En días recientes, mediante las redes sociales están sacando un anuncio mal intencionado, en contra de los distintos colegas abogados, que de una forma u otra se oponían al contrato con la MINERA, alegando entre otras cosas supuestos cobros de grandes honorarios, pagos por quienes se oponían a tal contrato.  Resulta, entonces que dicha argumentación o falsa noticia ha sido auspiciada lógicamente por los PROMINAS, quienes cuentan con los gurús y sabe lo todo, que nunca pegan una. Y es que tal esquema no hace más que demostrar el profundo dolor de la derrota, la soberbia en sus actuaciones o la ignorancia inexcusable de tales “genios”. No dicen, precisamente quién es el cliente que ha pagado, pero tal afirmación busca generar suspicacia, bajo el criterio de que no han actuado gratis.  Pues bien, independientemente de si cobraron o no, la cuestión es que al final ya sea por convicción, ideología, patriotismo, o por ocio, dichos letrados ejercieron distintos mecanismos jurídicos que dio al traste con semejante mamotreto, ajeno a nuestra legislación.  Hoy el gobierno quiere decirnos que por dicha labor cobraron, pero es que conforme a los Artículos 4 y 16 de la Ley 350 de 21 de diciembre de 2022 (Gaceta Oficial 29,686-B, de 21 de diciembre de 2022), los abogados tenemos derecho a cobrar por nuestros servicios profesionales, no es ningún delito hacerlo, honorarios conforme a la Tarifa Oficial, determinada mediante Acuerdo 609-A, de 4 de junio de 2021 (Gaceta Oficial 29309-B, de 16 de junio de 2021), de la Honorable Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, ¿dónde está el delito que malamente insinúan los PROMINAS?  Es evidente que siendo la relación abogado-cliente, personalísima y sujeta al principio del secreto profesional, la única forma de que, quienes soltaron tal noticia es mediante información directa de la Dirección General de Ingresos (DGI), hecho prohibido por Ley, ¡mal asesorados, señores del Ejecutivo! Por si esto fuera poco, pareciera insinuar que sólo los abogados de la MINERA y las firmas de abogados contratados por el Estado para realizar tal contratación tienen derecho a cobrar, ¿por qué esa discriminación para con los colegas?  ¿Por qué auspician la lucha de clases, será que se sienten protegidos por los dineros y las grandes empresas imperialistas?

     No deja de ser interesante determinar entonces, ¿cuánto le pagó la MINIERA a sus abogados para que participaran en tal negociación?, ni ¿cómo el Ejecutivo escogió a los abogados tanto de Estados Unidos  (supuestos expertos en minas) como a los nacionales, cuántos le pagó, cuáles eran sus obligaciones contractuales, si se les exigió fianza de cumplimiento, por cuanto y si ésta ha sido retenida para resarcir el daño sufrido por semejante mamotreto, no con una, sino veinticinco causales de inconstitucionalidad?  Al parecer los gurús no entienden que ese es nuestro dinero, de todos los contribuyentes panameños y han permitido tal nivel de torpeza, negligencia o culpa, digna de un castigo ejemplar.  Lo más grave es la complicidad, la falta de diligencia del Ejecutivo y del Ministerio Público, controlado por gente que todavía sufre de esclavitud y servidumbre menta.  Los servidores públicos que actuaron en dicha contratación deben ya estar sujeto a investigación con medidas serias, incluyendo control de cuentas bancarias.  Por cierto, a la hora de la verdad, lo que se pierda le es imputable a la representación del Ministerio Público que no tendrá excusa alguna.

     No contento con tales arbitrariedades, nos llama la atención que supuestamente están alarmados por la supuesta caída del PIB, del empleo y las calificaciones de crédito, información dada por los mismos personajes que cuando se consiguió la firma del Torrijos Carter, decían que la inversión se iba de Panamá porque la garantía eran las tropas yankees en nuestro país, que los panameños no sabríamos manejar ni cuidar el Canal, que caeríamos en manos del comunismo…, etc.  Ni lo uno ni lo otro, es bueno tener presente que de los casi siete mil empleos más de cuatro mil eran extranjeros, que la caída del PIB, ha sido causada por la mala administración, que ha permitido que el agro muera, el turismo, y la poca gestión del Canal de Panamá. Pero como ha expresado el Economista Universitario Williams Hughes (Portada La Estrella de Panamá, 3 de marzo de 2023), nos dice: “En opinión del economista, los fondos que entran por la actividad del Canal, la principal empresa pública del país, terminan llenando el hueco que dejan los millones de dólares en impuestos que no estarían pagando las grandes empresas.  Los ingresos del Canal han sido esencialmente para financiar el subsidio a las empresas vía la reducción del impuesto sobre la renta.” (Negrita nuestra).

