En múltiples ocasiones hemos hecho referencia a las condiciones de “Estado fallido” de nuestro país, dado que no se cumple con los fines y objetivo del Estado moderno, en la medida que todos los Órganos del Estado traban en función de satisfacer los requerimientos de la clase dominante, repartiendo migajas para los más necesitados.  Esa sensación afloró con mayor evidencia en la aprobación de un contrato-Ley totalmente favorable a los intereses de empresas extranjeras en detrimento de nuestra economía, ecología y soberanía nacional.  A pesar de lo limitado del espacio, trataremos de resumir los hechos más relevantes que nos muestran que el Estado esta al Servicio de la transnacional minera. Veamos.

1. LO QUE MAL COMIENZA MAL ACABA

    Hemos visto en las redes sociales, con mucho lujo de detalles, la adjudicación de las distintas concesiones mineras, sin cumplir con la licitación, estudios de impacto y demás requisitos.  Pues bien, hace unos cuantos días, el Gerente de FIRST QUANTUM MINERALS LTD. (FQM), señor TRISTAN PASCALL, dijo en entrevista al diario La Prensa, repetida por distintas redes sociales algunas cosas, dignas de tener en cuenta, a saber:  A. Al adquirir en el 2011 la concesión, de otra empresa, para la presente explotación, ya sabían que tenía dos demandas de inconstitucionalidad de ese contrato original, a confesión de parte relevo de pruebas.  De manera que se hace evidente que estamos ante una inversión riesgosa, riesgo que sus abogados alegaron poder superar.  No superado tal riesgo, mal puede presentar demanda alguna pidiendo indemnización o devolución de inversiones y es que nadie puede obtener ventaja de sus propios errores, en todo caso, quienes recomendaron seguir con la inversión corren con tal responsabilidad. Y es que, en estricto derecho, la fuente de tal indemnización no es el contrato, que ellos sabían que era riesgoso, sino un riesgo asumido por ellos, ajeno a incumplimiento contractual.  B. Bajo tal esquema, los accionistas tienen que pedir una rendición de cuentas a sus Directivos, quienes no actuaron con la diligencia de un buen padre de familia, asumiendo un riesgo mas allá de las posibilidades de obtener o enmendar la actuación ya viciada.   C. Sostenía dicho personaje que buscaban lograr un arbitraje a fin de recuperar “su inversión”, pero ¿en base a que contrato vigente hicieron ellos tal inversión?  ¿Quién y en base a qué le otorgó permiso para realizar todos los trabajos de desmonte, terracería, una central eléctrica, un Puerto Internacional, visas de trabajo a más de cinco mil trabajadores extranjeros, permiso de trabajo para los mismos, barriadas, llevarse sin tener contrato vigente más de ocho mil millones de balboas, sólo en cobre (no se contabilizó ni oro, plata… y otros metales), sin control alguno y mucho menos pago al Estado panameño?  El despojo, hurto, apropiación indebida, el peculado de bienes del Estado (subsuelo), sin tener contrato vigente y lo más interesante, ¿introducir esos miles de millones al sistema financiero no constituye lavado o blanqueo de capitales?, porque dichos fondos no tienen sustento legal alguno.  ¿Cuántos bancos en Panamá, Canadá, Estados Unidos o Suiza están bajo investigación por recibir tales dineros? ¿En qué lista aparece dicha empresa? La propia Embajadora de Los Estados Unidos de América reconoció (programa radial de E. Cabrera, Estrella de Panamá…) que accionistas norteamericanos tenían casi el 40% del paquete accionario de manera que ellos son anglos, blancos, rubios de ojos azules, no delinquen, hacen negocios, ni hay listas para ellos, sólo para latinos, afros, árabes… Es el momento de que los países pobres del tercer mundo comencemos a crear nuestra propia lista de empresas y personajes inaceptables. D. Es bueno tener presente que, en teoría, países de la Unión Europea, Canadá, Japón y otros, tienen códigos de conducta para sus empresas, frente a sus negocios en el tercer mundo, no siendo permitido la corrupción, soborno, conflicto de intereses y otros, de manera que la actuación de la minera pareciera no ser del todo pura y cristalina, como se pudiera pensar de una empresa del primer mundo. 

