Van a aumentar los robos, hurtos, homicidios, violencia doméstica, delitos relacionados con drogas, delitos sexuales, la asociación ilícita para delinquir, pandillerismo y los delitos informativos. 

Los victimarios se perfilan como los que están fueran o han estado fuera del sistema escolar, los denominados ninis, los marginados y los que no se adaptan a la nueva realidad que se impone con el uso de la tecnología ya sea por limitaciones económicas u otras razones.

Las víctimas serán en un porcentaje más significativo los adultos mayores tanto en el contexto de la realidad física como en el mundo virtual.

Las instituciones de control social tendrán que actualizarse para atender las nuevas modalidades delincuenciales sobre todo las que se van a dar en el mundo virtual fortaleciendo sus unidades especializadas y distribuyéndolas a nivel nacional.      Se debería ir considerando la creación de una policía para el adulto mayor.

Los grupos delictivos se organizarán en diferentes puntos del país, como una forma de sobrevivencia y buscarán satisfacer desde necesidades básicas hasta obtener objetos de valor.  Las pandillas posiblemente se fortalezcan ante la debilidad de las instituciones de control social por la afectación en el plano económico.  En consecuencia, dentro de las políticas públicas de seguridad ciudadana se deberá implementar la policía comunitaria, la policía local, la creación de grupos vecinales de comunicación para auto protegerse entre otras acciones.

Para el presente artículo me enfocaré en los delitos informáticos ya que, a mi juicio, son los que se desprenderán después de la epidemia del COVID 19.  El delito informático es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital o de internet.  A continuación, algunos de los delitos informáticos más comunes:  estafas, descubrimiento y revelación de secretos, contra la intimidad de los menores de edad y acoso, amenazas y coacciones, daños y sabotajes informáticos, falsificación documental, suplantación de identidad, delitos contra la propiedad intelectual, la conexión a redes no autorizadas, interferencia en sistemas informáticas entre otras.

La aceleración en el uso de las plataformas digitales para realizar diversas actividades desde la seguridad de nuestro hogar:  compras en línea, transacciones bancarias, transferencias de efectivo, pagos a distintos servicios, y otras, permitirán a los delincuentes la oportunidad de trasladar sus actividades delictivas, del ámbito físico al contexto digital, aprovechando el analfabetismo digital o electrónico de gran parte de la población en materia de seguridad.  Se impone, por tanto, crear sistemas de seguridad y protección a nivel personal, familiar, institucional y empresarial.  Además de iniciar una alfabetización digital, sobre todo con la población de adultos mayores.  En el Código Penal de Panamá del articulo 289 al 292 regula los delitos contra la seguridad informática.  Sin embargo, se señala que en nuestro país se debe legislar sobre los delitos informáticos tomando como referencia el Convenio de Budapest, que propone estándares para investigar los delitos informáticos y del cual el país el signatario.  En el año 2013 la Autoridad de Innovación Gubernamental (A.I.G.) aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernéticos y Protección de Infraestructura Critica.

Los victimarios que cometerán los delitos informáticos en efecto van a requerir de conocimientos en este campo o que estén al servicio de una organización delictiva.  A estos delincuentes se les denominan “hackers” y crean o usan virus para sus fines.

Las víctimas como ya anotamos van a ser los analfabetos informáticos compuestos por las personas que se han resistido al uso de las facilidades digitales, entre ellos los adultos mayores.

Las instituciones con que cuenta Panamá para atender los delitos informáticos son:  la Unidad de Investigación Informáticos de la Dirección de Investigación Judicial y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.  Mismas que después del denominado día D deberán ser fortalecidas tanto en recursos tecnológicos como humanos y tener presencia a nivel nacional.  La Autoridad para la Innovación Gubernamental deberá implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y Protección de Infraestructura Crítica para la capacitación de la ciudadanía en materia de seguridad informática entre otros aspectos contemplados en la misma.

El autor es Psicólogo -Criminólogo y profesor Universitario