La figura del juez laboral representa una de las piezas más delicadas y esenciales del engranaje judicial en cualquier Estado de derecho, su rol trasciende la simple aplicación de normas: en su criterio, ética y sensibilidad social recae la responsabilidad de equilibrar los intereses en conflicto entre empleadores y trabajadores, en contextos donde muchas veces no existe simetría de poder.

En Panamá, el juez laboral se encuentra atrapado entre dos polos: por un lado, la expectativa de ser un mediador justo, garante de derechos fundamentales; y por el otro, las estrictas limitaciones impuestas por la legislación, la jurisprudencia y las condiciones materiales del sistema judicial.

Lo cierto es que, la jurisdicción laboral panameña, si bien ha avanzado con la implementación de principios como la oralidad, la inmediatez y la concentración, sigue mostrando tensiones entre la realidad normativa y el acceso efectivo a la justicia. El juez laboral se ubica en ese punto de encuentro donde confluyen la letra de la ley y la realidad social de quienes comparecen ante él.

Desde una perspectiva doctrinal, el magíster Orlando López Ávila, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, sostiene que “el juez laboral no puede ser un mero aplicador de códigos; su responsabilidad ética le obliga a interpretar la ley con un enfoque de justicia social y protección al trabajador, como lo exige el principio pro-operario consagrado en nuestro ordenamiento” (El juez y la equidad en el proceso laboral, 2019). Este principio que manda a interpretar la norma en el sentido más favorable al trabajador da al juez cierto margen para inclinar la balanza en favor de la parte más débil del conflicto, sin perder su neutralidad. Sin embargo, ese margen no es absoluto. Los jueces laborales deben regirse por los límites de la ley y por las pruebas debidamente presentadas en juicio. Aun cuando perciban situaciones de injusticia estructural o de desequilibrio evidente, su intervención está sujeta a los mecanismos procesales.

Esto genera, en ocasiones, una frustración tanto en los usuarios del sistema como en los mismos jueces, quienes reconocen las desigualdades, pero no siempre pueden corregirlas desde su posición.

Esta tensión entre lo justo y lo legal se evidencia en casos donde el empleador actúa dentro del marco formal de la ley, pero incurre en prácticas abusivas difícilmente demostrables, como el acoso moral, el uso de figuras contractuales para evitar responsabilidades laborales o el despido disfrazado. En estos casos, el juez laboral se ve atado por la carga de la prueba, que muchas veces recae sobre el trabajador, y por la ausencia de legislación clara que contemple estas prácticas.

Otro elemento que limita la actuación del juez laboral en Panamá es la sobrecarga procesal. En varias regiones del país incluyendo áreas con alta conflictividad como Panamá Centro, Colón o Chiriquí los jueces enfrentan expedientes acumulados, escasez de personal auxiliar y restricciones presupuestarias. Esto afecta su capacidad para ejercer un análisis profundo de cada caso y para propiciar salidas alternativas como la conciliación o la mediación.

En palabras de la magistrada Karla de Gracia, actual integrante del Tribunal Superior de Trabajo, “la justicia laboral debe ser célere, pero también humana; sin recursos y sin apoyo institucional, el juez queda atrapado entre el formalismo y la presión de la estadística” (De Gracia, Justicia laboral en cifras, 2022).

No obstante, es justo reconocer que muchos jueces laborales han asumido con valentía el desafío de humanizar la justicia. A través de la interpretación pro-persona, la admisión de pruebas no convencionales, o incluso promoviendo audiencias conciliatorias en contextos adversos, han demostrado que la justicia no siempre está en la norma, sino en la manera de aplicarla.

En zonas como Darién o Bocas del Toro, donde la desigualdad social es más acentuada, algunos jueces han tenido que actuar como pedagogos del derecho, explicando a las partes el proceso, los alcances de sus decisiones y sus derechos fundamentales. El juez laboral ideal es, entonces, aquel que sabe cuándo aplicar la norma con rigor técnico, pero también cuándo escuchar con empatía, cuándo conciliar con respeto y cuándo recordar que detrás de cada expediente hay una vida, una familia, un proyecto humano.

Sin embargo, para que esa figura pueda florecer, se necesita más que buena voluntad: se requiere de un sistema judicial que lo respalde, lo capacite, lo proteja de presiones externas y le permita ejercer su independencia con dignidad.

En conclusión, el juez laboral panameño transita en un terreno lleno de tensiones. A la expectativa de justicia material se le contrapone la rigidez normativa; a la sensibilidad social, la presión de la estadística; a la imparcialidad, las limitaciones estructurales del sistema. ¿Es un mediador justo? En muchos casos, sí. ¿Está limitado por la ley? También. Lo esencial no está en eliminar esa tensión, sino en gestionarla con ética, formación y compromiso. Solo así se construirá una justicia laboral que no solo aplique la ley, sino que también la haga vivir en función del bien común.

La autora es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Investigadora de Derecho Laboral y funcionaria en el Centro Regional Universitario de Darién, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.