    Por último, debemos tener presente que TRISTAN PASCALL, dejó entrever que FQM no dio sobornos o la conocida coima, que para otros son donaciones.  Pero si reconoció que la MINERA hizo donaciones en la campaña electoral del 2019 a todos los candidatos, de manera que eso explica por qué los que hoy son candidatos de nuevo, defendieron a capa y espada el contrato, hasta con faracho mediático. No cabe duda de que esta confesión, demuestra el conflicto de intereses del propio Ejecutivo, los Diputados y demás servidores públicos, quienes recibieron tal donación.  ¿Acaso esas donaciones no generan el compromiso de pagar el favor? Es evidente que toda la contratación está viciada.  Pero lo que es más sorprendente es que el Ministerio Público hoy persiga a quienes defendieron la integridad y constitucionalidad de la patria, en cambio a quienes incumplieron su deber de servidores públicos, violando la Constitución y la Ley, no una sino 25 veces, ni siquiera se les haya iniciado una investigación, como veremos.  Probablemente, sin saberlo, dicho Gerente ha destapado la caja de Pandora, no aquí, sino en el Norte, ya las organizaciones ambientales recogen firmas en Canadá para tal fin, el propio Trudeau reconoce que suficiente ridículo con el jerarca nazi aplaudido a rabiar en el Parlamento, por atender a un loco ucraniano.  Entonces veremos a los criollitos poner pies en polvorosa.  ¿Acaso alguna autoridad nacional investigará tales donaciones, mediante certificación del Tribunal Electoral y exhibición pericial a los libros, cuentas y pagos de la MINERA, antes de que las pruebas caminen o se pierdan?  ¿Será que hay complicidad, componendas o ignorancia manifiesta para proteger a la MINERA y los que sin pudor alguno violaron con 25 causales la Constitución, e impusieron un contrato ley, pese a tener claro conflicto de intereses pues estaban en deuda con la MINERA?

2. DEL MANEJO DÉBIL, NEGLIGENTE E IRRESPONSABLE DEL ESTADO DE LA PRESENTE CRISIS
3. LOS ANTECEDENTES

     Como había manifestado Aristóteles “la política es el arte de gobernar”, lo que significa en nuestro lenguaje criollo en “la política es el arte de sumar simpatías, no de restar”, ni lo uno ni lo otro a funcionado para la actual administración.  Pues bien, la presente administración inició en el 2019, conociendo todos los sin sabores y anomalías de la concesión minera, de manera que era su obligación legal, darle cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte, en el famoso fallo escondido, realizar todas las gestiones necesarias, si era tal el interés en dicha contratación por los supuestos beneficios a recibir, por lo menos tratar de enmendar y corregir las fallas más puntuales y evidentes. Igualmente, con mucha antelación pudo crearse una Comisión de economistas, abogados, ecologistas, expertos en mina, a fin de presentar una contratación acorde con los intereses nacionales.  Teniendo presente que “mientras más se consulta, menos se equivoca”, realizar una amplia consulta a todos los niveles y grupos sociales, sindicatos, asociaciones de productores, asociaciones empresariales, entes no gubernamentales, pobladores y demás, con el fin de poner en conocimiento tal evento y recibir las sugerencias de los mismos.  En el caso que nos ocupa, no hemos conocido de reuniones en tal sentido a lo largo del país, y por cierto ni siquiera en la base social y política del gobierno, sus propios partidos (PRD-MOLIRENA).  Esto se trabajo a escondidas, con miedo, temor a destapar la caja de pandora.  Eso levanta de inmediato las sospechas justas y lógicas de toda la población, que ya había sido engañada con los famosos diálogos, sin resultado alguno en el 2022.  De manera que, a escasos seis meses antes de las elecciones generales del 2024, al estilo de los “madrugonazos” se presenta, aprueba y refrenda dicho contrato Ley, sin tomar en cuenta las observaciones, protestas y  cierres de calles realizadas por miles de panameños, de todas las clases y niveles sociales, prácticamente sin dirección y liderazgo, pero con una gran asistencia, nunca vista en el país, síntoma de que el problema ya va más allá del simple contrato minero, hay “cabreo” en la población.

