Solo el Pueblo Salva al Pueblo: el Terremoto que Desnudó al Gobierno
Hay tragedias que sacuden la tierra, destruyen hogares y estremecen a una nación. Pero también hay tragedias que dejan al descubierto las debilidades de las instituciones y las profundas desigualdades sociales que persisten en nuestro paÃs.
El terremoto que golpeó a Panamá el pasado 9 de octubre de 2026, con epicentro en las proximidades de La Pitaloza, en la penÃnsula de Azuero, no solamente puso a prueba la capacidad de resistencia de nuestra población frente a la fuerza de la naturaleza. También planteó una pregunta incómoda: ¿dónde está el Gobierno cuando más lo necesita su pueblo?
Nadie puede pretender que las autoridades estén preparadas para resolver, en cuestión de minutos, todas las consecuencias de un desastre de semejante magnitud. Sin embargo, una cosa es reconocer las dificultades propias de una emergencia y otra muy distinta es aceptar que, transcurridos casi cinco dÃas, existan familias damnificadas que todavÃa esperan alimentos, agua potable, ropa y asistencia humanitaria.
Cuando una familia pierde su vivienda, cuando los niños pasan hambre y cuando comunidades enteras permanecen aisladas, la demora deja de ser una simple dificultad administrativa y se convierte en una situación que exige respuestas urgentes.
Y es precisamente en medio de esta tragedia donde cobra fuerza una consigna que hoy adquiere un significado extraordinario: «Solo el pueblo salva al pueblo».
Mientras algunas comunidades esperan la asistencia oficial, hombres y mujeres humildes, trabajadores, comerciantes, transportistas y ciudadanos solidarios han decidido actuar por cuenta propia.
Han organizado colectas, reunido alimentos, conseguido agua potable, donado ropa y coordinando esfuerzos para llevar ayuda a las familias afectadas, incluso en zonas de difÃcil acceso.
Lo hacen con recursos limitados, utilizando sus propios vehÃculos y aportando aquello que tienen, sin preguntar por afiliaciones polÃticas ni esperar reconocimiento público. Su única motivación es aliviar el sufrimiento de sus compatriotas.
Ese es el rostro más noble de Panamá: un pueblo que, aun enfrentando sus propias dificultades económicas, encuentra fuerzas para extender la mano a quienes lo han perdido casi todo.
La solidaridad de estos ciudadanos merece nuestro reconocimiento. Pero debemos decirlo con claridad: la grandeza del pueblo no puede convertirse en una excusa para justificar las deficiencias del Estado.
La ayuda ciudadana es indispensable, pero no sustituye las obligaciones de las instituciones públicas, que cuentan con recursos, organismos especializados y mecanismos de coordinación para atender emergencias.
Esta tragedia vuelve a poner en evidencia una realidad dolorosa: las comunidades más humildes y apartadas suelen ser las que enfrentan mayores dificultades para recibir atención.
En tiempos electorales, los polÃticos recorren esos mismos caminos, visitan las comunidades, estrechan manos y prometen carreteras, agua potable, viviendas dignas y mejores condiciones de vida. Ninguna distancia parece demasiado grande cuando se trata de conseguir votos.
Pero cuando llega una emergencia, esas mismas comunidades parecen quedar fuera del mapa de las prioridades nacionales.
¿Dónde están hoy quienes prometieron no abandonar al pueblo? ¿Dónde están las respuestas para las familias que necesitan un techo seguro, alimentos y agua para sobrevivir?
No se trata de utilizar el sufrimiento de los damnificados para alimentar una disputa partidista. Se trata de exigir coherencia, responsabilidad y respeto por la dignidad humana.
Los ciudadanos de las zonas rurales y de difÃcil acceso tienen los mismos derechos que quienes viven en la capital. Su condición económica y su ubicación geográfica no pueden condenarlos al abandono.
La asistencia humanitaria tampoco debe depender de simpatÃas polÃticas ni convertirse en una herramienta de propaganda. Debe llegar a quienes más la necesitan, con transparencia y criterios objetivos.
Las autoridades tienen la responsabilidad de evaluar los daños, identificar las comunidades más vulnerables, habilitar vÃas de acceso, distribuir suministros y garantizar atención médica y albergues para quienes los necesiten.
Si existen obstáculos, deben explicarlos y resolverlos. Si faltan recursos, deben gestionarlos. Si hay problemas de coordinación, deben corregirlos. Y si se comprueba negligencia, corresponde investigar y establecer las responsabilidades pertinentes.
No basta con anunciar operativos ni publicar fotografÃas de funcionarios entregando ayuda. La verdadera medida de una respuesta gubernamental no está en los comunicados oficiales, sino en las familias que efectivamente reciben asistencia.
Gobernar no significa únicamente administrar presupuestos, pronunciar discursos o inaugurar obras. También significa estar presente cuando la población enfrenta sus horas más difÃciles.
Por eso, el paÃs necesita conocer qué comunidades han recibido ayuda, cuáles continúan esperando y qué medidas concretas se están adoptando para atenderlas.
Cuando pase la emergencia, las cámaras se retirarán y las noticias cambiarán de tema. Sin embargo, muchas familias seguirán enfrentando la difÃcil tarea de reconstruir sus viviendas y recuperar sus vidas.
Esta tragedia debe servir para revisar nuestros protocolos de prevención, fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres y garantizar que las comunidades más vulnerables no vuelvan a quedar desatendidas.
Hoy, la consigna «Solo el pueblo salva al pueblo» se convierte en una expresión de la solidaridad de nuestra gente, pero también en un reclamo legÃtimo frente a las instituciones.
Que nadie utilice el heroÃsmo de los ciudadanos para ocultar las deficiencias que deban investigarse y corregirse. Que la ayuda llegue hasta la última comunidad afectada. Y que los damnificados no desaparezcan de la agenda nacional cuando termine la emergencia.
Porque cuando tiembla la tierra, se derrumban paredes y se pierden bienes materiales; pero también queda al descubierto quién extiende la mano, quién permanece ausente y quién comprende el verdadero significado de servir.
Solo el pueblo salva al pueblo, sÃ. Pero el Estado tiene la obligación de protegerlo, atenderlo y responderle. Esa no es una promesa electoral: es su deber.
El autor es Periodista y Abogado
