La Asociación de Docentes de la Universidad de Panamá (ADUPA), hace de conocimiento público su total rechazo ante los hechos de represión desproporcionada ocurridos el ejercidos por miembros la entidad llamada a proteger y servir, por conllevar maltrato y violación de los Derechos Humanos y fundamentales a jóvenes que llevando a cabo una protesta legítima y por la cual alzaban la voz por la preservación y no anulación de esos derechos como lo es el vida, alimentación, seguridad, educación trabajo y demás; y producto de la cual incluso resultaron privados de su libertad sin permitirles comunicación con sus abogados u otros miembros de organizaciones defensoras de derechos y libertades.

El 16 de diciembre de 2020, la Policía Nacional, bajo la excusa de preservar el orden constitucional incurrió en actos de suprema violencia, atentatorios de la dignidad humana que enviste a todas las personas incluyendo a todas las que ese día se manifestaban en una protesta legítima, desvinculándose de su lema “Proteger y Servir”, de su formación profesional y de los protocolos que con tanto rigor la ley exige a que se ciñan, pues así, entre lo que exige la Ley 18/1997  está la prohibición de “utilizar su investidura policial para ultrajar, intimidar, golpear o realizar actos denigrantes en contra del ciudadano, máxime si se encuentran detenidos o esposados; tratar de manera déspota, con palabras soeces o denotando excesiva confianza (tuteando al ciudadano) a las personas en el ejercicio de sus funciones.”.

Haber infringido golpes a la Estudiantes Ileana Correa, a pesar de estar esta ya sometida y reducida como se aprecia en las imágenes y videos que circulas por las redes sociales, diarios locales y noticieros de cadenas televisivas a nivel nacional e internacional merece nuestro total reproche, así como las imágenes en que se aprecia la agresión a una joven en que le tocaba de forma inapropiada, la agresión a periodistas que trataban de documentar los hechos y todo ataque que por la superioridad física, numérica y armamentista se arrojó sobre los manifestantes.

Queremos hacer notar que dentro del actual Estado de Emergencia Nacional producto de la diseminación de la Covid-19, producida por el SARS Cov 2, dentro del cual los estamentos de seguridad, en particular la Policía Nacional, están en el deber Legal y Constitucional de proteger la vida, honra y bienes de todas las personas que se encuentren dentro del territorio de la República de Panamá, como lo establece la Ley 18 de 1997 Orgánica de la Policía Nacional, y el Manual de Procedimientos Policiales, que es diáfano al plasmar cuál debe ser el proceder policial frente a las distintas situaciones que pueden surgir con las personas, y los niveles de fuerza que se deben aplicar.

En este sentido, entre los Principios Básicos de Conducta, y no limitantes a este, el artículo 13 recogido en la Ley 18/1997 establece lo siguiente:

“Artículo 13. A los miembros de la Policía Nacional, en el desempeño de sus labores profesionales y relación con la comunidad, les corresponde proteger la dignidad humana, respetar y defender los derechos humanos de los nacionales y extranjeros; están impedidos de infligir, instigar o tolerar actos de tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, así como cualquier otra práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física. La violación del presente precepto no exime de responsabilidad al ejecutor.

Exhortamos a los miembros de la Policía Nacional a que no dejen que actos de esta índole vuelvan a repetirse porque la confianza que la población a depositado en esta institución debe ser fortalecida y no debilitada por incidentes que dejen la percepción que hemos perdido el Estado de Derecho y quebrantado la democracia y desestimado los derechos humanos.

El autor es presidente de la ADUPA y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas