En diversas ocasiones hemos hecho referencia al concepto del “Estado Fallido”, como expresión de un Estado que no cumple con sus objetivos que le son propios. Teniendo presente que la Constitución es la columna vertebral del Estado, su cumplimiento es fundamental para convivencia social pacífica.  Mientras los servidores públicos juran cumplir con la Constitución y la Ley, bajo el principio de estricta legalidad (sólo pueden hacer lo que la Constitución y la Ley les autoriza), vemos que los funcionarios no cumplen con el mandato constitucional y legal, ya por violación directa ya por omisión, en muchos casos dichos funcionarios muy bien pagos para cumplir con su deber, remiten sus obligaciones legales al ciudadano común, al contribuyente que es quien paga su salario.  Lo más grave es que no hay sanción ni castigo alguno, los bienes del Estado se pierden y nadie paga, los funcionarios actúan fuera del marco legal y se condena al Estado y ¿quién paga tales indemnizaciones?, el contribuyente panameño.  Veamos algunos de los casos recientes:

En los últimos tres años, el Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Seguridad ha intentado conseguir la aprobación de la Asamblea Nacional del llamado proyecto de Ley de Extinción de Dominio, figura que Los Estados Unidos ha tratado de impulsar, pero que allá no ha dado resultado alguno, ni en Colombia, ni Chile, ni en ninguna parte, al contrario, los mismos gringos la han declarado inconstitucional por atentar contra el principio del capitalismo: la propiedad privada.  No contento con su rechazo reiterado, el Ejecutivo inmiscuyéndose en las funciones del Legislativo insiste en un proyecto ya rechazado (Artículo 2 de la Constitución vigente: los Órganos del Estado, ”…actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.”, de manera que las reiteradas insistencias de pedir la aprobación de un proyecto ya archivado nos demuestra la imposición del Ejecutivo).  Por si fuera poco, ese mismo Ministerio, sin tener facultades ni Constitucionales ni Legales, presentó una demanda indemnizatoria en nombre del Estado, facultad que le es propia del Ministerio Público, según lo establecido en el Artículo 220, numeral 1 de la Constitución, los numerales 1, 3, 5 del Artículo 3, así como los numerales 2 y siguientes del Artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio del 2000, que tuvo que retirar en menos de 24 horas al darse cuenta de semejante locura.  En cambio, lo que tiene que hacer no lo hace, la inseguridad es impresionante, los muertos van de tres en tres diarios, los robos a bancos, a comercio, a particulares está a la orden del día.  No puede ser posible que hechos gansteriles, robos a bancos, balaceras y otros se den prácticamente en frente de las autoridades, así, por ejemplo, una sucursal bancaria en Avenida de La Paz, El Ingenio, Betania, es asaltada y está a tres minutos de la Estación de Betania, cuatro minutos de la Estación de Pueblo Nuevo y Hato Pintado, ¿por qué la reacción lenta de la Policía?  Otro tanto por la sucursal de la 12 de Octubre, o la de Justo Arosemena, que a una cuadra (Avenida Cuba) está la Policía de Calidonia.  Las unidades policiales no se ven en las calles.  Para no salir ellos a la calle, inventan “los vecinos Vigilantes”, de manera que el ciudadano tiene que defenderse como puedan. Entonces, ¿para qué tenemos una policía tan bien paga, con más de 400 oficiales de alto rango con salarios faraónicos?  ¿Tendrá acaso los estamentos de Seguridad un plan de seguridad nacional?  No hablemos de la migración que han convertido nuestras fronteras en coladeras de miles de personas que al final, aquí han de quedarse, porque los funcionarios criollos todavía están esperando que los gringos les solucionen el problema, no resuelven lo de ellos van a resolver lo nuestro.

Bien sabemos que el Ejecutivo es quien debe dirigir las relaciones internacionales del Estado (Artículo 184 numeral 9 de la Constitución), pero resulta que funcionarios de otro Estado, se entrometen en nuestro país con la mirada cómplice de nuestros servidores públicos, quienes le temen a la Embajadora de Clayton y le permiten toda clase de torpezas ajenas a la diplomacia, en Panamá.  La cosa ha llegado a niveles que grupos de abogados han presentado su inconformidad de manera pública y propiciando protestas en tal sentido.  ¿Tienen los ciudadanos de a pie que hacerle el trabajo a la Cancillería, para qué entonces les pagamos?  Es que como decía alguien muy mencionado y poco seguido que “hay panameños que aún no han suprimido el colonialismo mental en su vida”.  Por cierto, como chiste de mal gusto, pensamos que Los Estados Unidos de América, dado haberse gastado miles de millones en la guerra de Ucrania, se ha quedado sin fondos, por lo que sus empleados diplomáticos tienen que ganarse sus chavitos haciéndole relaciones públicas a empresas privadas, como es el caso de una minera, ¡que pena a dónde hemos llegado!

Con el problema del delito de lavado, los entes como el MEF, DGI Superintendencias, etc., han adoptado y pasado como ley una serie de medidas para agradar a las GAFIS, sin considerar siquiera al ciudadano panameño, que es quien les paga.  Pero bien, ante la presión de un grupo de abogados por las medidas de tal ente internacional, éste aclaró que dichas medidas no fueron pedidas por ellos, fueron presentadas como la gran solución, por las entidades panameñas.  Resultado, seguimos en las mismas, todos los meses con un cuento distinto.  Todos sabemos que dicho delito es financiero, por tanto, sólo puede ser cometido por un Agente Financiero, que es quien recibe los fondos, pero nadie ha visto un Agente financiero sancionado y si lo hicieran, las multas serían irrisorias.

Ya es tiempo que los ciudadanos de a pie, los panameñitos vida mía comencemos a ejercer la función fiscalizadora de los fondos del Estado, veremos cómo se pone fin a la corrupción y comienza a aparecer los fondos públicos, de lo contrario vamos rumbo al despeñadero total y nos tocará vivir lo que otros países vecinos han vivido y aún no han superado.

El autor es Docente y abogado