“No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht

Según Julio Berdegué representante de la FAO para América Latina los números señalan que 187 millones de personas en América Latina no están bien alimentados, de los cuales 50 millones están insuficientemente alimentados. Se puede destacar que un tercio de la población sufre de insuficiencia alimentaria y 19 millones de personas están en riesgo vital.

En este sentido con una caída de 5.3 por ciento, del Producto Interno Bruto, se agregan 16 millones de personas de extrema pobreza. De esta manera se suman 20 millones a los 68 millones existentes de extrema pobreza, lo que totaliza unos 88 millones de personas en extrema pobreza.  Es preocupante que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria.

Antes de la Pandemia Planetaria, el 53 por ciento de la fuerza laboral latinoamericana y caribeña tenían empleo informal.

Según el Informe Panorama Laboral 2020 de la OIT, el año cerrará con 30 millones de trabajadores desempleados en América Latina y el Caribe, como consecuencia de la crisis desatada por la pandemia covid-19.

“Llegamos a 2021 con el empleo en terapia intensiva. Esta es la crisis más grande que haya registrado este informe (editado desde 1994) en toda su existencia”, Vinícius Pinheiro, director regional de la OIT.

En América Latina, según la OIT, la contracción del empleo fue muy importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6 por ciento) y comercio (-12 por ciento), en la construcción (-13,6) y en la industria (-8,9), aunque menos en la agricultura (-2,7 por ciento).

En Panamá, los sectores económicos que han mantenido su dinamismo está: El Canal de Panamá, Los Puertos, el movimiento de contenedores, la exportación de Banano y la minería y el Sector Agropecuario, que ha sido históricamente abandonado por los diversos gobiernos, en la actualidad con la crisis, ha demostrado ser el Sector de mayor importancia para la población.

El modelo de servicios ha sido fuertemente impactado en el mundo, y en América Latina y Panamá, especialmente en turismo, los hoteles y restaurantes, además del transporte aéreo.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento positivo en el año 2021, pero no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia. Se prevé una contracción promedio de -7.7% para el año 2020, la mayor en 120 años y un rebote de 7% en el año 2021.

Las proyecciones señaladas para el 2021 establecen que América Central caería -6.5% en el 2020, y se estima que se expandirá 3.8% en el 2021.  Una de las cosas que hay que tener presente es la priorización de los gastos para la reactivación, para el fomento intensivo del empleo, extender ingreso básico a personas en condición de pobreza y brindar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según lo establecen algunos organismos internacionales la tasa de desempleo rondará del 20 al 25%, en tanto el desempleo informal ronda el 60 a 65%, esto no incluye la informalidad existente en el sector primario.

Se estima que los contratos suspendidos están por el orden de 288,000 y se han recuperado un 35 por ciento, faltan unos 190,000 no incorporados. Estimamos que de esa cifra el 50 por ciento podría quedar fuera, lo que amerita que se les paguen sus prestaciones su liquidación y prima de antigüedad. La otra mitad estimamos que podrá incorporarse en jornada reducida.

Consideramos que el Estado, a través del gobierno debe suspende de manera inmediata la entrega de Incentivos Fiscales a las empresas, y ese dinero destinarlo hacia la ayuda efectiva a la población más pobre y desempleada o con suspensión de contrato para la compra de alimentos y medicamentos, que cubran sus necesidades fundamentales.

Establecer medidas de austeridad en el Sector Público. Reducir viáticos y dietas a los Diputados, Comisionados, Ministros, Viceministros, Directores de Entidades Autónomas. Se deben eliminar a la mínima expresión a los asesores y buscar efectividad.  Ante la corrupción se debe establecer la certeza del castigo y la celeridad de los procesos.

Se debe establecer una Reforma Tributaria Integral que torne el Sistema Tributario Regresivo de Panamá, en un Sistema Tributario Progresivo, con justicia tributaria. Según declaraciones de Publio De Gracia director de la DGI, en Panamá se evade entre el 8 a 9 por ciento y pretende reducirlo a un tramo de 3 al 4 por ciento.

