencia que suspendió garantías constitucionales, el Estado llevó a cabo una represión desmedida contra la población, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y trabajadores, causando un impacto social que sacude los cimientos de la democracia panameña.

Informe y denuncias de COPODEHUPA

El informe elaborado por la Comisión de Activistas y Abogados por los Derechos Humanos del Pueblo Panameño y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), cuyo coordinador Jorge Guzmán destaca que hubo "una sobresaliente violación a los derechos humanos de la población panameña, con alevosía y con todas las intenciones de causar daño", documenta las múltiples violaciones ocurridas durante este periodo. Guzmán enfatiza que "318 detenciones arbitrarias, se constataron, muchas sin justificación alguna, realizadas incluso dentro de hogares con presencia de niños, adultos y familias, con detenidos que alegaban que no tenían derecho a nada, que solamente podían tener derecho a respirar".

Estadísticas y víctimas

Las cifras son estremecedoras: más de 318 detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas temporales, y al menos dos asesinatos oficialmente reconocidos, siendo víctimas una niña de apenas un año y ocho meses —Michelle Becker— fallecida a causa de gases lacrimógenos, y Roger Montezuma, joven padre de familia de 25 años, con disparo en la nuca. Según Guzmán, pese a que en la presidencia se negó la existencia de más muertos, "hay una investigación en el Ministerio Público y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan directamente al jefe de Senafro, al jefe de Policía, al jefe de las unidades de control de multitudes y al ministro de seguridad, que personalmente dirigieron el operativo".

Las comunidades locales denunciaron además más de 25 cadáveres no reconocidos y posibles fosas comunes, hechos que demandan investigaciones independientes y transparentes. En el plano socioeconómico, la situación también es crítica: la empresa bananera Chiquita despidió a más de 5,000 trabajadores sin reconocer sus derechos laborales ni prestaciones, en una clara violación a las garantías sindicales y judiciales.

Los testimonios recogidos por COPODEHUPA revelan la brutalidad estatal. Una mujer indígena relató que “fueron obligadas a desnudarse y varios policías orinaron sobre ellas” y que “a una joven en estado de embarazo le fracturaron las costillas y perdió su bebé por la brutal golpiza recibida”. Un anciano fue amenazado con "introducirle un palo por el ano", amenaza que solo pudo impedir un policía evangélico. Los detenidos describen haber sido “trasladados en avión semidesnudos, bajo pertinaz lluvia” y amenazados con ser lanzados durante el vuelo, además de estar sometidos a torturas y obligados a consumir alimentos con gas pimienta. Guzmán destaca que existen exámenes médicos que documentan torturas como “quebradura de costillas y escopetazos a quemarropa en el estómago”.

Parte de las falsas justificaciones estatales fue la supuesta presencia de pandillas. Sin embargo, Guzmán refuta esta versión señalando que “Bocas del Toro es la provincia con menor índice de incidencia de problemas de pandillas” y que la supuesta pandilla de “los pachucos” es en realidad “una familia folclórica afrodescendiente, numerosa y sin relación con la criminalidad”. Guzmán califica esta narrativa como “la fábula de las pandillas” usada para justificar la violencia extrema contra la población civil.

Discriminación por clase y violación de derechos

Denuncia que durante la investigación “hubo personas detenidas por supuestamente participar en actos vandálicos, donde la Policía se fijó si contaban con electrodomésticos en casa, argumentando que era producto de un robo durante el vandalismo. No solo fue un acto de discriminación por su clase social, sino que al final en audiencia se demostró que los enseres eran suyos al presentar los recibos de pago”.

El coordinador de COPODEHUPA enfatiza que “el decreto del 20 de junio abolió garantías constitucionales fundamentales como el derecho al debido proceso y el derecho a la vida, que ninguna ley internacional permite que se suspendan en un estado de emergencia”. Por ello, se dirigieron denuncias a órganos internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas, por tortura, desapariciones forzadas, violencia contra mujeres y niñas, y prohibición de libertades fundamentales como la expresión y la organización sindical.

Esta crisis evidencia un claro abuso de poder estatal que suspendió garantías constitucionales fundamentales, bloqueó comunicaciones, restringió derechos laborales y judicializó arbitrariamente a líderes sociales y manifestantes pacíficos, en la que fue la provincia más pacífica del país hasta entonces. Reclamar investigaciones independientes, sancionar a los responsables, reparar íntegramente a las víctimas y garantizar la no repetición es vital. Solo así se podrá reconstruir la confianza y el respeto a los derechos humanos en el país.

Ignorar esta crisis en Bocas del Toro es condenar a personas inocentes a vivir bajo la sombra del miedo, la represión y la injusticia, cuando lo que requiere Panamá es justicia, equidad y democracia genuina.

La autora es Periodista