La Universidad de Panamá atraviesa una situación crítica debido a la paralización del pago de compras para sus cafeterías, una consecuencia directa de las medidas impuestas de forma unilateral por la Contraloría General de la República. Así lo denunció el profesor Gilberto Marulanda, Defensor de los Universitarios, en un comunicado difundido esta semana.

De acuerdo con Marulanda, desde el 7 de mayo de 2025 la Contraloría suspendió el ingreso de nuevos trámites de fiscalización, sin dejar un procedimiento efectivo para dar seguimiento a pagos y adquisiciones. Esto ha provocado que más de 20 órdenes de compras permanezcan sin procesar —de las cuales 12 muestran un retraso de más de 30 días—, aumentando así el desabastecimiento de alimentos en varias facultades del principal centro de educación superior del país.

Esta falta de suministros deja sin alimentos tanto a estudiantes como a profesores y trabajadores, en un contexto económico difícil y sin que aparezcan soluciones a corto plazo. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue la primera en quedar sin servicio el martes 11 de junio de 2025, y el problema amenaza con extenderse al resto de las cafeterías en los próximos días.

“Esta paralización afecta el derecho a una alimentación adecuada, que es indispensable para el aprendizaje y el buen funcionamiento de la Universidad”, afirmó Marulanda, considerando que el acceso a alimentos a precios módicos en el propio centro de estudios cumple una importante función social, además de estar relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero) y el ODS 4 (Educación de Calidad).

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, solicitó formalmente al Defensor del Pueblo que intervenga como mediador institucional y que el pago de las facturas de las cafeterías pueda tramitarse bajo el procedimiento de excepción 1510-DNFG, destinado a atender pagos urgentes de hasta B/.50,000. Según el rector, esta fórmula permitirá evitar el colapso de los espacios de alimentación universitaria.

Marulanda advirtió, además, que esta situación pone en riesgo el funcionamiento de otros espacios y programas sociales de la Universidad de Panamá, como el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilio Orillac de Chiriquí (CEFERE) y el Centro de Rehabilitación Renacer, que reciben apoyo de esta casa de estudios y están ubicados en regiones aisladas, aumentando así las desigualdades en el acceso a la educación.