El incremento de la discriminación en nuestro país no es la una razón para evaluar la crisis social que atravesamos. Representa el principal motivo que impide lograr el cumplimiento del décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por la Organización de las Naciones Unidas que busca la reducción de las desigualdades por edad, discapacidad, raza, etnia o religión.

A pesar de la creciente voluntad que existe en Panamá por combatir la disparidad a través del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, se siguen denunciando casos de marginación social en la Defensoría del Pueblo. Las principales víctimas son personas morenas, panameños de edad avanzada y ciudadanos deshabilitados por impedimento físico o mental.

La delegada de Derechos Humanos de la Unidad Especializada de No Discriminación, Iris Reyes afirma que “en lo que va del 2021 la Defensoría del Pueblo ha manejado seis quejas por posible discriminación”.

El caso más demoledor fue la sanción que sufrió un estudiante afrodescendiente por conservar la apariencia de su cabello rizado en clases. Condicionar su participación en el aula virtual en base a cánones etnocentristas reflejan una transgresión contra la multiculturalidad que nos identifica como nación.

La imposición reglamentaria del plantel en exigir rasurar su cabello afro refleja una evidente paradoja en los preceptos de lucha contra la discriminación.

Con el objetivo de conocer la opinión de la población se logró realizar una pequeña encuesta online para averiguar apreciaciones acerca de la situación actual de discriminación por raza en nuestro país.

El 92% de la muestra representativa considera que aún existe exclusión y marginación social en contra de personas de la etnia negra. El 8% restante opina lo contrario.

Por otra parte, el 77% de los encuestados afirman oportuna la creación de políticas públicas y proyectos de concientización ciudadana que promuevan la igualdad racial en pro del bienestar social. El 23% de los panameños estiman innecesaria la intervención legislativa debido a que no consideran que la ley pueda resolver disyuntivas etnocentristas en nuestro país.

En la tercera pregunta se averiguo como los encuestados califican la gestión del Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc en relación al emprendimiento de lucha contra la discriminación social y a la realización de estrategias de promoción de los derechos humanos en Panamá. El 18% de la muestra estima positividad en la administración del actual Defensor del Pueblo. El 82% considera su gestión inefectiva debido a la incidencia de quejas por discriminación registradas en lo que va del presente año.

En la última pregunta se argumenta la posibilidad de relacionar el aumento de problemas de racismo en Panamá producto de la pandemia por covid-19. El 65% de los encuestados si consideran probable el incremento del racismo por causa del coronavirus. El 35% restante opinan lo opuesto.

Lo que resulta cierto es que el aumento del estrés social que se vive por la pandemia puede agravar cualquier problemática de índole política, económica y sociocultural. El secretario general de la ONU António Guterres advirtió “sobre un aumento del racismo desde la propagación del COVID-19 en todo el mundo”.

La red de jóvenes afropanameños afirman que asiduamente encarnan estereotipos sociales por el color oscuro de su piel.

Sin duda es aún latente la arraigada desigualdad racial que por desgracia referencia nuestro statu quo y que con ironía se opone al verdadero sentido del apodo nacional que nos distingue como un “crisol de razas”.

La gestión del Jurista Leblanc sigue representando un desafío debido a que aún no ha podido solucionar las denuncias de transgresiones discriminatorias que persisten en nuestra sociedad istmeña.

El autor es Estudiante de Periodismo