Aunque hay un desarrollo audaz en el país tras la pandemia de Covid 19, el Estado ha tenido pendiente un flagelo que trata de combatir de forma represiva con la proliferación de estructuras criminales, atribuidas a una desigualdad social y la descomposición de la familia como la falta de oportunidades, desde donde se aprovecha el crimen organizado.

Las estadísticas criminales del Ministerio Público indican que se han registrado 8,399 delitos entre denuncias, querellas e investigaciones de oficio  bajo el Sistema Penal Acusatorio en el 2023.

Los crímenes convencionales como robo, violación, hurto, homicidio, entre otros, se enmarcan dentro de una agravante crisis social como lo es el crimen organizado,  donde opera el narcotráfico, pandillerismo, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de personas, blanqueo de capitales, un largo etcétera de delitos y que afectan la imagen y desarrollo funcional del país.

Desde la perspectiva de la Asociación de Profesionales en  la Investigación Criminal y Ciencias Forenses (APICCF), Julio Alonso, exinspector de la antigua Policía Técnica Judicial y vocero de la organización entiende que la sociedad está preguntando por qué se está dando este problema, por lo que considera hay que volver al origen.

Alonso explica que hay factores que facilitan que estas estructuras caminen, no solo se aborda desde un punto de vista policial, donde también le Estado no suple las necesidades de oportunidades y políticas gubernamentales y económicas en un país pequeño y controlable.

Para el representante de APICCF hay que abordar tres puntos fundamentales en esta situación: primero la voluntad política, donde debe existir una reestructuración de la sociedad de forma ética y moral basada en la educación, el fortalecimiento humano y recreación, entre otros; segundo, las estructura gubernamental debe estar cohesionada con los programas lo que actualmente no se está brindando, según su criterio  están “desestructurados” y tercero la voluntad política para mantener un bienestar debe complementarse con la justicia, la certeza del castigo y la rigurosa investigación que sean un ejemplo del sistema de justicia.

La seguridad redunda en el comportamiento económico y desarrollo del país, inversiones, turismo, seguridad jurídica, y un bienestar social que permite el desarrollo, argumenta Alonso.

Recordó que hay una oleada evolutiva de la delincuencia que siempre va a estar al lado, por delante de las leyes,  pero debe ser minimizada por el gobierno, atacando en los tres puntos básicos con una reengeniería de la justicia, los poderes políticos y sus políticas públicas y en el cumplimiento de las leyes.

La autora es Estudiante de Periodismo