En Panamá, la supervisión educativa ha sufrido transformaciones a través de los tiempos; primeramente llamada inspección y reglamentada a plenitud con normativas de mediados del siglo pasado con plena vigencia en la actualidad, con algún rasgo de actualización a finales de la segunda década del siglo XXI.

El devenir histórico de la supervisión, ha estado caracterizado por una preponderante aplicación de la política gubernamental en turno, la burocracia y la poca atención que le ocupa “el sentido de prestar un servicio educativo de calidad” desde el prisma del mejoramiento continuo y permanente “per se”; pasando de ser un proceso en el que se hacía énfasis en fiscalizar o inspeccionar, al de ser un medio para informar y cumplir con la burocracia administrativa que asfixia “el deber ser” de la supervisión escolar.

La supervisión educativa, ha de ser el ejercicio profesional que coadyuve a promover el mejoramiento cualitativo de los procesos educativos, en función de hacer realidad los principios, fines, objetivos y metas del sistema educativo, al servicio de una gestión educativa efectiva.

En este sentido, y circunscrito al contexto nacional, regional, zonal, circuital y local; la supervisión escolar debe trascender del “pensamiento”, a la “acción orientadora, evaluativa y sistemática de todos los niveles del sistema educativo”.  Caracterizada, por la aplicación de técnicas innovadoras, permanentes, científicas, pertinentes y creativas, y cuyo propósito sea el mejoramiento integral del proceso de enseñanza - aprendizaje, en beneficio del desarrollo nacional.

Si tomamos en cuenta lo anterior se hace imperante, que autoridades, comunidad educativa y sociedad en general, le otorguen al “Supervisor” el sitial que como el actor social se ha ganado, para que contribuya sin más dilación al desarrollo sostenible del acto educativo, delegando en él, además de algunas funciones específicas determinadas en la norma vigente, otras como las que se describe a continuación:

1. Garantizar el diseño seguimiento, cumplimiento y evaluación de los Proyectos Educativos Nacionales (PEI), Regionales (PER) y de Centros (PEC) alineados a las políticas educativas nacionales.
2. Liderar, dirigir y controlar el diseño, cumplimiento y evaluación de los planes de la supervisión en el contexto correspondiente, para el mejoramiento de los procesos educativos, basado en los lineamientos de la política educativa nacional establecida, para operacionalizar los proyectos educativos regionales, zonales, circuitales y locales.
3. Incentivar, promover y amonestar de ser necesario a los supervisados que le hayan sido asignados en el ejercicio de su papel protagónico dentro de las estructuras educativas, con la intencionalidad de garantizar el aseguramiento de la Calidad Educativa con equidad y pertinencia.

Las funciones de supervisión deberán estar supeditadas a la valoración del desempeño de los distintos actores sociales que intervienen en el acto educativo, valiéndose de métodos y de técnicas, que ausculten y respalden la causalidad para mejorar el servicio educativo.

En conclusión la supervisión debe enrumbarse hacia el acompañamiento y seguimiento sistemático de los procesos educativos, con la finalidad de identificar los logros y los factores asociados a la ejecución de los proyectos y programas que imposibilitan su éxito; y recomendar las medidas correctivas para optimizar los resultados anhelados.

Es de suma importancia, asegurar la interacción entre el supervisor y los diversos elementos intervinientes en el proceso enseñanza-aprendizaje, como medio de garantizar el cambio, con la aplicación de las mejores prácticas en todo el que hacer educativo.

Para garantizar el éxito, la acción supervisora, debe fundamentarse en la aplicación de técnicas de supervisión educativa que permitan evidenciar con cientificidad, el desempeño de los actores sociales en un contexto educativo, con el propósito de reorientar los procesos pedagógicos - administrativos, si es necesario.

 *El autor es docente y especialista en Administración Educativa.