Amigo Gersán Joseph

La actual pandemia nos impone un sin número de restricciones, ya las discusiones de café, las tertulias e intercambios de ideas en las peñas de restaurantes y cafeterías no son viables, parece oportuno, volver al viejo método del intercambio de ideas mediante cartas, aprovechando el sistema informático que acorta distancia y tiempo.

Desde hace algunos años me he percatado del sistemático desmantelamiento del Estado Panameño a través del esquema de convertirlo en un Estado cada vez con menos funciones productivas, donde sus principales objetivos y funciones se han visto mermados y truncados por el poder económico y la privatización de importantes Instituciones Públicas como: El IRHE, El INTEL, Cemento Bayano, Corporación Bayano, entre otras.  El bloque dominante ha pasado a controlar todo el engranaje estatal, mediante una nomenclatura política ajena a los intereses nacionales pero muy proclive al dinero y los favores.  Como bien sabemos, los principios, fines, objetivos y tareas del Estado están contados en el Preámbulo de la Constitución y esencialmente en el Título III de dicha Carta, que nos define los llamados derechos y deberes individuales y sociales.  Entendemos que el Estado se constituye con el fin de proteger y defender la vida, honra, bienes de los nacionales donde quiera que estén y los extranjeros de paso en el país.  De manera que debe garantizar, entre otros los servicios básicos de agua, electricidad, educación, seguridad a las personas y a sus bienes, salud, justicia rápida, expedita y con garantías mínimas.

Este deterioro y dejadez de la Administración Pública se hace más evidente en medio de la PANDEMIA que nos agobia.  Parece un contrasentido pedir, por parte de los jerarcas del MINSALUD, que la población se lave las manos, si el IDAAN no cumple con su función de brindar el servicio de manera eficiente, existiendo cientos de barriadas en Arraiján, La Chorrera, Panamá Centro, Panamá Este y Norte que no les llega el agua, o se les suspende por días el servicio de agua, parece de risa, pero no lo es.  Ni hablar de la seguridad ciudadana, ya no hay áreas rojas, todo el país está penetrado por las bandas de delincuentes y traficantes, con 491 asesinatos en el año 2020, de los cuales 39 fueron menores. Los muertos son de todos los niveles y en todas las áreas.  ¿Algún inversionista serio se atreverá a venir y poner su dinero en un negocio en nuestro país?   Todos se miran en el espejo de CAMPOS DE PESÉ, de WAKED, de otros tantos que ganaron sus concesiones en buena lid y fueron despojados de las mismas, con planos y todo para brindárselas a los allegados al poder.  ¿Cómo podemos esperar que los inversionistas extranjeros traigan su dinero a Panamá, si el Estado ha sido incapaz de proteger sus propios bienes y los de sus nacionales?  Ya no es noticia que los precaristas profesionales se han tomado cientos de hectáreas de terrenos nacionales, de todos los panameños, aupados por políticos y autoridades que sólo les interesa el clientelismo político.  Otro tanto ocurre con tierras privadas.  Al final los políticos regalan lo que no les pertenece, hacen su política con los bienes ajenos y para colmo, el Estado financia sus partidos. 

Me gustaría, si puedes conseguir cifras acertadas, que demos un vistazo a los resultados que hay en lo que alguien dijo que era una guerra, por lo que se convertía en el Comandante en Jefe, y es que la guerra se mide por los resultados, las bajas, los heridos y los muertos.  Hoy creo que hemos superados los muertos en la Invasión del 20 de diciembre de 1989, pero también es importante cuantificar las pérdidas para el país de los fallecidos, ¿cuánto nos cuesta cada médico, enfermera, profesional de todo tipo, trabajadores y civiles en general, así como el costo de cada infectado, para el Estado y para el propio afectado, quien queda improductivo por casi un mes?  Luego veremos cuánto ha sido el aporte de los trabajadores en esta pandemia.

Esperamos poder conseguir las cifras.    

Saludos:

 F.E. Z.

Amigo Federico

El panorama que señalas es muy acertado, ya que ha faltado una adecuada conducción de la crisis. Es importante destacar que esta inusitada crisis, nadie se la esperaba. Pero en los momentos que la realidad nos exige tenacidad y capacidad profesional para abordar adecuadamente los retos que confrontamos, al igual que otras muchas naciones del mundo, lo primero es priorizar el Bien Común, la Salud  Pública, la Educación Básica General, la Educación Superior, la Seguridad Alimentaria de la Población, la generación de empleos productivos especialmente en el Sector Primario (agricultura, silvicultura, pesca, ganadería, entre otras), y en el Sector Secundario, estableciendo los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás de ambos sectores, con la finalidad de reforzar la actividad productiva y la generación de empleos, en estos dos sectores por excelencia.

La carencia mayor en la crisis que enfrentamos de gobernabilidad, refleja la ruptura que se ha dado con el proceso de Planificación del Estado, profundizado desde 1990 con el impulso de la privatización por el Gobierno de Guillermo Endara, que sentó las bases de la privatización, y el particularmente privatizó, ENASEM (Empresa de Semillas), el Hotel Taboga entre otros.  Posteriormente el gobierno de Balladares fusionó el importante Ministerio de Planificación y Política Económica, (creado por el gobierno de Omar Torrijos en 1973), y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, para dar por resultado el Ministerio de Economía y Finanzas, dándole un golpe certero y permanente a la Planificación, tan necesaria en nuestro país.

