La migración venezolana, impulsada por una profunda crisis política, económica y social, se ha transformado en un espejo de las relaciones internacionales, exponiendo las fortalezas y debilidades de la cooperación entre naciones. Este éxodo masivo, que llevó a cientos de miles de venezolanos a cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién, ha tomado un nuevo giro con el cambio de políticas en Estados Unidos.

Las primeras respuestas internacionales, como la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, intentaron sentar las bases para una colaboración regional, pero la mayoría de sus compromisos quedaron en el papel (ACNUR, 2024). La falta de implementación efectiva abrió paso a un aumento de los flujos migratorios y a la saturación de los sistemas de atención en los países de tránsito.

Antes de la reciente política migratoria de Donald Trump, el viaje de los venezolanos a través de la región del Tapón del Darién era un testimonio de su desesperación. Según Médicos Sin Fronteras, más de 300.000 venezolanos cruzaron esta zona en 2023, buscando un mejor futuro. (MSF, 2024). Este tramo, uno de los más peligrosos del mundo, se convirtió en una ruta obligatoria para muchos que huían de la crisis en su país, arriesgando sus vidas en el intento.

Para 2024, el problema era claramente regional. Los países de tránsito advirtieron que el incremento en el uso de rutas clandestinas estaba fortaleciendo las redes de tráfico de personas y elevando el riesgo de violencia contra migrantes. Las solicitudes de cooperación internacional se multiplicaron, pero la respuesta seguía siendo insuficiente.

El año 2025 trajo un giro determinante con la llegada de nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. La reciente política del gobierno de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en esta crisis migratoria. La terminación del programa 'Parole Humanitario' (CHNV) para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela tuvo un impacto inmediato y devastador. Las imágenes de familias enteras de venezolanos varados en Ciudad Juárez y El Paso, durmiendo en las calles y refugios improvisados, se hicieron virales, mostrando las consecuencias de esta medida. (HRW, 2023).

Paralelamente, se anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos, argumentando que las condiciones en su país ya no justificaban la medida (USCIS, 2025). Esta decisión generó preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que muchos migrantes perderían su derecho a trabajar y quedarían expuestos a deportaciones masivas. Además, se endurecieron las restricciones al asilo, dejando fuera a quienes cruzaran de forma irregular o no cumplieran con los requisitos en los puertos de entrada (Migration Policy Institute, 2025).

Este cambio de políticas, que prioriza la seguridad fronteriza sobre la ayuda humanitaria, ha forzado a muchos venezolanos a considerar el regreso a su país, un lugar del que huyeron. Los costos humanitarios y logísticos desproporcionados han recaído sobre países de tránsito como Panamá, que han tenido que invertir en atención médica y refugios, pidiendo enérgicamente ayuda internacional.

En este contexto, la postura de Canadá, que promueve programas de reasentamiento y visas humanitarias para venezolanos, contrasta fuertemente con las políticas restrictivas de Estados Unidos. Esta brecha en la cooperación demuestra la urgente necesidad de una política hemisférica unificada para abordar el problema.

En definitiva, la migración venezolana es más que una crisis humanitaria: es un medidor de la cooperación continental. La ausencia de un plan conjunto empeora la migración irregular, afecta la gobernanza regional y desgasta la confianza diplomática.

Es fundamental que se diseñe una estrategia conjunta que contemple vías legales para el ingreso, financiamiento compartido y respeto por los derechos humanos. El futuro de la región dependerá de la voluntad política de crear una estrategia unificada que combine estos elementos. Sin una visión solidaria, la posición geopolítica regional puede verse comprometida, especialmente frente a la creciente influencia de otras potencias mundiales.

Además, es necesario incluir mecanismos de monitoreo permanente que evalúen la eficacia de las políticas implementadas y permitan hacer ajustes oportunos. La cooperación debe ir acompañada de inversiones en desarrollo económico y social en los países de origen para reducir las causas estructurales de la migración forzada.

 De igual forma, la comunidad internacional tiene el deber de garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados en todas las etapas de su desplazamiento. Solo mediante un enfoque integral que equilibre seguridad, protección y oportunidades se podrá transformar este fenómeno en una oportunidd para fortalecer la integración y la resiliencia de la región.

La autora es Estudiante de la Maestría en Historia de América Latina del Centro Regional Universitario de Veraguas