1. LA CRISIS

    Ya con la enseñanza de la crisis de los diálogos las organizaciones sociales tenían un claro concepto de  no caer en el juego del Ejecutivo, forzarlo a llegar a compromisos vinculantes y de beneficio para la población.  Ahora bien, el Ejecutivo no supo interpretar los avisos y mensajes que el pueblo le enviaba. Y es que se dejaron llevar por los consejos de los gurús extranjeros, la soberbia (siempre mala consejera), los propios medios “formales”, que siempre habían dirigido las crisis a su antojo, distrayendo la atención del pueblo con puro circo, la prepotencia de contar con la Fuerza Pública como ente represor, factores que llevaron al gobierno a pensar que el “madrugonazo” era viable para imponer tal contrato ley.  Bajo tal esquema la estrategia del gobierno, si es que la tuvo, no midió correctamente lo siguiente: A. Período en que sometía el contrato ley a su aprobación, muy cerca del torneo electoral, con un ambiente altamente politizado, donde la taquilla electorera jugaba un papel principal; B. El costo o riesgo frente a la imposición de tal medida, para el Ejecutivo tal riesgo era incalculable, el efecto del desgaste y rechazo popular se verá con toda claridad en las elecciones de mayo del 2024, donde la factura de rechazo y castigo puede estar por un 70%, para todos los cargos de elección popular, es decir el mayor perdedor será el propio partido de gobierno (PRD-MOLIRENA), quien cuenta con poco tiempo para tratar de corregir el devenir político; C. La estampida de los potenciales “donantes”, quienes ya tienen sus barbas en remojo y trataran de no apostar para no poner en riesgo su inversión. C. Del lado de los protestantes, no tomaron en cuenta lo siguiente: 1. Que quien menos tiene, menos pierde, quien más tiene su pérdida será, mayor, esto endureció la resistencia, sin que el gobierno tomara en cuenta este factor (aún hoy no lo toma en cuenta, poniendo sal en la herida, tratando de procesar, de manera irresponsable y en violación de claros principios de Derechos Humanos, a los dirigentes indígenas, sindicales y magisteriales), flaco favor el del Ministerio Público, que no ha perseguido a quienes han cometido no una sino más de 25 violaciones constitucionales, no asimilan su derrota ni han entendido que en política hay que aprender a tragar sapos (G. Endara); 2. Irresponsablemente, el gobierno jugó al avestruz, rehuyendo la crisis, dejando que la presión bajara por si misma, sin hacer ningún intento de negociar, de buscar el diálogo, resolver lo más sencillo, luego lo más difícil, con método y cumplimiento de objetivos.  Esto nos llevó a más de 50 días de cierres, batallas en las calles, vigilias, pérdidas de clases, atención médica y demás, que la propia Cámara de Comercio estimó en unos $90 millones de pérdidas diarias.  Es bueno tener presente (Artículo 17 de la Constitución Política) que los servidores públicos están obligados a cumplir la Constitución y la Ley, hecho este que juran al momento de tomar posesión del puesto, pero resulta que sólo cobran sus salarios y prebendas, pero no cumplen con la norma, ¿quién tiene pues la obligación Constitucional y legal de garantizar el libre tránsito?  ¿Serán acaso los pobladores, los dirigentes gremiales, los jóvenes protestantes o será el Ejecutivo con todos sus ministros y los cientos de Comisionados?  ¿A quién se puede culpar de los cierres de calle, al pueblo que ejerce su derecho de protesta o al gobierno incapaz?  Es decir, toda la debacle económica es responsabilidad del Ejecutivo.  ¿Cuántas veces se buscó una mediación con los dirigentes de la protesta, aunque fuera en razón de solucionar hechos puntuales, humanitarios de existencia misma del país? Que sepamos sólo en tres ocasiones hubo reuniones con la dirigencia de la Cámara de Comercio, que quería la apertura, pues el Estado, al parecer sólo es de ellos, la policía sólo protegió a la MINIERA, a quienes cometieron las violaciones constitucionales.  Por cierto, algunos pastores evangélicos, católicos, abogados, los propios reservistas de la Fuerza Pública, muchas personas pudieron generar diálogos parciales, para permitir el movimiento de heridos, medicinas, comida, combustible, etc., pero nunca se hizo tal gestión por parte del Ejecutivo.  ¿Cuál es el miedo, por qué no se atreven a dar la cara, qué esconden?  Al final, si los judíos y palestinos pese a estar en guerra total, han hecho treguas humanitarias, ¿cómo en Panamá, que no tenemos esa filosofía, no pudimos resolver tal pequeñez? 3. El Ejecutivo, sus acólitos, medios formales, mercenarios de la pluma y “los bien pagaos”, no dudaron en atacar al pueblo y gremios con los viejos epítetos, para desvirtuar la lucha, llamando vagos, sin oficios, mantenidos…, misma gente con el mismo pregón del 9 de enero de 1964, que mientras la juventud ofrendaba su sangre por la soberanía, eliminar la perpetuidad, una sola bandera, esa misma gente los atacaba como ñangaras, ladrones, maleantes… pero fue esa acción heroica  y la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas, acción digna del Presidente Roberto F. Chiari, la que generó el Tratado Torrijos Cartes, al final, quienes más criticaban la lucha fueron los que han entrado en el Canal, no el pueblo.  Esos son los más beneficiados de un Panamá verde.  4. Los voceros del gobierno, siguiendo una línea extraña, buscando la confrontación, no dudaron en propiciar que los distintos grupos afectados por los cierres hicieran en el trabajo de esquiroles, rompe huelgas naturales, pero tal operativo fallo.  No es casual, entonces el incidente en Chame, que existiendo policías enfrentando el cierre, no advirtieran que un ciudadano armado bajó de un vehículo, y asesinó a dos miembros de la resistencia.  Ya en Chiriquí se habían dados incidentes de rompe huelgas lanzando sus autos en contra de la gente, también dos muertos y adicional un piloto de helicóptero, en funciones de puente aéreo entre Panamá y David, se realizaron operaciones encubiertas como los “asaltos a la Contraloría”, que a sabiendas de que las manifestaciones tenían por área de concentración la Cinta Costera y la Avenida Balboa, extrañamente carecían de protección frente a los manifestantes, ¿Acaso esa no es función del Sistema de Protección Institucional (SPI), o es sólo para devengar un salario y pasear en autos alquilados con dineros del pueblo panameño?.  Por cierto, parece necio insistir, el Ejecutivo prefirió pagar, entendemos sin licitación, a una empresa colombiana por dichos servicios, cuando probablemente hubiese sido más barato negociar corredores humanitarios, realizados por los propios productores, transportistas y usuarios.