    Si a estas alturas, los planificadores del Estado desconocen esta realidad, estamos en problemas serios.  Y, es que las empresas del club de exonerados, de contrato con la nación, dejan de pagar unos ocho mil seiscientos millones de dólares al año, ni sumando los aportes del Canal (unos dos mil quinientos, los corredores, casi quinientos, la lotería, casi quinientos, y suponiendo los trescientos cincuenta de la MINERA, no llegamos al 60% de lo evadido.  De manera que lo expresado en dicha falsa noticia carece de fundamento, no es la falta del aporte de la MINERA lo que ocasiona el problema, es la desigualdad, mientras nosotros los panameños de a pie, los patis sucios tenemos que rompernos el lomo pagando impuestos, en nuestro país somos discriminados por nuestras propias autoridades, de manera que las grandes empresas extranjeras no pagan impuestos, no contribuyen al sostenimiento del Estado ni al desarrollo nacional.  Sería bueno que por ejemplo la Universidad de Panamá, a través de sus organismos de investigación, en este caso económicos, determinaran cuántas empresas gozan de tales indemnizaciones, cuánto es el monto anual de lo exonerado, quiénes fueron los promotores (abogados y apoderados) de tales contratos con la nación, cuánto dejan de pagar al Fisco y cuánto es su aporte al PIB, nos llevaremos una sorpresa de los miembros del club de exonerados y contratos con la nación, y probablemente nunca volverían a recortar el presupuesto universitario.+

     Pero lo más risible es que como dice el autor ya citado en reciente artículo publicado en La Estrella de Panamá (El aporte de FIRST QUANTUM MINERALS, MINERA PANAMÁ, S. A., en la economía), es un estudio privado, realizado por empresa privada por cuenta de dicha empresa, de manera que no constituye elementos de objetividad.  Al final no han recordado que los libros y asientos contables hacen fe en contra del comerciante no a su favor (Artículo 90 del Código de Comercio), de forma que por ejemplo los supuestos miles de empleos, no se compadecen con la realidad de la planilla de la MINERA declarada en la Caja de Seguro Social, ni los grandes aportes, que ni siquiera llegan a lo dado por el Canal o los Corredores, ¿dónde está el negocio entonces, y quién se lleva los miles?

    Ahora bien, al parecer al Ejecutivo se le ha olvidado cuáles son sus funciones, mismas que juró cumplir, es decir como servidor público, está obligado a cumplir y hacer cumplir con la Constitución y la Ley, por lo que su deber era mantener la libertad de locomoción, no auspiciar la lucha entre los que protestaban, con justa razón y precisamente hacían el trabajo que él debía haber hecho, pues defendían la Constitución y la Ley, frente a no menos de 25 causales de inconstitucionalidad, y los productores y empresarios.  ¿Por qué se empecinaron en aprobar un contrato a todas luces inconstitucional?  Ya el Procurador de la Administración había advertido de tal circunstancia, misma que no fue atendida, ocultaron tal información y lograron la aprobación de los Diputados, ¿acaso, no hay dolo?   ¿Se han investigado a los funcionarios culpables o el Ministerio Público sólo se atreve a investigar a los panameños de segunda categoría?

    Es evidente que, al igual que el Canal de Panamá, los recursos del subsuelo son patrimonio de la nación, bienes de todos y cada uno de los panameños.  De manera que todos tenemos derecho a participar, a opinar y a decidir, así se hizo con el Tratado del Canal, con la ampliación, pero con un bien con reservas en mineral de casi de tres mil millones de toneladas, con un valor actual de mercado de 25 trillones de dólares, según información de la propia MINERA.  Pero resulta que el Estado panameño no conoce las interioridades, ya por negligencia, ya por ignorancia inexcusable, tampoco hubo un informe al pueblo (quien es el dueño verdadero) de organismos interdisciplinario sobre tales reservas, valores, impacto ambiental, económico y fiscal.  Esa labor nunca se hizo, nunca se dieron charlas en los grupos sindicales, pequeños productores, transportistas, pobladores, profesionales y demás, todo fue a escondida, a lo oscuro, ¿por qué?

     No cabe más que felicitar a todos los que de una manera u otra pusieron su grano de arena en la defensa de la soberanía, nuestro patrimonio, la Constitución y la Ley.  Flaco favor se hace quienes quieren sacarle las castañas al fuego pretendiendo vilipendiar a los colegas, que pusieron el pecho en defensa de la patria sin distingo de clase, profesión e ideas religiosas o política.  Si quienes dirigen el Estado no han aprendido la lección, que tomen distancia, porque el tiempo se acabó, la suerte está echada.

El autor es Abogado Litigante