Este hecho marcó, los tumbos que ha venido dando la economía al externalizar funciones realizadas por el Estado en instituciones como la Autoridad Portuaria de Panamá, Aeronáutica Civil, Ministerio de Obras Públicas donde sus plantas de alquitrán fueron vendidas; Ferrocarril de Panamá, Puertos de Balboa y Puerto de Cristóbal, donde la empresa Panamá Ports (Hutchinson), ha dejado de pagar al Estado aproximadamente 2000 millones en 20 años, a razón de 100 millones por año.  Eso amerita la suspensión inmediata de la concesión de está empresa.

La Reforma Tributaria de Mireya que traslada el peso de la tributación a los panameños comunes y corrientes, ampliando el 5% a los servicios; la aprobación del Acuerdo Salas-Becker, convirtiendo a nuestro país en unos servidores de los norteamericanos en la captura de droga, debilitando la vigilancia a lo interno del país, lo cual ha favorecido el aumento de la delincuencia.  Los ascensos y aumento de prebendas al personal policial, desde la administración de Endara, Pérez Balladares, Mireya, Martín, Martinelli, Varela y Cortizo, con los recientes ascensos en tiempo de Pandemia.

En el Gobierno de Martín, el error cometido, que hoy se convierte en una pesada carga para los ciudadanos con la ruptura del Sistema Solidario en la Caja de Seguro Social.  Los impactos del Dietilenglicol en la población panameña, que han causado luto y dolor, además de incapacidades y altos costos personales.

Con el siguiente gobierno, se agudizó la falta de planificación, y los costos que soportó el erario público incluyó los sobrecostos, la falta de transparencia y los caprichos de la administración al someter a la población indígena que reclamaba justicia por la Represa de Barro Blanco con muertos, heridos y personas que perdieron la vista por la brutal represión policial.  Adicionalmente con los muertos en Colón por el intento de vender los terrenos de la Zona Libre de Colón, y la represión del Servicio Nacional de Fronteras, instituido para proteger la vida de los ciudadanos y cuidar la frontera.

El gobierno de Juan C. Varela, continuó con las arbitrariedades caracterizada por los gobernantes, siguiendo su propia agenda, sin tomar en cuenta las necesidades de la población cuando suspendió los proyectos iniciados por el gobierno anterior, la tragedia de la ciudad Hospitalaria, que sin ninguna explicación dejó en el abandono, en la actualidad la población paga las consecuencias en plena pandemia de esta criminal irresponsabilidad. Adicionalmente se investigan las negociaciones ocultas que realizó con la República Popular China, sin transparencia, ni rendición de cuentas. Los altos costos pagados por el panameño común de la JMJ, cifrada en millones de dólares para lavarle la cara a Juan Carlos Varela. Todos los actores responsables de este derroche, le deben explicaciones al Pueblo Panameño.

La desigualdad en Panamá, precede a la Pandemia, pero dicha Pandemia Planetaria, ha desenmascarado la realidad social, económica, los niveles de pobreza y pobreza extrema en que han quedado miles de panameños que han perdido sus medios de sustento, y aún las empresas hablan de la dicotomía: “Economía Sostenible o Salud de la Población”, sobreponiendo sus intereses económicos a la vida de las personas. En esta línea están La APEDE, CAPAC, CONEP, Cámara de Comercio Industrias y Agricultura, esto demuestra la clara falta de sensibilidad humana de estos mercaderes, que ponen el negocio por encima del bienestar humano.

El aumento de la corrupción en los tiempos de pandemia, es un hecho real e imperdonable, ya que se juega con lo más sagrado, la vida de la ciudadanía panameña, que el Estado está obligado a respetar.

Hay que reconocer que los profesionales que están en la primera línea de combate los profesionales de la salud, las enfermeras, médicos, laboratoristas, tecnólogos médicos, auxiliares, paramédicos, salud ocupacional, 911, entre otros. Además de los bomberos, socorristas, SINAPROC, Policías con ética, han contribuido en la lucha.  Los profesionales en los hospitales, los Hoteles Hospital, Centros de Salud, Policlínicas, Unidad de Cuidados Intensivos, entre otros, han dado una alta cuota de sacrificio, con bajas en sus filas.  Adicionalmente el personal de recolección de la Basura, fundamentales para preservar las condiciones de salud de la población, pero que históricamente han sido menospreciados, al igual que los sectores productivos del país.

El actual Estado debería enfocarse a propiciar el mayor beneficio social a la población, ya que tiene el papel de ser el arbitró entre el interés de los empresarios y el interés general de la población. Dicho esto, lo que hemos notado es la parcialización de la actual administración hacia los intereses de la Banca, y los empresarios, gran error del equipo de Uniendo Fuerzas, porque el efecto  real, ha sido el debilitamiento de la gestión estatal, y en consecuencia a introducido los elementos del desorden y la falta de una adecuada planificación en función de los que soportan  día a día, la carga de la crisis, la población más vulnerada históricamente, los trabajadores y la población de los sectores populares de la ciudad y del campo, los micro y pequeños comerciantes, las personas del mercado informal de la ciudad y del campo. Las mujeres, los niños, jóvenes, los ancianos y los discapacitados.  Los indígenas y la población afrodescendiente que está en toda la República de Panamá y que tiene uno de los mayores niveles de marginalidad y desigualdad en Panamá, conjuntamente con los indígenas, los más pobres entre los pobres.

Amigo la Pandemia del Covid-19 no ha hecho más que sacar a flote lo espeso de nuestra problemática, con males mayores la corrupción, la desigualdad, el tráfico de drogas, la criminalidad, todo ello a ciencia y paciencia del Estado, ampliamente conocidos dichos males, pero nadie con el interés de resolverlos porque los políticos y la clase dominante no les interesa con la población trabajadora.

Federico Espino. Abogado y Profesor.

Doctor Gersán Joseph catedrático de Universidad de Panamá. Facultad de Economía. Departamento de Análisis y Economía Aplicada.