INTRODUCCIÓN

Dado lo complejo del tema, parece un poco pretensioso abarcar en un solo artículo todo el contexto que se ha incluido en las llamadas reformas a la Caja de Seguro Social, entre otras cosas por el hecho de que dichas reformas no buscan resolver el problema de raíz, sino obtener más recursos para seguir en la misma fiesta de derroche de los bienes públicos.  No se contempla ninguna medida tendiente a corregir las falencias endémicas de la administración, la falta de controles y fiscalización, la baja productividad, el exceso en la planilla de la institución y demás.  En todo caso, parece hasta prematuro la discusión de tales reformas, teniendo en cuenta la baja en la economía local e internacional, el reciente cambio de gobierno, la situación caótica en que las pasadas administraciones han manejado las finanzas del Estado…. Pareciera entonces, una publicidad engañosa, cuando nos dicen que “con la nueva ley el futuro del Seguro Social está garantizado”, pero ¿para quién? ¿Será para quienes han de manejar los dineros de las “inversiones”?

Ya en anterior entrega se había advertido que el bloque dominante, mediante el control y manipulación de los medios tradicionales estaban dirigiendo la discusión del proyecto de Reformas para atender únicamente el “déficit” del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), bajo  el criterio de conseguir los millones para cubrir tal falencia, sin entrar en un proceso de reingeniería de la Caja, dándole más poder a los verdaderos dueños, los cotizantes, estableciendo controles y medidas de fiscalización efectivas para evitar las fugas y malos manejos, controles de inventarios de bienes, recursos y medicinas y mejorar la atención a los usuarios.  Por cierto, el Estado al parecer tiene como único interés es ver de dónde obtiene los dineros que hagan falta, para lo cual exige que “todos nos sacrifiquemos”, olvidando que quien dirige, administra y usa tales fondos es el propio gobierno, responsable en todo caso del desastre en dicha entidad.  También se advirtió que desde varias administraciones no existían estados financieros auditados, ni mucho menos transparencia en cuanto a los números.  Parece poco edificante que quienes auspiciaron tales desmanes, usen cifras sin sustento alguno.  Parece un chiste de humor negro que quienes han administrado la Caja, ahora pidan que se proponga de dónde se ha de obtener los fondos para solucionar el problema, sin que por cierto ellos justifiquen su trabajo quedando tal responsabilidad en el panameñito de a pie.  Al final siempre los hijos de la cocinera son quienes pagan los platos rotos por los políticos, quienes desvirtuaron sin pudor alguno los fines y principios de la seguridad social, para beneficiarse ellos de sus fondos.  Veamos entonces…

I ¿QUIÉNES AL FINAL, SON LOS SACRIFICADOS?

El ejecutivo nos ha presentado una “solución mágica”, bajo el alegato de que todos debemos hacer esfuerzos para “salvar a la Caja de Seguro Social”.  Veamos tales sacrificios, a saber:

1. El Estado: La propuesta contiene “aportes” del Estado para fortalecer las finanzas de la Caja, especialmente del Programa IVM.  Sin entrar en detalle de cantidades, es evidente que dichos fondos aportados deberán salir del Presupuesto Nacional, lo que recargaría la presión sobre la carga impositiva que debe recaudar el Estado, bordeando un incremento de 65% (Estrella de Panamá, 9 de noviembre de 2024,) declaraciones de Aida Maduro), de manera que quién ha de pagar es el pueblo, los hijos de la cocinera, el cotizante de a pie, porque como bien sabemos, las grandes empresas conforman el “club de los exonerados” quienes no pagan impuestos porque tienen el privilegio de tener contratos con la Nación, es decir, es una evasión de impuestos “legal”, dejando de pagar al año unos ocho mil millones de Balboas, por su parte, representantes patronales, Rector de la Universidad de Panamá, y personas independientes, advierten que los “aportes” del Estado debilita aún más la situación financiera del país, dado la fragilidad de las mismas por el exceso de préstamos que ya gravitan en el medio, casi 50 mil millones.  Lo más grave es que, tal como ha dicho el Rector, la propia Dirección General de Ingresos (DGI), hace referencia a una permanente evasión por el orden de los siete mil millones anuales, y si le sumamos las ya citadas exoneraciones por casi ocho mil millones anuales, nos deja con un saldo negativo de unos quince mil millones anuales.  La carga impositiva recae entonces en el pueblo, el panameño de a pie, que también es cotizante.
2. Los patronos: La propuesta del Ejecutivo presenta como aporte de la Patronal, un incremento aproximado de 3% adicional a las cuotas ya establecidas para los Patronos, dando, entonces una participación en el conjunto del incremento de un 24.5%, mientras los trabajadores pondrían un 75.5% en dicha ecuación, según datos publicados en CRITICA del viernes 8 de octubre del 2024. Pero, como sabemos, esto es solo un decir, porque al final, la Patronal no ha de sacar el aporte de su ganancia, sino que lo traslada al consumidor final, el pueblo quien no sólo pagará el 3% final, sino que es probable que con costos financieros e incremento de utilidades pague en el producto final hasta un 7% más, siendo conservadores.  Sigue siendo el único sacrificado el pueblo, el cotizante común, el panameño de a pié.
3. Los trabajadores: El Ejecutivo, no contento con todo lo anterior, le crea una carga adicional a los cotizantes, al aumentar la edad de jubilación entre tres (3) a cinco (5) años, lo que significa cuotas y aportes adicionales para generar 3/4 del sacrificio en el trabajador y un cuarto para los otros dos estamentos. El pueblo es el paganini del desastre administrativo, financiero y de gestión de la Caja, bajo el control de los gobiernos de turno. Es evidente, entonces que la supuesta responsabilidad compartida no es tal y que al final sólo los trabajadores cargan con el peso de la falta de diligencia de los políticos a quien se le ha dado el manejo de la Caja.

Tomemos en consideración que los dueños de la Caja son quienes cotizan, la participación del Estado debe ser entonces en base de su cotización como Patrono, aunque sea el mayor empleador, existe igualdad de condiciones, no puede discriminarse ni puede obtener ventajas creadas por Ley, sino de consenso con los miles de cotizantes.

