“Trabajando juntos por el Progreso”, es el lema que adorna la bandera del Distrito de La Chorrera, cabecera de la provincia de Panamá Oeste, creada  mediante la Ley 119 del 30 de diciembre de 2013 y fundada oficialmente el 1 de enero de 2014.

El deseo de separar los cinco distritos “después del Puente de Las Américas” se convirtió en la obsesión de algunos politiqueros que  nos vendieron la idea como el bálsamo que arreglaría todas las dolencias. Sin embargo, después de poco más de ocho años nos damos cuenta que ese sueño fue como golosina para chiquillo con lombrices.

El crecimiento acelerado de la población, el movimiento migratorio interno, entre otros factores trajo consigo el aumento de crímenes y por ende,  la necesidad de cárceles en óptimas condiciones. Dada ésta realidad en 2012, se compra por un moto de 4 millones de dólares un total  de 66 cárceles modulares con capacidad para albergar a 250 privados de libertad,  con la promesa – a corto plazo –  de albergar a los 173 reos que se mantenían en sitio.

Ángel Calderón, director del Sistema Penitenciario en 2012 aseguró en medios de comunicación que la decisión era provisional, mientras se rehabilitaba el Centro Penitenciario  y que posteriormente “los modulares serán llevados a otras regiones donde exista hacinamiento”. Promesa que quedó solo en palabras, pues jamás se logró.

En 2019, la población carcelaria había crecido casi tres veces más de lo previsto en inicio. Totalizaban 704 personas para la capacidad máxima de 250, cifra dicha  en siete años antes. El aumento desmedido y el evidente hacinamiento generó molestias entre los residentes cercanos, pues los reos botaban orine, excremento y todo tipo de basura.

Durante una inspección, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá en conjunto con El Sistema Nacional de Protección Civil, recomendó el traslado de los privados debido al colapso de la infraestructura al Centro Penitenciario La Nueva Joya.

En medio de protestas de los familiares que se oponían a la decisión del traslado de los presos, las autoridades – con el ánimo de atenuar el enojo de los protestantes- explicaron que desde 2018 “se estudiaba un proyecto para la construcción de cárceles para hombres y mujeres” que al día de hoy, tampoco se cumplió.

Nueve años después, nos mantenemos a la espera de informes reales y contundentes que expliquen dónde quedaron los millones destinados para la “rehabilitación de la cárcel”. También reconocemos que mientras la población chorrerana se mantenga dormida en el letargo del “juega vivo” politiquero, jamás vamos a lograr el cumplimiento del eslogan que adorna nuestra bandera y que habla de “trabajar juntos por el progreso”.

Es tiempo de pronunciarnos sobre temas de interés en nuestra provincia, de reclamar rendición de cuenta y de exigir a los que no están cumpliendo con su trabajo, cuentas. Temas como el mercado público, mejoras en los parques, construcción de centros púbicos dignos, estacionamientos y otros nos atañen a todos.

La autora es Estudiante de Periodismo