Ley que establece la PolÃtica Agroalimentaria de Estado y dicta otras disposicionesÂ
Adoptar una polÃtica agroalimentaria, ya sea nacional o regional, con compromiso real de la institucionalidad, con efectiva participación de los socios, gerencia y la administración, serÃan algunas de las alternativas para lograr una verdadera independencia agroalimentaria. Los gobiernos que administran los recursos naturales y resuelven las limitaciones de subsistencias generan mayor riqueza, mayor equidad, menos concentración de la propiedad, más educación por razones evidentes, más investigación y un aumento de la productividad de los factores con el consiguiente derrame a las actividades no agroalimentarias. La experiencia de los paÃses desarrollados que han alcanzado este nivel ha sido porque la polÃtica agroalimentaria maximiza la ocupación de la mano de obra en las distintas opciones, creando oferta interna y excedentes para exportación. Â
Ganar penetración en los mercados internacionales, para compensar el costo del creciente déficit serÃa otra alternativa económica importante, esto también es realizable con una polÃtica agroalimentaria constituida como una polÃtica de estado dentro de un marco territorial amplio, pero que considere las limitantes biofÃsicas y sociales. Siendo, además, la única fuente de divisas que depende de una actividad económica sostenible en el tiempo. Ganancia enorme en plena ocupación de recursos cada vez menos rentables. Escasez de tierra, agua y ganancias supernormales que sostienen las importaciones indiscriminadas de bienes de capital. Los gobiernos con efectivas polÃticas agroalimentarias tienen efectos favorables diferentes. Â
En un panorama donde la seguridad alimentaria y la soberanÃa nacional son pilares fundamentales, es crucial analizar cómo Panamá encara el futuro agroalimentario. Panamá ha dado pasos firmes hacia la consolidación de una PolÃtica Agroalimentaria de Estado, como lo evidencia la Ley 352, de enero del 2023 PADE.Â
En Panamá, el compromiso gubernamental con el sector agropecuario ha resultado en la promulgación de medidas concretas, como lo son: Reforma para uso de AgrotecnologÃa y cadenas productivas de valor, Reforma de Educación Agroalimentaria, Reforma de los modelos de bienestar para las familias rurales, Reforma del marco jurÃdico del Sector Público y modelo de gestión en respuesta a la adecuación institucional acorde con la Ley 352, respaldadas por la participación de los actores clave como lo es el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley 352; conformado por ocho consejeros del Sector Público, diez y nueve Gremios del Sector Privado cada uno escogido democráticamente en sus respectivos gremios. Esta dirección estratégica, guiada por el respeto hacia los productores nacionales y la seguridad alimentaria del paÃs, proyecta un horizonte prometedor. Â
Las importaciones, motor de la dependencia alimentaria, deben disminuir en Panamá, La Ley PADE de Panamá y el compromiso con la producción nacional y en particular con el sector de Agricultura Familiar, auguran una reducción progresiva de la necesidad de importaciones, fortaleciendo asà la seguridad y soberanÃa alimentaria del paÃs.Â
En cuanto a la producción nacional agropecuaria, Panamá parece encaminarse hacia un resurgimiento, respaldado por la visión de un Estado activo y la colaboración entre sectores. Â
En resumen, mientras Panamá avanza hacia un futuro agroalimentario sostenible y soberano, la lección es clara: la defensa del consumidor y la promoción del sector agropecuario son imperativos éticos, cÃvicos, morales y patrióticos que definen el destino de nuestras naciones hacia una nación más próspera, equitativa e igualitaria.Â
*Profesora en la Faculta de EconomÃa
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