3. EL FALLO DE LA CORTE Y SU EJECUCIÓN

    Como bien sabemos, el 28 de noviembre del presente año, la Honorable Corte Suprema dictó formal Resolución declarando unas 25 causales de inconstitucionalidad del citado contrato Ley 406, por lo que éste sale del mundo jurídico.  Es importante tener presente que la Corte realizó dicho trabajo dentro de los plazos dispuestos en la Ley, de manera que responsablemente buscó solventar la crisis nacional, evitando mayor desgaste de la economía del país, cosa que no hizo ni el Ejecutivo ni la Asamblea.  Esta decisión le dio la razón al pueblo panameño, que ha dejado en ridículo la postura tanto del Ejecutivo como del Legislativo y a todos los defensores “gratuitos y en interés nacional” del famoso contrato minero.  En su momento haremos un análisis pormenorizado del fallo, en la medida que se pueda contar con el medio idóneo para ello.

    Es bueno, a este respecto, tener en cuenta que el Ejecutivo tenía unas empresas y abogados contratados para la negociación con la MINERA, mismos que nunca salieron a dar explicación al pueblo, contratación que desconocemos si se dio mediante licitación pública, contrato si tiene fianza de cumplimiento vigente, si la Contraloría General ha retenido, dado el resultado negativo de tal trabajo, lo que implica un incumplimiento de la empresa consultora-asesora, quién o quienes recomendaron dicha empresa y autorizaron dicha contratación.  Hay muchos cabos sueltos que deben ser explicados, no basta con la renuncia de los funcionarios, hay responsabilidades que no pueden ser pasadas por alto.

    Debemos decir, entonces que los defensores a ultranza de la MINERA quedaron al descubierto con este fallo, llegando incluso algunos a plantear la renegociación del contrato, amenazar con demandas multi millonarias, y persiguiendo a los dirigentes de las protestas.  Se le olvida al Ministerio Público que quien tiene que garantizar la libertad de tránsito es precisamente el Ejecutivo, recientemente derrotado por violador de la constitución y no los particulares.  Esos procesos en un tribunal de Derechos Humanos se caen de inmediato, con la consiguiente indemnización que tenemos que pagar todos los panameños, por lo que se debe advertir que cualquier responsabilidad recae en primera instancia en los funcionarios que han actuado de forma arbitraria, aplicando la solidaridad del Estado de manera subsidiaria.

