Los albergues son el hogar de cientos de niños con difíciles presentes, miembros de la sociedad que por alguna razón no tienen quien se haga cargo de ellos. Se supone que debe ser un sitio seguro en el cuál pueden seguir con las primeras etapas de su vida de forma normal, pero desde hace ya varios años se ha visto que la realidad no se acerca a esa percepción inicial de dicho lugar.

Los jóvenes no tienen voz para quejarse de estos sitios y de manera lastimosa se asume que lo que manifiestan es solo producto de un enojo o eventos supuestos, se subestima a tal grado a estos infantes que ni siquiera se les brinda el seguimiento correspondiente a las quejas que comentan sobre actitudes indebidas de parte de los encargados para con ellos.

Hoy en día, Panamá carece de todo tipo de medidas en contra de los responsables de tales actos, prueba de ello nos lleva al pasado mes de febrero donde se suscitó un escándalo por aparentes maltratos y abusos sexuales a niños que habitaban estos hogares. Situación que resulta y concluye en la falta de apoyo, protección y abandono total hacia los derechos de los infantes.

La preocupación va más allá de las afectaciones a corto y mediano plazo, ya que los daños psicológicos en los menores muchas veces son permanentes. Con esta premisa y ante las dudas nos hemos puesto en contacto con un ex trabajador de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), durante los años 2016-2020, quien nos ha pedido que nos refiramos a él como ‘José’.

El señalado nos explicó que: “Encargados de alto perfil tienen sus manos puestas en estos albergues” y que eso ya se venía dando desde aquellos días.

“Se buscaba ahorrar a más no poder, no se les daba cosas buenas a los chicos y ya sobre las violaciones es complicado ir contra tantas corrientes que afirman algo. Yo en lo personal no lo vi, pero no creo que todos (los supuestos afectados) sean mentirosos, pero solo con lo de los alimentos que recibían demostraron ser unos desalmados”, sentenció.

Al preguntarle del porqué de los constantes estancamientos en los procesos investigativos y los pocos detenidos que hay a la fecha nos comentó: “Personas de peso que han sido parte de este y otros gobiernos se han involucrado y ya eso lo dice todo, una espalda cubre a otra…”. De esta manera concluyó sus declaraciones ante lo que es una clara muestra de cómo el poder político y ejecutivo toca otras zonas a su antojo sin recibir pena alguna.

Más allá de alimentos de perro dados a los involucrados, violaciones físicas y malos tratos en general se esconde una carga mental que suele pesar toneladas dependiendo la evolución individual. Para conocer parte del daño psicológico por el que pueden estar pasando estos menores de edad contactamos con Gabriela Cortés, trabajadora social de profesión.

“Es complicado porque la función fundamental de la familia es mostrarle al niño que el mundo es un lugar seguro, pero cuando ocurre un abuso estos les pueden durar toda la vida, es un suceso traumático que hace que se aíslen y sean erráticos en sus comportamientos futuros”, expresó acerca de lo complicado que puede ser llevar una vida luego de un suceso de esta envergadura.

Se plantea en ocasiones que tener una mayor movilidad en los procesos de adopción acabaría con estos males, su reacción fue la siguiente: “Considero que el proceso es tardío porque no está bien estructurado. Lamentablemente los niveles jerárquicos son escogidos por política, y no por profesionalismo y deseos de trabajar. Esto lo hace aún más deficiente”.

“Las situaciones son variadas, pero nada justifica esos malos tratos, todo el peso de la ley debe caerle a los culpables y se debe acabar con la impunidad por ser familiares de alguien allegado a Presidencia”, fue su tajante cierre.

La verdad es que para reactivar a la vida productiva a los muchachos afectados por los albergues se debe pasar por demasiados pasos, mismos que suelen ser esquivados por los gobiernos al ver los costos finales. No se invierte en educación ni reinserción, es más fácil deslindar responsabilidades y esperar que la calle haga su parte…

Las soluciones que saltan a la luz de manera más evidente y en la que concordaron nuestras fuentes es que se debe crear nuevos programas que les permitan a los chicos unirse al mercado laboral apenas cumplan la mayoría de edad. Claro está, acompañado esto de una preparación humana de calidad. No son robots y valen lo mismo que cualquier otro ciudadano.

Ellos no quieren ser una carga, ni mucho menos que sus derechos sean violentados. Como nación: felicidad y estabilidad es lo único que nos piden a cambio. De manera lastimosa, con la poca o nula humanidad mostrada por aquellos que quisieron satisfacer sus más bajos instintos a costillas de tan nobles seres es como les hemos pagado.

Juguemos nuestra última carta para acabar con este maquiavélico juego: hagamos ruido por medio de más protestas pacíficas, demostrémosles que no están solos. Salgamos de redes sociales y obliguemos a las autoridades a hacer su parte. El momento de dejar en claro que la justicia no es solo para algunos es ¡AHORA!

La autora es Estudiante de Periodismo