En estos momentos en que la nación se encuentra en una de las encrucijadas mas importantes del país como lo es las reformas a la Caja de Seguro Social, porque afecta a toda la población, no sólo por sus consecuencias en la salud del pueblo panameño sino también en la subsistencia de los jubilados y pensionados, debemos tener la mente clara, tranquila y no dejarnos engañar con cánticos de sirenas.  Desde hace casi dos siglos, con los primeros pensadores socialistas, se determinó que la clase dominante para tener el control social se vale de una superestructura ideológica que le da un contenido de dominación, sin utilizar la fuerza bruta, a través de los medios, cultura, educación…  Algunas de esas tácticas fueron muy prácticas en el nazismo. Por 1956, pensadores alemanes (Gunter Anders) con un poco de más flexibilidad que los socialistas, reconocen la manipulación social mediante el llamado “condicionamiento colectivo”, donde los medios tradicionales juegan un papel importante, así como la caída del nivel educativo, social y cultural de la población, creando las llamadas tendencias en la opinión pública.  Ahora, con mayor razón con la existencia de medios alternativos, redes sociales, baja conexión del ciudadano de a pie con la realidad objetiva… 

En los últimos cincuenta años, todo lo que tiene que ver a la Caja de Seguro Social, se reduce a los siguientes conceptos o condicionamientos, a saber: A. Independencia financiera y administrativa; B. Aumento del monto de las cuotas; C. Aumento de la edad de jubilación; y, D. El sacrificio de todos los involucrados para evitar el fin del sistema.  Los creadores de tendencia de opinión han tomado tales parámetros como el “asunto a discutir”, soslayando los problemas reales que generan la pérdida de los dineros de la Caja, como lo es la falta de una administración profesional, la eliminación de la política en la Caja, eliminación y castigo para los corruptos que han saqueado los fondos de la institución.  De manera entonces, que se ha condicionado a la población a que el tema se circunscriba al problema del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte, dejando en el tintero lo más importante que es sanear la administración de la Caja, los dineros que se consigan para dicho programa caen en un bolsillo roto, en un barril sin fondo o en un hoyo negro, que todo se lo lleva.  No es casual, entonces el apuro en discutir “el problema”, para no dar tiempo a cualquier otro planteamiento y condicionarlo a que hay que llegar con la solución (“varita mágica”) del déficit. Es decir, transferimos la solución a quienes no tienen la responsabilidad en el manejo de la Caja, mientras se pueda llenamos nuestros bolsillos, cuando no hay, “transferimos el riesgo a los cotizantes”.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Caja de Seguro Social pertenece a quienes aportan los dineros para la ejecución de sus fines, en este caso, los trabajadores cotizantes, los patronos cotizantes y el Estado, como cotizante mayor, quien en tal circunstancia se ha tomado la administración y bienes de la institución, politizando el gobierno la institución, llevándola la situación deficitaria actual, desconociendo los derechos del resto de los aportantes.  La cacareada independencia de la entidad no es tal, todos los mecanismos de nombramientos están controlados por el Ejecutivo y tienen carácter político, no profesional, ni institucional.  De manera que la situación actual de la institución es responsabilidad única de quienes la han causado; pretender engañar a los cotizantes pidiéndoles sacrificios para “salvar la Caja”, es irresponsable, en todo caso, que se sacrifique el gobierno, que se ponga orden, se haga una depuración de las botellas, que se exija la productividad, eficiencia y buena atención para con los asegurados y sus beneficiarios, quienes han pagado un servicio por adelantado a un precio por encima del valor del mercado.

Por otra parte, el Estado panameño “no quiere bajarse del bus”, aportando fondos a la Caja, misma que le presta servicio en cuanto a los gastos de salud, descargando el sistema del MINSA. En muchos países se entiende que los jubilados prestaron un servicio importante al país, de manera que deben ser retribuidos en su justa dimensión, dado que en muchos casos su pago por jubilación está determinado al aporte de sus cuotas individuales; por lo que el Estado aporta para mejorar dichos pagos.  Recientemente El Salvador elevó su jubilación mínima a $400.00, bajo tal criterio solidario y el concepto macroeconómico de poner en circulación el dinero para motivar la economía.  Mientras unas mil doscientas empresas en Panamá mantienen contratos con la nación, que implican exoneraciones por casi ocho (8) mil millones de Balboas anuales, según han declarado los economistas Juan JOVANE, Gersán JOSEPH y Williams HUGHES sería bueno que dichos beneficios sean “sacrificados” y hagan un aporte anual de por lo menos el 50% de tal exoneración a la Caja.  Eso debe definirse antes del “sacrificio de los cotizantes”.  Por cierto, mientras la gran mayoría de los jubilados lo es en base a sus aportes, hay jubilados con “salario completo”, en razón de las llamadas “jubilaciones especiales”, que encarecen los desembolsos de la Caja, estableciendo una especie de “fueros y privilegios”, violatorio de la Constitución.

