La fiebre no está en la sábana
La protección de la niñez y la adolescencia de cualquier clase de abuso constituye un compromiso ético de la ciudadanÃa y por lo tanto, de cualquier Estado.
Las denuncias sobre las irregularidades y abusos ocurridos en algunas instituciones de protección (mal llamados albergues) del paÃs, dedicados al cuidado de la niñez y la adolescencia, debe invitar a reflexiones serias: sobre el abandono que el Estado, entendido como sociedad, ha tenido con respecto a la atención de la niñez y la adolescencia, seres humanos en su etapa formativa; sobre la evasión de una responsabilidad irrenunciable de los gobiernos ante este tema; y sobre la carencia de una PolÃtica de Estado, dirigida a la familia y la niñez, que no esté sujeta a los vaivenes de los cambios quinquenales de gobierno.   Â
Durante los últimos seis lustros, la tendencia de los gobiernos panameños ha sido la de reducir  gradualmente los recursos dedicados a la atención de personas menores de edad. Si bien es cierto que el cuidado institucional no es la opción ideal, lo cierto es que, se han ido adoptando algunas de las modalidades de antes de los años 60, como el dejar casi absolutamente la responsabilidad en la atención de niños, niñas y adolescentes a las iglesias y a las organizaciones de la sociedad civil (restringidas a la figura de las ONGs). Por lo tanto, se ha diluido y relajado el compromiso de los gobiernos en la supervisión que le corresponde, como representantes de la sociedad, en velar por la protección de sus integrantes, en especial de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Si bien dentro de las ONGs, hay algunas de mucho prestigio y experiencia, otras no parecieran llenar los requisitos, lo que ha dado lugar a la atención negligente y abusiva de menores de edad.
Usualmente cuando este tipo de denuncias explota es porque el problema ha venido incubándose por muchos años, por lo que no serÃa de extrañar que estos problemas tengan más de una década de estar ocurriendo.
La literatura sobre estos temas permite observar un proceso nada sencillo y que toma bastante tiempo, el cual intentamos resumir a continuación: Las vÃctimas de abuso o no son del todo conscientes o están muertas de miedo, por las amenazas que los agresores les han hecho. Llegado un momento, la situación es tan aterradora que la vÃctima expresa lo que está pasando, ante alguien de confianza, que usualmente es un educador que le da clases. Las vÃctimas se enfrentan, entonces, a respuestas diversas de los que tienen que responder por la situación: algunas demeritan el hecho, otras lo niegan o lo que es peor, las inculpan, produciéndose una doble victimización. Estas reacciones ocurren porque quiere evitarse un escándalo y prefieren encubrir a los agresores, o también porque no quieren enfrentarse a los procesos legales que comprometen al funcionario que denuncia. Mientras tanto, el abuso continúa y las vÃctimas siguen sufriendo.Â
Hay negación de la realidad y otras veces claro encubrimiento. Cuando el problema comienza a hacer ola y a difundirse por la estructura informal de comunicaciones, se trata entonces de ocultar, de minimizar e incluso de hacer renunciar o trasladar a funcionarios que quieren enfrentarlo. Llegado el momento, la situación se sale de control, particularmente cuando se ha recurrido a alguna autoridad que pueda tener incidencia y es entonces cuando explota el volcán. El proceso no termina allÃ, vienen los debates y las maniobras sobre el cómo será enfrentado el problema por las partes involucradas, qué intereses están afectados y cuál es el nivel de incidencia e influencia de determinados actores para minimizar el impacto, para desviar la atención de la ciudadanÃa o para dilatar el proceso hasta que pierda interés público o para encarar con seriedad el problema.
La visión para afrontar la situación actual requiere ser holÃstica y de PolÃtica de Estado. Por eso la fiebre no está en la sábana. La situación ocurrida es el resultado de un cambio en el modelo de dirección de los gobiernos y los altibajos en el abordaje de la polÃtica social de cada quinquenio, asà como del deterioro que ha tenido la familia panameña, en razón de que no cuenta con los suficientes recursos, orientación y apoyo para cumplir con sus funciones y se ve impelida a recurrir a los albergues. Por lo tanto, la situación involucra a muchos actores: las instituciones gubernamentales como lo son: el MIDES,  en su calidad de rector de la polÃtica social, y por supuesto al SENNIAF y su Junta Directiva, como responsable directo, pero también a los Tribunales de Niñez y Adolescencia, asà como los de Familia, a las comisiones especializadas de la Asamblea de Diputados, a los centros educativos, asà como a las distintas organizaciones que administran instituciones de protección, a los familiares de los usuarios de dichas instituciones, a profesionales del desarrollo humano como trabajadores sociales y psicólogos y a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, relacionadas con la niñez y la adolescencia, incluyendo las organizaciones internacionales como UNICEF, el BID y el PNUD, entre otras, asà como la Academia, a través de sus observatorios y sus facultades e institutos.Â
Los comportamientos inadecuados ante el COVID-19 han puesto de manifiesto que no hay disciplina, ni respeto a las normas y a las autoridades, por parte de importantes sectores de la población, especialmente de adolescentes y jóvenes, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. La atención familiar no puede restringirse, por lo tanto,  a suplir las necesidades de subsistencia. Si bien estas son vitales, no puede soslayarse que es en la familia donde se forjan los valores, cuyo deterioro en la sociedad panameña es evidente. Por ello, reiteramos que el tema es sistémico y que las acciones no pueden limitarse a buscar y castigar a los culpables, lo cual es fundamental. No obstante, de no tomarse correctivos más enérgicos y de amplia cobertura, en poco tiempo se volverá a enfrentar problemas similares. La definición de polÃticas de estado sobre estas materias, construida mediante procesos participativos facilitarÃa una visión compartida, particularmente, por parte de las organizaciones pertenecientes a los tres órganos del Estado y facilitarÃa también el monitoreo ciudadano. Â
TodavÃa este asunto es más preocupante cuando en las redes sociales se enfoca el ataque a determinadas personas, desviando la atención del problema central. Estamos frente a un tema muy complejo de muchas aristas, que tiene una trayectoria histórica y que, por lo tanto, atañe a varios gobiernos.  Por esta razón, el problema hay que abordarlo en su doble perspectiva: en el corto plazo, el tema de los abusos ocurridos en algunas de esas instituciones de protección, con toda la energÃa del caso, pero también en el largo plazo, para introducir otros correctivos de carácter preventivo que no pueden seguir soslayándose. Por lo tanto, no hay organización, ni ciudadanos que puedan sentirse al margen de este asunto.
Por esta razón, la ciudadanÃa debe seguir con atención los procesos y no dejarse atraer por los cantos de sirena. No basta con las investigaciones del Ministerio Público, es necesario establecer mecanismos de monitoreo y participación ciudadana. Los abusos perpetrados no pueden quedar impunes, y hay que estar alerta ante las distracciones de chivos expiatorios que no tienen ni arte, ni parte en este asunto o cuya implicación no afecta las redes de poder. El daño infligido a las vÃctimas es criminal porque les dejará marcados para toda la vida, aun recibiendo las terapias apropiadas.
Â
*La autora es Ph.D. en PolÃtica Social y Coordinadora del Observatorio para el Seguimiento de los ODS de la Universidad de Panamá
