Con bombos y platillos el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad está tratando de imponer un proyecto de Ley denominado de extinción de dominio, para lo cual han traído supuestos “expertos” en la materia, especialmente de Colombia.  Debemos tener presente un principio básico, un buen producto se vende solo, no hay que traer expertos para eso, sin contar por ejemplo ¿cuánto nos cuesta tan sabios consejos; quién paga los gastos de dichos sabelotodo y quién los recomendó?  No necesitamos decir que dicho proyecto es una imposición de Los Estados Unidos, por lo que no tiene padre, como malamente se pretende impresionarnos.  Pero, ¿acaso esa medida ha dado resultado en Colombia, los propios Estados Unidos, El Salvador…?  Al contrario, esos países cada día se acercan más a convertirse en un Estado fallido, controlado por la Narcopolítica.

Hay diversos elementos muy convincentes que aconsejan no aprobar norma alguna que contenga la mal llamada extinción de dominio, veamos:

1. Atenta contra el principio básico del sistema capitalista, que para mal o bien seguimos en este país, de la propiedad privada, principio consagrado en la Constitución y en diversos tratados y Convenios de Derechos Humanos que nuestro país ha adoptado. Esta contradicción desde ya es fuente de potenciales conflictos de constitucionalidad y motivo para dirimir tales causa en Tribunales Internacionales de Derechos humanos, donde nuestro país no ha salido bien librado, pero que no ha castigado a quienes embriagados de poder, cometen violaciones a los derechos humanos, que por cierto son imprescriptibles.  Precisamente por eso, en Los Estados Unidos, Cortes estatales ya han decretado la inconstitucionalidad de este tipo de normas.
2. Nuestra administración de Justicia es altamente deficiente, sujeta, ya no a las botas de avenida A, sino a los políticos mandaderos de las clases dominantes. No hay independencia judicial, no existe castigo para quienes cometen toda clase de argucias jurídicas para sacar de competencia a los adversarios.  El Ministerio Público no Ha procesado a ningún Fiscal que se ha prestado para apresar injustamente a ciudadanos, con testigos “protegidos”, pagos con nuestros impuestos, que han sido altamente cuestionado por su evidente falsedad.  Al final, las víctimas demandarán al Estado y ¿adivina quién paga?  El contribuyente panameño, Usted y cada uno de los ciudadanos panameños. Y, aquí no ha pasado NADA.
3. No se ha establecido quién asume la responsabilidad civil de los actos realizados con el fin de arrebatarle la propiedad a una persona y luego ésta es declarada inocente. Sería bueno que el Ministro de Seguridad, quien sostiene las bondades de esta norma, personalmente se comprometa a responder en caso de “equivocación”.  El recordado caso de la llamada Ley 25, que dictó la Asamblea Nacional a instancia del Ejecutivo, avalada constitucional por la Corte de lujo, fue declarada violatoria de los derechos fundamentales de miles de trabajadores del IRHE, INTEL, Puertos, Ferrocarriles, etc., quienes después de más de veinte años pudieron cobrar sus prestaciones.  Allí está en espera WAQUED, a quien le arrebataron empresas, negocios, propiedades por un bochinche de la lista Clinton, miles de trabajadores quedaron cesante, espera Murcia Guzmán, a quien hay que devolverle sus bienes, West Valdés, Mauricio Cort García, proceso verificado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.  Es evidente que los políticos no les importa tal responsabilidad, su apetito por el “que hay pa´ mi” supera todo razonamiento lógico. 
4. Existe una total falta de seriedad de los estamentos de seguridad, quienes como dice un diario local “proteger y servir espera que se cometa el delito para luego acudir”, dado que al igual que el Ministerio Público, tienen un desmedido afán de taquillar, realizar espectáculos de grandes capturas, pero ser sustento. Para no ir más lejos una reciente captura de casi sesenta personas, por “informes de inteligencia” miembros de una banda delincuencial, resultó una despedida de soltera.  ¿Esa es la gente que realizará las operaciones de inteligencia y captura?
5. Lo que se pretende es crear más burocracia, que cada vez es menos eficiente, pero más costosa. Presentarnos una nueva Fiscalía para tal fin, con el costo que genera tal engranaje, no hace más que acrecentar la situación amorfa del Estado Panameño, con más de ciento cincuenta entidades autónomas y semi autónomas, que rompió toda estructura lógica del Estado establecida en el Código Administrativo de 1916.  Hoy hay entidades con iguales funciones, pero cada una un feudo político de su jefe.  Tribunales de toda clase, que han usurpado funciones a la Corte Suprema de Justicia y a la propia Asamblea Nacional.

  Sería bueno que los Honorables Diputados recordaran el principio de que uno legisla para cuando se está en oposición, no para cuando se es gobierno o como decía el filósofo del pueblo Fulele Calvo, los “carniceros de hoy serán las reses del mañana”.

El autor es Abogado