Hay algunos aspectos que son dignos de tener en cuenta, en primera instancia la aceptación por parte del propio presidente Mulino de la no privatización de la Caja de Seguro Social, aunque el nuevo director ha reconocido su deseo de “tercerizar” algunos servicios. Igualmente, ha estado visitando algunas Clínicas, conociendo de primera mano de parte de los propios usuarios las dificultades que viven para que se le reconozcan servicios ya pagados por adelantado.  Pero al parecer, el Ejecutivo pretende poner la carreta delante de los bueyes, es decir, que los proponentes especifiquen de dónde ha de salir los millones para tapar el hueco, cuando lo correcto es ver por qué hay dicho hoyo, quiénes son los causantes, corregir tales falencias y ver entonces si es necesario el tan cacareado “sacrificio”.  Pues bien, trabajando con en el orden por nosotros planteado, como fundamentales objetivos los siguientes: A. La inmediata reorganización y puesta en valor de la Caja, de manera que sus dueños, quienes aportan (trabajadores, patronos y el Estado como patrono más grande) tengan incidencia real en las decisiones administrativas y gerenciales del Seguro, tanto para dirigir las inversiones como ejercer el control de los bienes, patrimonios, rentas y productividad.  Para tal efecto, hay que determinar los montos de pérdidas del Seguro, producto de, por ejemplo, la subvención a la medicina privada, dado que la entidad por ejemplo paga por ocho (8) horas laborables diarias a sus profesionales, cuando éstos prestan sólo tres (3) o cuatro (4) horas diarias, sería bueno que los burócratas de dicha entidad nos dijeran, cuánto se gasta en medicina, equipo e insumos, a quién se le compra y cuánto realmente se usa, desde cuándo no se auditan los Estados Financieros cuyos últimos fueron entregados corriendo a la Contraloría, que según declaraciones del economista F. Argote, presenta un aumento de B/. 587 millones de superávit frente a 4 millones del 2022.  En todo caso, quienes han tenido la responsabilidad administrativa de la entidad deben cuantificar estas fugas y deben evitar que se siga con las mismas prácticas. B. Crear mecanismos de controles, fiscalización y auditorias, de las horas de servicios de todos los profesionales, creando a partir del 2025 el principio de que todas las nuevas contrataciones contengan cláusulas de exclusividad prohibiendo que tales funcionarios laboren privadamente u otras instituciones, salvo fuerza mayor que lo ameriten, creando remuneraciones atractivas al igual que facilidades que hagan interesante acogerse a tal exclusividad. C. Recuperación de bienes y activos “desaparecidos”, que precisamente un exdirector resumió antes de renunciar en una denuncia por peculado ante el Ministerio Público por más de B/.300 millones. D. Depuración del personal, eliminando todo vestigio de corrupción, enfatizando en controles eficientes en las planillas, viáticos, combustibles uso de vehículos, viajes y otros.  Cuando los burócratas de la entidad hayan hecho tal ejercicio, entonces se puede determinar si hay o no necesidad de acudir a buscar fondos de otras maneras.

 Es tiempo que la entidad tenga un equipo dinámico que genere inversiones seguras, con buenos dividendos, convirtiendo los bonos del Estado en Acciones de las empresas mixtas o las totalmente privadas, en Agencias generadoras e importadoras de medicamentos y otros bienes. B. Bajar las tasas de morosidad, mediante agresivos planes de inmediata recuperación, no permitiendo que ningún empleador o cotizante (el Estado) mantenga una morosidad de más de 2 meses.  Los pagos que haga el Estado de las retenciones y cuotas deberán ser en efectivo, no en Bonos a bajos intereses.  No puede ser posible que las distintas entidades del Estado y Municipios mantengan morosidad con la Caja, ¿acaso ni en eso puede sacrificarse el Estado?  F. La Caja debiera ya tener su propio grupo empresarial financiero, con el fin de elevar los rendimientos de sus dineros, por ejemplo, convertirse en accionista de las empresas públicas como el Aeropuerto, los corredores, financieras, que presten a los jubilados teniendo segura la recuperación de los préstamos.  ¿Por qué la Caja no tiene una empresa propia de medicamentos, teniendo un mercado seguro, pagando por el uso de licencias y teniendo una administración profesional, acaso otros países vecinos no lo hacen?

 De manera, entonces que la Caja de Seguro Social deje de ser la caja menuda del Estado, cada vez que los gobiernos quieren congraciarse con los distintos gremios, se salen con las jubilaciones especiales, una forma de subvención que paga la Caja en favor del Estado, igualmente al abandonarse los esquemas de la salud preventiva, función del Estado, se recarga la función de atención médica de La entidad se incrementa, ya se ha olvidado que prevenir es más barato que curar. Es clara la subvención al Estado cuando por ejemplo los gastos oncológicos, que debe cubrir el MINSALUD, recaen sobre la entidad. 

 Es claro, entonces que las supuestas reformas a las normas de la Caja de Seguro Social, y sus programas deficitarios, deja por fuera de participación y consulta a los verdaderos dueños de la institución, los cotizantes (trabajadores, empleadores y el Estado, sólo con el derecho que tiene como mayor empleador cotizante y no como dueño de la institución), de manera que se imponga una restructuración total de dicha entidad, con transparencia y controles.  Todo esto sin siquiera ver el problema macroeconómico, dado que el empuje, crecimiento y los índices del empleo deben incidir en el volumen de ingresos de la Caja.  Es el momento de que los cotizantes, usuarios y beneficiarios comencemos a ejercer nuestro derecho, nuestra voz y nuestra capacidad de fiscalización, este es el momento.

El autor es Abogado y Docente