En los últimos años el problema de la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas de mayor discusión y preocupación de manera especial en Latinoamérica, y Panamá no escapa a esta constante. No obstante que a la humanidad históricamente la ha acompañado un sentimiento de inseguridad ante eventos de la naturaleza y eventos sociales. Sin embargo, la seguridad ciudadana hoy día es concebida como una necesidad vital del ser humano que implica la libertad de auto realización plena y por ende la satisfacción integral de todas sus necesidades, de allí que el temor ante la posibilidad de ser víctima del delito, “constituye un obstáculo al desarrollo individual y colectivo de los pueblos” (Durlauf 2014).

Esta realidad ha sido señalada por varios estudios donde ser advierte que: “

Hoy día de manera especial en la región señalada con antelación, se ha planteado como prioridad de los asociados y a la vez un reto para los gobernantes, el incremento del sentimiento de inseguridad, motivado por una real  o falsa percepción del aumento cualitativo y cuantitativo de la criminalidad y violencia en general; el mismo se traduce por un lado, en la adopción de medidas individuales de protección como sistemas mecánicos, seguridad privada, adquisición de armas, de perros y otros dispositivos que proporcionen  algún grado de seguridad; y por el otro, por un populismo punitivo, que se distingue por el clamor  de medidas represivas cada vez más severas, hasta considerar la punición más inhumana: la pena de muerte. Quienes experimentan el sentimiento de inseguridad, desvalorizan o desconfían de los mecanismos formales que el Estado ha creado para hacer frente al tema de la criminalidad. De allí, que otra característica del problema en cuestión es la percepción con base cierta o no de la poca efectividad de la policía y sistema de justicia imperante.

La situación planteada es sustentada en serios estudios realizados en la Región en donde se ha señalado el impacto de la inseguridad generada por el delito a saber: “La inseguridad ciudadana es en muchos casos una violación al derecho a la vida, y en todos los casos, una restricción a la libertad de circulación y de asociación. Así la inseguridad tiene costos directos vinculados tanto al acto delictivo como la a la respuesta de los individuos para evitar ser victimizados… Además, la inseguridad es un problema que aflige como tantos otros, primero a los segmentos menos favorecidos de la sociedad, lo cual agrava las condiciones de segregación y desigualdad que ya de por si son retos claros para el desarrollo” (Corporación Andina de Fomento- CAF. 2014).

Ante el tema de la seguridad ciudadana corresponde en primer lugar la realización de un diagnostico situacional integral, a efectos de evaluar la problemática, para conocer las variaciones cuantitativas y cualitativas de la criminalidad y violencia en general, tomando en cuenta las particularidades de la víctima y victimario y los niveles de inseguridad de la población. Al respecto estudios realizados en diferentes momentos en la región, y análisis de estudiosos del tema señalan como notas sobresalientes lo siguiente: 

*Deficiencias o ausencia en los sistemas de estadísticas criminales, que integren la información de las diferentes fuentes oficiales y esfuerzos de investigaciones con rigor científico sobre muestras específicas, estudios de victimización, etc. De tal situación se deduce un incremento de la cifra oculta de delitos y otros hechos violentos.

*No obstante lo anterior, de acuerdo con estudios de victimización en la región se anotan altos índices de victimización, en donde resultan víctimas y victimarios más frecuentes los jóvenes del sexo masculino.

*En cuanto al tema de la violencia urbana que es el tema que nos ocupa, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo resultan las áreas urbanas las más afectadas.

*  Tendencia al aumento de delitos relacionados al crimen organizado, cibercrimen, etc.

*Altos niveles de inseguridad de manera especial en áreas de mayor concentración de población y actividades comerciales.

Dentro de los factores ambientales o ecológicos, las áreas  urbanas  conformadas por  centros citadinos se han estudiado en atención a la frecuencia de criminalidad y en comparación con zonas rurales, éstas presentan cifras más altas de criminalidad, en tal sentido se ha señalado que “A los criminólogos no les ha sido ajeno este hecho social; se han ocupado así, de determinar el aporte que estas zonas ofrecen a la criminalidad general y han encontrado que el índice delincuencial es mucho más alto en los centros urbanos que en los centros rurales.”(Reyes 2003). Resultan pues las áreas urbanas las más propicias para la actividad delictiva, y por ende es en éstas donde la población experimenta un mayor sentimiento de inseguridad.  La concentración de población en centros urbanos se ve agravada con los flujos migratorios que se dan a nivel interno y externo fenómeno que acentúa los problemas sociales de los inmigrantes y a la vez, en el caso de la inmigración extranjera se trasladan a nuestro medio patrones, técnicas y modalidades delictivas que son fácilmente incorporadas a la crimino dinámica de la criminalidad criolla.

