¿Tenemos derecho a un ambiente sano?
¡Indiscutible! Pues teniendo un ambiente sano es posible ejercer cualquier derecho, fundamentalmente el derecho a la vida. Es decir, si todas las personas tienen derecho a la libertad y a la igualdad, disfrutando de satisfactorias condiciones de vida, entonces, es ineludible garantizarles un medio ambiente sano cuya calidad les permita vivir en bienestar y dignamente.
De acuerdo a la legislación panameña, el ambiente es un conjunto de elementos naturales y artificiales de naturaleza fÃsica, quÃmica, biológica o sociocultural, en constante interacción y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones (Ley 41 del 1 de julio de 1998, General del Ambiente).
En el Titulo III de la Constitución PolÃtica de la República de Panamá, se señala que todos tenemos Derechos y Deberes de carácter Individual y Social y, en particular, aquellos derechos establecidos en el Régimen Ecológico Panameño que, entre otras cosas, tratan sobre el deber fundamental del Estado de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.Â
Sin embargo, las condiciones de vida en Panamá (y en toda Latinoamérica), son lejanas a las condiciones dignas medioambientales reconocidas legalmente por el Estado. A través de proyectos de generación de energÃa, de extracción minera, comerciales de infraestructura y habitacionales, hoy por hoy, las tierras están siendo explotadas en forma intensiva hasta agotarlas. Cuando ya carentes de recursos y espacios naturales, los ciudadanos migran a zonas urbanizadas, inestables y/o contaminadas.Â
Entonces, en un paÃs como Panamá, ¿quién controla las condiciones propicias para mantener un medio ambiente sano? Si bien, todos y cada uno de los ciudadanos tenemos deberes con el ambiente, la mayor parte de esta responsabilidad, sin temor a equivocarnos, está en la élite económica; es decir, los altos dirigentes de las más grandes empresas, que personifican la clase dominante en nuestra sociedad y que gestionan los proyectos con impacto ambiental que se desarrollan en nuestro territorio.Â
La normativa ambiental es percibida por muchos dirigentes empresariales como perjudicial, pues frena la inversión en sectores claves para la economÃa. Sin embargo, todo proyecto comercial de desarrollo, con impacto ambiental en áreas definidas, que se lleve a cabo en Panamá, se justifica por su porvenir económicamente exitoso y se le vende al pueblo como la más rápida promesa económica de empleo. Esto, lejos de ser mal visto, se vende muy bien ante los ojos de la mayorÃa de los panameños.Â
Si esto es asÃ, entonces, es necesario implicar la economÃa panameña en el marco del desarrollo sostenible, a fin de asegurar un crecimiento perenne, económica y ecológicamente apto para nuestra sociedad. La protección de un ambiente sano puede reposar sobre valores, tanto conservacionistas como progresistas, partiendo del pensamiento de que este movimiento es portador de las dos tendencias.
Entonces, es necesario establecer nuevos arreglos sociales que sirvan de base para comprender la visión de este nuevo mundo que se impone poco a poco en Panamá y los posibles lugares de compromiso entre los ecologistas y la élite económica.Â
Los actores de presión económica están involucrados cada vez más activamente en las polÃticas de impacto ambiental y de desarrollo sostenible para un ambiente sano. Esto, además, compromete a cientÃficos investigadores en ecologÃa a buscar estrategias para introducir sus capacidades de reflexión al servicio de un enfoque sobre las finalidades de los procesos administrativos.Â
Es necesario reconocer los balances y las asimetrÃas de poder entre los actores precisos de la gestión ambiental del paÃs, a fin de evitar una visión armoniosa y ficticia del funcionamiento de las organizaciones de nuestra sociedad. Â
No hay que olvidar que en toda polÃtica de desarrollo sostenible con manejo socioeconómico y ambiental, para el desarrollo de áreas definidas, la sociedad civil tiene derecho a ser tomada en cuenta para tomar una decisión final. Aunque en realidad esto no ha ocurrido frecuentemente en América Latina. Esta es una situación donde nuestros citadinos, campesinos e indÃgenas pierden oportunidades como actores relevantes y se crea una debilidad en el pueblo que puede generar grandes amenazas.Â
Finalmente, si la gestión del derecho a un medio ambiente sano es, en principio, un deber entre los grupos de presión económica, después de las administraciones públicas y las instituciones internacionales, asà como de la sociedad civil, entonces, el derecho a un ambiente sano viene a ser un deber de todos.Â
* El autor es Biólogo y Educador Ambiental (M.Sc.)
