La Brutal Arremetida de la Administración Pública contra las Capas Medias
Por: F. Espino Z. | Publicado el: 06 enero 2022
La despiadada arremetida del gobierno, mediante un paquete de normas antipopulares y con el fin de desarticular y destruir el motor de nuestra economÃa, las capas medias, profesionales, pequeños empresarios, artesanos, productores, bajo la excusa de mejorar la imagen del paÃs frente a las llamadas listas. En ese marco han implementado la Ley 256 de 26 de noviembre del 2021, que busca liquidar lo que aún queda del proyecto de la clase media. Pero bajo esta pantalla o cortina de humo hay un trasfondo mucho más desgarrador, veamos:
- El 2023 es un año polÃtico, donde las pirañas del Estado, diputados, alcaldes, representantes y burócratas requieren de grandes sumas de dinero para hacer campañas a costa del bolsillo del contribuyente panameño. A la fecha, nadie ha dicho cuánto más se habrÃa de recaudar y para dónde se han destinado dichos ingresos. La respuesta parece evidente.
- Para obtener fondos, el Estado se ha quedado sin fórmula válida, ya se hace inviable recurrir a los préstamos, porque la deuda, en los últimos dos años se ha incrementado en 11,273 millones de dólares. Esto hace que los organismos internacionales ya no estén proclives a facilitar grandes sumas en préstamos. Para quienes esperan un plan de recuperación económica, se van a queder esperando, sentaditos en la silla.
- De manera, entonces, que el gobierno ha preferido acabar con las capas medias, antes de realizar una polÃtica de cobro equitativa. Es el caso que hay mas de mil empresas con contratos con la nación, una fórmula legal de evadir impuestos, que con cálculos conservadores dejan de pagar casi ocho mil millones de dólares anuales.  Nadie toca a semejantes vacas sagradas pero si al panameño de a pie.
- No deja de ser sorprendente el reconocimiento de su incapacidad por la propia burocracia del Estado, que lejos de salir a recaudar impuestos como se debe, pretende que los particulares le hagan el trabajo. Esta tendencia de vagancia no es nueva, la policÃa pretende que los ciudadanos sean vecinos vigilantes, mientras ellos no trabajan, se pretende que los abogados sean investigadores y perseguidores del delito, mientras que el Ministerio Público gasta millones en todo tipo de procesos amañados.
- Para quienes creen erróneamente que se puede engañar a los organismos internacionales reguladores, puede que se les convierta en mueca su risa de felicidad. El mundo sabe quienes blanquean capitales, quienes reciben dinero en efectivo y quienes constituyen los soportes legales para tales fines. No es el abogado de a pie, ni el profesional de la calle. Al final este paquete de normas inconsultas y absurdas carecen de valor práctico. ¿Acaso, por ejemplo, con norma de extinción de dominio se ha restringido el negocio de las drogas en Colombia? ¿Por qué adoptar una norma cuando sus gestores, Los Estados Unidos de América la acaba de declarar inconstitucional?
   Se hace evidente que nos espera una larga lucha, justa y necesaria, para adecentar el paÃs.
El autor es licenciado en Derecho y Ciencias PolÃticas y litigante
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