II El Fruto Envenenado

El Ejecutivo ha vendido la idea de transparencia, consultas, sin agendas ocultas, sin matraqueo político, nada más lejos de la realidad.  Mientras se nos habla de la crisis económica, de que no hay dinero ni siquiera para el próximo año, resulta que el jamón, lo sabroso del pastel del proyecto, da pie para su privatización, que los dineros que no habían, han aparecido por arte de magia, puedan ser manejados por empresas inversionistas, privadas.  Es decir, se entrega el futuro a los llamados “inversionistas privados”.  Ya el pueblo panameño, tiene gratas experiencias de “lo bueno que son estas administraciones”.  Recordemos los llamados “millones de la posteridad”, dineros entregados por los norteamericanos a la Junta Provisional de Gobierno en 1903 (Diez millones de Dólares oro), que por supuesto nunca aparecieron, se perdieron en las “inversiones”, para quien olvida su participación en la historia, recordemos como en los años ochenta la APEDE, Cámara de  Comercio, los civilistas no dudaron en vender como la gran salvación la privatización de las entidades públicas (IRHE, INTEL, Puertos, Casinos…) porque había que dejar que la empresa privada jugara su papel, se abarataban los servicios, se mejoraba los mismos y se darían grandes inversiones, hoy esos mismos reclaman de tales empresas por el mal servicios, lo caro y demás millones que nunca llegaron, el plan de vivienda de los ochenta, cientos de millones tirados al barril sin fondo, los millones de las “becas” del IFARHU, los millones del llamado Fondo de Inversiones de los dineros producto de la privatización, los millones del pago de la Mina, que resultó que debieran estar depositados en una cuenta especial en el Banco Nacional y la desparecieron, con el agravante que el Presidente Molino ratifico al Gerente de dicha entidad y éste no tuvo la entereza de advertirle que dichos dineros semanas antes del cambio los habían entregados, es decir, el rosario de pifias, golazos y pérdidas no generan la confianza pública en tales “privatizaciones” de los fondos de inversión de la Caja de Seguro Social.  Ya no se cree en nadie, lo menos que han debido hacer es trabajar con buena planificación, tomar una serie de medidas de saneamiento de la administración del Seguro Social, mejorando el servicio al público, que los usuarios vean (no promesas sino hechos) una mejor atención, saber que todo el personal labora el tiempo que se les paga, que el personal que no trabaja tiene que irse, que los muertos no están en las planillas, que las medicinas y equipos no caminan ni se pierde, que no los sabotean para enviar el servicio a las clínicas privadas, que hay seriedad y ganas de trabajar, que los encargados de cobrar cuotas salgan a buscar los dineros de la Caja.  Luego de demostrar buena fe y ganas de trabajar entonces presente su plan.  La desesperación por imponer el proyecto de reformas, las amenazas directas e indirectas, los condicionamientos de que si no se aprueban no habrá dinero para pagar, etc., nos muestran que los estafadores internacionales (FMI, BID, BM…) son los que han dictado las pautas, porque su fin es otro, privatizar los dineros de inversiones y a cambio, le garantizan más prestamos al Estado.  No es casual que el propio Ejecutivo haya reconocido que la aprobación de este proyecto revitaliza las finanzas públicas, es decir no hay interés en el Seguro, sino en seguir con los préstamos tal como ha sido hasta ahora. Veamos, ¿si no se acepta la Ley, que impide que el Estado aporte los mil quinientos millones anuales? Se supone que dichos aportes son de fondos exclusivos del Estado y por lo tanto la subida o bajada de cuotas o edad de jubilación no afecta en nada tal aporte. Es evidente que la oferta del Ejecutivo está envenenada, sino se hace esto no doy aquello, chantaje puro.  Pareciera, por otro lado que el equipo de gobierno no está a la altura de lo requerido, el propio Presidente, no sabemos si por soberbia o por desconocimiento manifiesto ha sido “goleado” varias veces, grave es que el Consejo de Gabinete aprueba varias veces un proyecto de presupuesto que está incompleto, que la Asamblea lo devuelve por los errores que tiene, la seguridad ciudadana está en crisis, los índices de  delitos son mayores que con el anterior gobierno, la Policía parece que juego bolsita con las órdenes del Ejecutivo, seguimos sin ver la policía en la calle, ni hablemos del Seguro ni de los muertos que cobran y lo más grave no hay ningún responsable preso ni procesado.

 No debemos olvidar que la Caja de Seguro Social es un patrimonio nacional, que pertenece al pueblo panameño en su conjunto, por tanto, el futuro de ella es el futuro de todos y cada uno de los panameños, de manera que la entrega de los fondos de inversión debe ser discutida a aprobada por todos. Cuando en 1972 se discutía la nueva Constitución Política, estando en el tapete lo referente a la negociación del Canal de Panamá, se determinó que éste era un patrimonio de la nación, por lo que todo lo concerniente a él debía ser consultado con el pueblo, para lo cual se haría el referéndum correspondiente, hecho que se dio con el tratado en 1977 y luego con la ampliación del Canal en la década del 20 del presente siglo.  Si eso fue así, ¿por qué hoy no se puede consultar con el pueblo?  Lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones.  ¿Qué se quiere esconder o cuál es la agenda oculta en esta privatización que hasta amenazas de eliminar y bajar el monto de las jubilaciones a generado?  Como decían nuestros abuelos, “sal Quiere ese huevo”, que no se le salga el cobre a nadie antes de tiempo.

La propia Ley se contradice y deja entrever la fragilidad de la productividad de su administración.  Nos quieren vender la idea de que se le ha de otorgar más independencia para que puedan generar fondos, pero para lo cual hay que usar a empresas privadas que administren dichos fondos, entonces, ¿no pueden administrarse, pero si entregar los dineros a terceros para que lo administren? Si los administradores actuales no son capaces de administrar, ¿para qué los tenemos, será para que se ganen miles de balboas?  