En cuanto al tema aludido, sin entrar a hacer un análisis fenomenológico de la personalidad  del autor del hecho estudios, han demostrado que un factor que favorece la  comisión de hechos delictivos en áreas urbanas lo es : la despersonalización que experimenta el individuo en las ciudades como mecanismo de defensa ante la desconfianza y temor que desarrolla producto del anonimato característico de las zonas urbanas de manera especial en las grandes metrópolis donde “nadie conoce sin confía en nadie.” Al respecto Reyes Echandía ha dicho: “que las áreas urbanas o citadinas con altos índices de criminalidad se caracterizan porque coinciden con zonas industriales más o menos densas, precarias condiciones habitacionales de sus moradores, pobreza ostensible, carencias del sentido de vecindad y solidaridad” (Reyes 2010). Se hace presente en estas zonas la clandestinidad, que reemplaza el sentimiento de solidaridad, que constituye de alguna manera un mecanismo de control individual y grupal, lo que puede ser un freno inhibitorio al paso al acto delictivo. En fin, la violencia urbana responde a las complejidades propias de la vida en dichas áreas geográficas a saber: modernas tecnologías, acelerada urbanización, variación de patrones sociales como es el modo de adquirir un status basado en el tener y no en el ser, significativa influencia negativa de los medios de comunicación que no juegan un papel preventivo, altos niveles de consumismo, y de manera especial se agudizan los factores de riesgo social.  La vida urbana es más exigente que la vida en zonas rurales, pero a la vez brindan menos posibilidades de resolver de necesidades tanto básicas como superfluas que promueve el consumismo cada vez más exagerado.

La seguridad ciudadana debe ser un eje fundamental en las políticas públicas, dado que la inseguridad o temor ante la posibilidad del ciudadano de convertirse en una víctima del delito, se traduce en percepciones que tienen una base objetiva (frecuencia de hechos delictivos que realmente son conocidos y la base subjetiva que es el sentimiento que cada individuo tiene con relación a este hecho social.  Generalmente el sentimiento de inseguridad se expresa en las siguientes opiniones ciudadanas:

-El fenómeno criminal es visualizado como uno de los problemas sociales apenas superado por el desempleo y la pobreza.

-Consideran que la delincuencia va en aumento, de manera especial los delitos contra la vida y el narcotráfico.

-Se denuncian prácticas autoritarias y/o violatorias de los derechos humanos.

-Falta de colaboración y participación ciudadana.

-Ausencia de una política de Estado para prevenir la criminalidad, por lo que la respuesta institucional no es satisfactoria.

- Los homicidios son cometidos en lugares públicos. etc.

Ante el tema de la seguridad ciudadana y criminalidad se han adoptado nuevos enfoques que básicamente enfatizan la efectivización de la policía como mecanismo de control social, que implica fortalecerla relación y el contacto de la policía con las comunidades a efectos de favorecer y promover la participación de los moradores en el tema de la prevención de la delincuencia.  De igual manera se ha puesto en práctica un modelo llamado “Prevención Situacional y social” que se caracteriza por la adopción de medidas no personales que tienen el propósito de eliminar o reducir las ocasiones que propician la comisión de actos delictivos (disposición de cerraduras, alumbrados, etc.) y en el plano social, está dirigido sobre todo a prevenir los factores de riesgo para evitar la prima delincuencia, es decir implica la prevención primaria. En el tema de la prevención cobra importancia la prevención victimal, es decir que el ciudadano adopte medidas para disminuir la posibilidad de convertirse en víctima.

En fin, el problema de la seguridad ciudadana en general, exige el paso de un modelo exclusivamente reactivo hacia un modelo, preventivo, que dirija sus principios y estrategias rectoras en la atención de las raíces y causas del problema, más que en las consecuencias., lo cual implica la atención de los factores de riesgo. La inseguridad es multifactorial, de allí la necesidad de conocer mediante estudios científicos y objetivos la realidad en este problema, de manera que las medidas que se adopten se ajusten a la realidad de cada país.

Por último, es necesario resaltar que la seguridad ciudadana constituye un obstáculo significativo en para el logro del desarrollo humano, que significa el aumento tanto de la calidad y cantidad de las opciones que tienen los individuos en una sociedad y para ello se requiere que estos puedan concretizar tales opciones con libertad, sin riesgos y sin temores. La seguridad debe verse en atención al desarrollo humano sostenible, como un tema multidimensional, que no se agota con la adopción de medidas represivas únicamente, que requiere la participación ciudadana y de un enfoque interdisciplinario; pues es  un tema que no admite improvisación, de allí que la adopción de una política criminológica de Estado debe partir de una adecuada planificación, pues las políticas relacionadas a la seguridad frente al temor al delito implican una gama de intervenciones en diversas áreas: individuo, familia, grupos, comunidad, escuelas, etc. considerando las diferentes zonas geográficas, la gama de conductas ilícitas presentes y amenazas que tienen que ver con un mundo global; en fin una política para atender el tema analizado debe tener un enfoque integral, participativo sostenible en el tiempo y espacio, que permita el encuentro armónico con todo el sistema de justicia penal, para garantizar la seguridad  de toda la sociedad y concebirse como parte fundamental de la política social de un país.

La autora es Magíster, Trabajadora Social, Abogada y Criminóloga. Profesora Regular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá