Nuevamente el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad pretende colar la llamada “ley de extinción de dominio”, proyecto ya rechazado por la Asamblea Nacional varias veces por improcedente.  Al parecer, para el Ejecutivo en el país no hay suficientes problemas como para perder el tiempo nuevamente con un proyecto fracasado sin valor alguno, pues los países que lo han implementado no han visto mejoría alguna, comenzando por los propios Estados Unidos de América, que para no admitir su fracaso lo declararon inconstitucional, igual los vecinos de Colombia, donde por el contrario los delitos financieros ligados al narcotráfico se han incrementado.  En el lenguaje vernáculo se dice: “vuelve la puerca y hala el cuero”, para indicarnos que tal situación no pasa de ser una falacia.  Desconocemos ¿cuál es el interés del Ejecutivo en tal norma, para quién trabajan nuestros funcionarios?, pues al panameñito de a pie esta situación le es ajena, estamos más preocupados por la inseguridad de la delincuencia común, los muertos diarios, las balaceras en todo el país, que se ha convertido en una gran zona roja, la ausencia total de los estamentos de seguridad en la calle, la migración imparable, el desmejoramiento de los servicios públicos de salud, educación, justicia, producción…

Los argumentos para proponer tal proyecto siguen siendo los mismos, para el combate de los delitos financieros relacionados con drogas, hecho que nos marca una expresa confesión de incapacidad de los estamentos de seguridad en el combate de los delitos.  No puede ser que, a estas alturas, en democracia desde 1990, habiendo sacado a Noriega del poder, que según la propaganda era la fuente del mal, resulta que estamos peor.  Si durante más de treinta años, los estamentos de seguridad no han podido erradicar tal flagelo es necesario una depuración y reingeniería.  Quiere decir que son improductivos, en el mundo real, la productividad y eficiencia se mide por los resultados.  Las cifras hablan por si solas, el incremento delictual es galopante.

Dado la brevedad del medio, no entraremos en detalle de los presupuestos de los estamentos de seguridad en los últimos treinta años, comparados a los veinte anteriores.  Basta que tengamos una idea en base a la Ley 336 de 14 de noviembre de 2022 (Gaceta Oficial Digital 29,662-A, de 14 de noviembre del 2022), donde se le asigna al Ministerio de Seguridad la suma de B/. 765,314,575 y al Ministerio Público la suma de B/. 230,015,981, mucho dinero y pocos resultados, para el presupuesto corriente del presente año. 

De manera, entonces que lo más conveniente es simplemente retirar el proyecto e iniciar un trabajo de reingeniería en los estamentos de seguridad, que le brinde a la ciudadanía, al inversor, comerciante, tranquilidad y la seguridad de que tales estamentos brindan protección a los nacionales y extranjeros en sus bienes, personas y honra.  Queremos ver la policía en la calle, queremos que se supriman los gastos de pago de hoteles y centros de acuartelamientos, se acaben con los cientos de caciques y pocos indios, con salarios faraónicos, programas de recorridos de calles y veredas, programas de vigilancia en motos, por sectores las 24 horas diarias.  Tengan presente que los delitos financieros son típicos de los Agentes Financieros, no del panameñito de a pie, no del zapatero de la esquina, ni del abogado de saco sudado, todos sabemos que tales capitales y bienes entran en el sistema financiero vía un Agente Financiero, que por ley está facultado para ello.  Si creen que con esta Ley engañan a los Organismos Internacionales no pierdan el tiempo todo el mundo sabe quienes lavan aquí y en el resto del mundo, los intocables. 

 Lo más grave del asunto es que nuestras autoridades, con nuestros impuestos, no nos protegen, sino que están al servicio de la fuente del mal, precisamente Los Estados Unidos de América, lugar donde se consume la droga, sale el dinero sucio y los grandes carteles de sus mafias controlan el gobierno.  Todo lo que se haga acá, no es más que la taquilla para que ellos culpen de todos sus males a los Escobar Gaviria, los Clanes mexicanos, de Colombia…, pero nunca sacan a la luz los grandes comercializadores en las calles de dicho país.   

 En las próximas entregas haremos un recuento de las implicaciones jurídicas de tal medida y la abierta violación de claros principios de derechos humanos (seguridad de la propiedad privada, presunción de inocencia, debido proceso y otros) por parte de la pretendida norma.  Es tiempo que nuestros estudiosos comiencen a desdibujar la supuesta eficiencia de las fuerzas de seguridad y entremos a ver su costo por resultado, nos llevaríamos una sorpresa mayúscula.  Es evidente que, si los estamentos de seguridad no pueden solucionar la delincuencia común, el raterito de vecindario, cómo ha de enfrentar los delitos financieros cuando le tienen miedo a los grandes Agentes Financieros, que son intocables.  Zapatero a tus zapatos, resuelve lo más simple para luego resolver lo más complejo.

El autor es docente