III LA CERTEZA DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

QUE ORIGINAN LAS SOLUCIONES

Como bien sabemos, la mentira tiene patas cortas, su carrera en el tiempo mas temprano que tarde llega a su fin, LA VERDAD, teniendo el panameño de a pie la razón cuando dice que:” para comer pescado y pegar mentiras hay que tener mucho cuidado”.  Los políticos, gobiernos, empresarios, líderes sindicales y demás, mienten de manera descarada, generando la incredulidad generalizada y el descredito de los medios tradicionales, de forma que las llamadas redes sociales, en los últimos diez años han jugado un papel importante en la orientación del pueblo.  Ese es el problema fundamental, la falta de transparencia.  Desde 1990 los Directivos de la Caja habían estado exigiendo la presentación de los Estados Financieros auditados, con inventarios de bienes patrimoniales, de equipos, bienes muebles, medicinas, controles de depósitos y de inversiones, etc., sin que aparecieran y repentinamente hace un par de semanas el director anterior supuestamente envió dichos Estados Financieros a la Contraloría, sin que por cierto sean públicos.

Entendemos que las proyecciones a largo plazo generalmente se fundamentan en los Censos Nacionales de cada diez años, de allí se obtiene información fiable sobre población, mortalidad y expectativa de vida, viviendas y demás.  Resulta que, por impericia o desidia, ni en el 2019 ni el 2020 se trabajó tan importante evento, de manera que los datos obtenidos no son reflejos de la realidad, por lo que a manera de burla se dice que no sabemos ni cuanto somos.  Emplear tales datos parece un poco arriesgado.  No es sino hasta el 2030 que se dará otro Censo, permitiendo corregir las lagunas del actual.

Para el proyecto de reforma, el propio director del Seguro, recién nombrado, no dudó en meter la mano al fuego avalando datos y cifras que ya, los propios empleados lo han rebatido, el caso de la Cartera de Préstamos a los jubilados, negocio redondo dado que el Seguro controla a los deudores mediante descuento directo. ¿Cómo puede haber pérdidas allí? Al decir de los encargados, dicho programa, pese al poco capital para préstamos deja unos site millones mensuales o sea $84 millon3s al año.  ¿Por qué la banca privada gana con dichos prestamos personales, al igual que las financieras, que se pelean dicho mercado y resulta que el Seguro pierde?  ¿Quién miente, el director o los encargados? Dicho programa tenía dos finalidades básicas, a saber: a. Generar ingresos adicionales para fortalecer las finanzas del IVM; b. Evitar que los asegurados con sus pingues ingresos sean víctimas de la especulación de financieras y Bancos, esto es así porque entendemos que el interés estaba en el rango de 4.9 a 6.5%.  Como si fuera poco, según Dicho director, la cartera hipotecaria es deficitaria, hecho también desmentido por los propios encargados.  Y es que el mejor negocio de la banca es la cartera hipotecaria porque existe una garantía real, que cubre el cien por ciento de lo prestado, aunque la regla es que el Acreedor sólo entrega un 80% de lo pedido, teniendo una garantía real del cien por ciento.  Todo esto nos hace pensar que o el director realmente es incapaz o está desesperado por darle dichas carteras a la banca privada, al igual que los fondos de inversión, por cierto, ¿por qué no se han invertido dichos fondos en negocios rentables?

IV CONCLUSIONES

Es evidente que en el corto espacio no podemos adentrarnos en el análisis pormenorizado de las “bellezas” que contiene el Proyecto, lo que si es importante es demostrar que todo es parte de una gran farsa para engañar no solo al pueblo sino también a muchos de los propios diputados que deben ser riguroso en sus anotaciones y al momento de emitir su voto.  El objetivo de la clase dominante es coger el negocio de la seguridad social, al igual que ocurrió con las llamadas privatizaciones que fueron tomadas por las transnacionales destruyendo el Estado Nacional.  No podemos permitir tal situación, se impone un RECHAZO TOTAL a dichas reformas.

El autor es Abogado