4. ¿QUÉ HACER?

     Si bien la victoria del pueblo ha sido contundente y tiene un carácter estratégico, porque resuelve de raíz el problema, también es cierto que hay tareas que para bien o para mal competen al Estado realizarlas, en especial aquellas dirigidas en evitar un potencial pleito, teniendo la preocupación que el Ejecutivo no tiene ningún interés en realizarlas.

     Veamos las tareas urgentes a corto plazo: 1. Hay que presionar al Estado para que, al declararse fuera del mundo jurídico el contrato Ley 406, se proceda a exigir el pago de todo el material que MINERA retiró del proyecto desde hace más de diez años, sin tener contrato valido, que puede sumar más de $8 mil millones de dólares, incluyendo no sólo el cobre, sino también el oro, plata, rodio, etc.  En este punto es necesario que se anulen todos los permisos y autorizaciones dadas a la MINERA para construir puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, etc., puesto que no existe un contrato principal que sustente tales concesiones y facilidades, ni tampoco ni los pagos por dicho material ni repartir dividendos pues el origen de dichos fondos emana de un acto delictivo.  Tampoco pueden quedarse vigente los permisos de trabajo de los cientos de malayos, filipinos, birmanos, etc., ni los permisos de residencia. No sólo anularlos sino realizar investigaciones detalladas y sancionar penalmente a quienes participaron en tales acciones.  2. De manera que estamos en presencia de un Estado fallido, donde los servidores públicos responden a los intereses del gran capital, sin tomar en cuenta sus funciones, sin rodeos, trabajan para MINERA, la Aeronaval protege las instalaciones de la mina, la policía protege a la mina, el Ejecutivo en abierto conflicto de intereses protege a la MINA, funcionarios del Ejecutivo, quienes fueron directores de la MINA o realizaron negocios con ella, en abierto conflicto de intereses firmaron el Decreto remitiendo el Contrato Ley 406, funcionarios que admitieron estudios de impacto ambiental vencidos no dudaron en apoyar la MINA, Ministros a quienes la Procuraduría de la Administración le advirtió de las violaciones constitucionales de dicho contrato Ley, no dudaron en llevarlo a la Asamblea Nacional para su inmediata aprobación, el propio Ejecutivo, con conocimiento de tal hecho raudo y veloz lo refrendó, quienes siguiendo instrucciones del Ejecutivo, protegieron a los diputados que estaban cometiendo el delito de violación del texto constitucional, no una sino 25 veces, fueron cómplices del delito, en este caso la Policía Nacional, que lejos de cumplir su función de evitar los delitos protegieron a los delincuentes y persiguieron a quienes querían evitar tal sacrilegio, a quienes nunca han protegido la bandera nacional, por la que los mártires murieron el 9 de enero, pisoteaban en las manifestaciones, sin que nadie respondiera por ello, a quienes pagados por el Ejecutivo, atacaron a los manifestantes, con intención de crear la división entre los panameños y la lucha de clases (ojo, no tomen ese riesgo), esa gente ha contribuido a la situación de hoy, con un Estado a quien nadie le cree, con postura de niño malcriado, no apoyaron a la MINA  ahora no les doy jamones, sin ellos no hay juego, me llevo la manilla, el bate y la pelota, no coman cuenta, no aprendieron absolutamente nada del 20 de diciembre de 1989, “es mejor una retirada ordenada que una derrota desordenada”, porque en ésta se pierde todo.  Sólo un ministro ha renunciado, cuando ese 28 de noviembre de 2023 han debido renunciar todos, porque ya perdieron la confianza popular, pero como la soberbia y el juega vivo es más grande han de conducir al país a una encrucijada que puede desembocar en una situación de violencia nunca vista en Panamá. Los falsos profetas ahora preocupados quieren achacar al pueblo que luchó en las calles, las medidas de descalificación de las Calificadoras internacionales para con nuestra economía, eso, como bien se sabe es producto del Estado fallido, nunca se adoptó medidas de contención del gasto público, ni la contraloría ha jugado su papel, por eso, hablar de la caída del PIB y otras yerbas es poco serio, pero si quieren corregir, basta con una administración honesta y seria y el pueblo militantemente  vigilante en la calle.

El autor es Abogado y Docente