La mediación de conflictos mediante el uso de facilitadores judiciales, y su impacto económico, en la región centroamericana, fue presentada por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La presentación del informe inició con las palabras de la licenciada Imelda Sosa, gerente PIF/OEA-Panamá, quien manifestó la importancia de los facilitadores judiciales, no solo por el ahorro que representa al país, sino porque también solucionan conflictos y los previenen. 

Marilyn Lezcano, facilitadora judicial, explicó a los presentes las funciones que ella y sus compañeros realizan, somos una especie de auxiliar del Órgano Judicial, mediamos en los casos que la ley nos permita, damos conferencias y charlas en centros escolares, sostuvo Lezcano. 

Los facilitadores judiciale  son escogidos por supervisores del Órgano Judicial, quienes visitan las comunidades, ven los potenciales líderes, se les capacita, y se les juramenta.

Es importante destacar que son voluntarios, no reciben pago por su labor, son personas con una situación especial en su comunidad, querida y respetada, comprometidas con su labor. 

El doctor Fernando Murray, sociólogo, de la Universidad de Panamá, manifestó, el aspecto humano del acusado, al comparar el tiempo que se culminan los procesos, una víctima resuelve un juicio mediante la mediación de un facilitador judicial, con un máximo de dos días promedios y en algunos casos que es la mayoría, de manera inmediata, sin costo alguno, a diferencia de cuando se lleva a un juicio por la vía ordinaria, que demora aproximadamente 438 días, en donde se compromete el ingreso familiar, ahí una insatisfacción con el sistema judicial, y afecta su relación humana.

El objetivo del estudio es determinar la diferencia que tiene la víctima al resolver un problema por la vía judicial, o resolverlo con un facilitador judicial; se atendieron 56 casos, de ellos veintiocho se atendieron por la vía tradicional de la justicia y veintiocho, por la mediación judicial. 

La resolución de un caso se da en un tiempo de máximo de dos días, para un facilitador judicial, y por la vía judicial de 438 a 505 días, esto representa un ahorro al estado, en un año se lleva más de 34,000 mediaciones, eso representa más de 23 millones de dólares. 

El estudio demostró que el costo acumulado de las veintiocho víctimas, que utilizaron la vía del facilitador judicial, representa el costo de dos semanas de la canasta básica, y el costo por vía de juicio representa catorce años de la canasta básica. 

 Es una gran comparación en donde las veintiocho víctimas que utilizaron facilitador judicial, pudieron financiar un trabajo de campo de dos a tres semanas, mientras que por la vía del juicio, es calculable del salario de un alto ejecutivo bancario, sostuvo el doctor Miguel Ángel Cañizales, que presentó las conclusiones del informe. 

En Panamá, los facilitadores judiciales, tienen presencia desde el año 2008, contando con alrededor de 1,247 líderes comunitarios, con presencia en diez provincias, y representan un 88% de todos los distritos de la República. 

El alcance metodológico del estudio se dio en el segundo semestre del año 2015, donde se documentaron más de 35 mil casos de mediaciones en paralelo en ocho países, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. 

Este informe, que fue presentado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, contó con las presentaciones de Dayra Pitti, directora del Instituto de Mediación, conciliación y arbitraje; José Antonio Collado, comisionado de la Policía Nacional; la doctora Raquel Pinilla, de la Secretaría de procedimientos alternos de solución de conflictos; y lalLicenciada  Zionet Silva, directora de métodos alternos de resolución de conflictos del Órgano Judicial. 

Asistieron al evento el señor Pedro Vuskovic Céspedes, coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales y embajador de la OEA ante la República de Panamá; doctor Hernán de León, vicperesidente de la Corte Suprema de Justicia, y coordinador del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales; autoridades universitarias y público en general.