Las políticas de represión y supervivencias en el norte de Morazán
¿Cuándo iniciamos la investigación, pensamos sucedió en “nuestra América“? En los últimos meses los habitantes del planeta nos hemos sentido consternados y afligidos por las matanzas de civiles que todos los días presenciamos en las redes sociales, que ocupan páginas enteras en los periódicos. Los centroamericanos que vivimos fuera de El Salvador solo ocasionalmente hemos tenido la oportunidad de informarnos, sobre una de las mayores masacres, cometidas en la hermana república de El Salvador, durante el siglo XX. “Las masacres de El Mozote en 1981”. Se enmarca en lo que Eric Hobsbawm definió como la “época apocalíptica “. Fueron numerosas caracterizadas por constituir, en su mayoría como una respuesta del poder político militar, a los pronunciamientos de la población en contra de la violación a los derechos humanos.
En 1970, los militares gobernaban a casi toda Latinoamérica, como parte estratégica de la doctrina de la seguridad nacional desarrollada por los Estados Unidos. Contexto en que se enmarca la confrontación, entre el ejército salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). La tropa de élite anti guerrillera del ejército salvadoreño, formados en la Escuela de las Américas, cuya función contrasurgente dirigida a aniquilar, fueron todo movimiento progresista bajo el argumento de “comunistas” que intentaban asaltar el poder en el país. Los campesinos fueron el principal objetivo, al señalarse de protector de la insurgencia, apresados por unidades del batallón Atlacatl, en la (operación rescate), hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar corrieron igual suerte la ejecución.
Asesinaron aproximadamente novecientos hombres, mujeres y niños, bajo el auspicio de la Administración Reagan, en una masacre que se extendió del 10 al 12 de diciembre de 1981. La guerra civil en El Salvador desde la óptica de las distintas estrategias represivas puestas en práctica por los cuerpos de seguridad para controlar, amedrentar, castigar y eliminar civiles considerados “peligrosos”. En su afán de acabar con la guerrilla, el Ejército justificó operativos sangrientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Gracias a la labor desplegada por organizaciones de derechos humanos en el contexto de acuerdo de paz, fue posible que un grupo interdisciplinario de científicos realizara excavaciones en aras de establecer la verdad acerca de los acontecimientos que acabaron con el pueblo. (Binford,1996)
“El horror experimentado por la población civil atacada por la fuerza armada y el Sadismo con que fueron consumados estos crímenes, contrasta con la abrumadora impunidad que los sucesivos gobiernos de la postguerra han promovido a favor de los criminales de guerra y de lesa humanidad en el país”. (Alvarenga, 1999)
La aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en El Salvador, ninguno de los hechos descritos se investigó. El caso ingresó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que la CIDH acreditara la responsabilidad del Estado salvadoreño, el 25 de octubre de 2012, la Corte reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y perpetrados por la Fuerza Armada salvadoreña en el centro de resistencia.
Hechos como estos ponen entre dicho, las prácticas democráticas, pues el principio de justicia, se desvanece porque se privilegian los intereses, de un grupo que por lo general se vinculan en un centro de poder, en este caso el gobierno imperialista de los Estados Unidos.
Como se advierte en caso estudiado, es uno de los más graves y emblemáticos que desafía la historia oficial y que reclama verdad y justicia.
*La autora es estudiante de Maestría en Historia de América Latina, Universidad de Panamá.