Consideramos que la Reforma Tributaria debe conducir a un Sistema Tributario con Equidad y Justicia Tributaria, quien más gana, más paga, donde las grandes fortunas tributen en proporción a la renta generada, buscando subsanar la evasión y la elusión fiscal que vulnera nuestro sistema tributario haciendo recaer la presión tributaria en la población de menos ingreso, ya que el impuesto a los servicios ITBMS, impacta igual al individuo que gana 600 balboas al mes, y al Diputado que gana 10 mil dólares al mes. Esto constituye la inequidad tributaria, porque se enfrentan a la imposición al consumo con diferenciada capacidad adquisitiva. Y esto se agrava, ya que los desempleados también sufren mayor impacto de esta desigual imposición, al acudir a comprar alimentos y artículos de uso personal.  Esto también es influido por la especulación en los precios, que en época de pandemia se ha agudizado. La citada Reforma Tributaria Integral  permitiría que el ciudadano promedio tenga más disponibilidad de dinero, tanto para consumo como para el ahorro.

Establecer la Seguridad Jurídica, Orden y Disciplina para la Inversión. Para incentivar la inversión hay que tener normas claras y la libre competencia, erradicando los monopolios privados. No puede permitirse a los políticos la utilización de Bienes Públicos de todos y mucho menos a los grupos de presión que se toman tierras privadas y públicas para satisfacer el clientelismo de los políticos que con bienes ajenos que pretenden catapultarse a puestos de elección popular.

Las Entidades creadas para el control de los Servicios Públicos privatizados y Entes de Servicio, tienen que ser modificados, de manera que ejerzan un real control de protección efectiva del consumidor. No debe, ni puede permitirse los abusos permanentes del Sector Bancario, Las Financieras, Las Empresas de Seguros, Las Empresa Portuarias, Compañías Eléctricas, las Empresas Telefónicas, y el incumplimiento contractual de dichas empresas, en virtud de que han omitido varios servicios al cliente, buscando reducir sus gastos operativos, perjudicando sensiblemente al consumidor que se encuentra en indefensión.

Se hace necesario fiscalizar muy de cerca el funcionamiento de la industria aérea, por el papel de la comunicación aérea en la transmisión de las diversas variantes del virus. Por ello, se deben desarrollar controles estrictos de ingreso de pasajeros, con una estricta trazabilidad y efectividad de los equipos de respuesta rápida frente a los peligros de ingreso de pasajeros potencialmente riesgosos.

Establecer en todo el Estado una escala salarial acorde y equitativa reduciendo los altos salarios.  Además de reducir a nivel equiparable a la generalidad de jubilados con un tope máximo de B/2500.00.

Se debe fortalecer la actividad productiva del Sector Primario y Secundario, La Industria Pesquera, Las Cooperativas de Producción fomentando el asociativismo y la organización comunitaria. Una acción correctiva adecuada sería restituir a la Empresa Campos de Pesé para generar empleos en la provincia de Herrera y la Región de Azuero, otorgándoles las condiciones de inversión nuevamente, con la actividad de producción de Alcolina o alcohol combustible.

Hay que desarrollar una adecuada estrategia de los sectores productivos y lograr que el productor pueda colocar sus productos directamente al consumidor, eliminando a los intermediarios, para que los productos puedan llegar con un adecuado precio al consumidor.

Es fundamental establecer la Planificación y el Control en el país, en el uso de los dineros públicos y que las inversiones estén dirigidas a la satisfacción de las necesidades colectivas fundamentales y de los servicios básicos incluyendo la seguridad. Que el Estado realice proyectos de beneficio a la población que blinde las propiedades públicas para evitar su apropiación por sectores particulares, dichas inversiones deben ser celosamente auditadas, sin sobrecostos y que no sean proyectos millonarios que respondan a agendas políticas personales o de grupos económicos.  Retomar la Planificación Regional y los Planes, Programas y Proyectos con visión de Estado, que generen Valor Público.  Es necesario que el Estado, a través del Gobierno adopte una política de Ahorro Nacional, que posibilite la creación de reservas, inversiones productivas y poder tener la capacidad de hacerle frente a las futuras crisis.

El Sector empresarial habla de la sostenibilidad de los negocios, especialmente los representantes de APEDE; CAPAC; CONEP, y la Cámara de Comercio, ellos deberían tener un sentido más humano, ya que una economía prospera que se sostenga sobre los muertos en la población, denota el alto sentido mercantilista y la insensibilidad social.

Finalmente, en las decisiones de la provisión de las vacunas, se ha señalado por la licenciada Itzel Hewitt, coordinadora del PAI, que existen varios tipos de vacunas mencionando la Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Consideramos que se deben explorar otras vacunas para ampliar la oferta tomando en cuenta la Sputnik V que ha demostrado una efectividad del 95%.

El autor es Doctor en Economía y docente de la Universidad de Panamá