Al regresar a Panamá después de un viaje, me encuentro con una noticia que deja un sabor amargo en la boca, una sensación que probablemente compartan muchos de mis compatriotas: ¿dónde están los millones pagados por Minera Panamá? Los $567 millones de dólares, correspondientes a regalías e impuestos que la empresa minera pagó al Estado panameño en noviembre de 2023, aparentemente han desaparecido en las arcas del gobierno anterior, dejando muchas preguntas y muy pocas respuestas.

El presidente José Raúl Mulino ha señalado que la administración de Laurentino Cortizo utilizó esos fondos. Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo de este dinero y la evasión de las autoridades al respecto nos deja con más dudas que certezas. ¿Cómo es posible que se dispusiera de fondos que, según se nos dijo, debían mantenerse en una cuenta restringida hasta que se resolviera la crisis económica y social en el país?

La declaración de Mulino es un reflejo de la opacidad con la que se ha manejado el gobierno de Cortizo en asuntos críticos para el país. Durante años, el exministro de Economía, aseguraba que el dinero de Minera Panamá se encontraba en una cuenta restringida del Banco Nacional de Panamá. No obstante, ahora sabemos que estos fondos se utilizaron sin que la población, que en teoría debería ser la beneficiaria final, tuviera conocimiento ni voz en el asunto. Esta falta de transparencia es, francamente, inaceptable.

Aún más preocupante es el hecho de que no se hayan explicado en qué se gastaron estos millones. La evasión de los exfuncionarios del gobierno, que optan por “hacerse los despistados” con el tema o ser deliberadamente ambiguos, solo agrava la desconfianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes. Esta es una actitud que raya en la falta de respeto hacia la población, que merece saber cómo y en qué se utilizan los recursos que son, en última instancia, de todos los panameños.

El contrato minero establecía claramente cómo debían usarse estos fondos: un 50% para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), un 25% para un fideicomiso destinado a proyectos de inversión en áreas específicas, un 20% para el aumento de pensiones de los jubilados que recibían menos de $350 mensuales, y un 5% para el Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente. Nada de esto se ha cumplido. Por el contrario, nos encontramos con un gobierno que utiliza estos fondos para propósitos que aún desconocemos, violando flagrantemente el acuerdo y, por ende, la confianza del pueblo.

Esta desinformación y el manejo turbio del contrato minero no solo afectan la credibilidad del gobierno ante su pueblo, sino que también nos deja en una posición precaria ante la empresa Minera Panamá. Como bien señala el abogado ambientalista Harley Mitchell, estos actos pueden ser vistos como mala fe por parte del Estado panameño en cualquier arbitraje internacional, lo cual podría llevar a que, una vez más, sea el pueblo panameño el que pague los platos rotos por las acciones irresponsables de sus gobernantes.

Es hora de que el gobierno actual y los exfuncionarios involucrados rindan cuentas claras sobre el uso de estos fondos. No podemos permitir que una cantidad tan significativa de dinero público se diluya en las sombras de la corrupción y la mala gestión. Necesitamos saber quién autorizó estos gastos, en qué se utilizaron exactamente los fondos y cuáles son los beneficios tangibles, si es que los hay, para el pueblo panameño.

El gobierno de José Raúl Mulino tiene la responsabilidad de abrir los libros y permitir una auditoría independiente de estos fondos. El país necesita transparencia, no más excusas ni evasiones. Los panameños merecen saber la verdad y ver justicia hecha en este asunto.

En tiempos de crisis económica y social, la gestión transparente de los recursos públicos es más crucial que nunca. No es solo una cuestión de legalidad; es una cuestión de ética y de responsabilidad hacia un pueblo que ha sufrido demasiadas decepciones y merece, al menos, la verdad.

El autor es Periodista