Las configuraciones de la vena afrolatina se ubican en todo el país, distribuyéndose en la Provincia de Darién, en Yaviza, El Real, La Palma, Garachiné, Sambú, Tucutí, Yape, Boca de Cupe, Arretí, Santa Fé, Chepigana, Camogantí, Punta Alegre, Zapayal. En la provincia de Panamá, en un continuum desde Tortí, Chepo, distrito de Panamá, cruza el Canal y llega a Panamá Oeste que va de Arraiján centro, La Chorrera centro, Capira, Chame, hasta San Carlos.

“El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive”

Flodor Dostoievski

En un principio, este artículo conlleva la necesidad de impulsar de manera visionaria la Didáctica docente con opción asesor-tutor en el ámbito de la Educación Superior virtual. Trata en destacar la principal competencia intertextual-digital del docente por excelencia, evidenciada en la dimensión del manejo de conocimientos y medios instruccionales on-line.

La pandemia nos obliga a repensar el presente y futuro posible, probable y deseable, en busca de un camino hacia una sociedad con una economía competitiva de mayor bienestar colectivo y sostenibilidad ambiental.

Según un estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista norteamericana «PLOS ONE» comprobó que la vitamina D podría reducir las complicaciones en los pacientes hospitalizados con coronavirus, como la pérdida del conocimiento, hipoxia y hasta la muerte.

Con la finalidad de garantizar la conectividad de las redes de comunicaciones telegráficas a nivel internacional, se crea en 1865, la Unión Telegráfica Internacional, en Francia. Luego en 1932 se le aprueba el cambio de nombre a Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union, ITU), y en 1947, se convierte en el organismo especializado de las Naciones Unidas, gestor y regulador de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En conmemoración de los 85 años de la Universidad de Panamá, el rector de esta Casa  de Estudios Superior, doctor Eduardo Flores Castro, escribió el  artículo denominado "José Dolores Moscote: forjador de la Universidad de Panamá"

La legislación panameña al referirse a la administración pública desde el contexto de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y Dicta Disposiciones se refiere a este concepto desde una perspectiva objetiva y subjetiva. En la primera visión del concepto al tenor de la Ley en comento señala en artículo 201 numeral que “es el conjunto de actividades heterogéneas que tienen por finalidad lograr el bienestar social, como la prestación de servicios públicos, medidas de estímulos a las actividades sociales y medidas de frenos a dichas actividades”. Desde la perspectiva subjetiva “es el conjunto de organismos o dependencias estatales que forman parte Órgano Ejecutiva, cuya actividad está encaminada a lograr el bienestar social”. Desde ambos puntos de vista la ley enuncia un fin que es el bienestar social. Desde la perspectiva objetiva la administración pública tiene entre sus funciones estimular las actividades sociales. Una de estas actividades es la organización de las comunidades mediante Organizaciones de Base Comunitaria   también denominadas OBC.

Reportes de la Organización de las Naciones Unidas de 2018, sostienen que el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades, y que desde el 2007, el número de personas que viven en ciudades superó el número de personas que viven en zonas rurales, por primera vez en la historia de la humanidad. De igual forma, dicha organización, pronostica que la población mundial aumente en 2 000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7 700 millones actuales a los 9 700 millones en 2050, pudiendo alcanzar en el 2100, cerca de 11 000 millones de personas.

La declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a causa del COVID-19, durante estos casi 7 meses que han pasado, ha provocado grandes impactos en todos los ámbitos, sociales, económicos, salud y por supuesto en la educación.

Como medida para controlar la propagación del COVID-19, muchos países tomaron medidas enérgicas, cerrando sus fronteras internacionales, además de implementar cuarentenas totales, por lo que la población ha tenido que utilizar las redes de comunicaciones para realizar las actividades cotidianas a distancia, como la educación, el trabajo, los negocios y las relaciones interpersonales, incrementando el tráfico de datos, entre los cuales el uso de redes sociales y así como el uso de aplicaciones en tiempo real (videoconferencias, video llamadas, mensajería, transmisiones en vivo, etc.), han impulsado dicho incremento.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, en sus treinta y cinco (35) años de vida institucional, ha jugado un rol importantísimo en la formación de formadores desde, 1935, y su consecuente inserción dentro de un proyecto de nación.  Ahora, es soslayada por “intereses” de mucha intensidad por parte de dos (2) grandes frentes, a saber: “el político” y “el mediático”.

Para nadie es mentira lo indispensable que se ha convertido el idioma inglés en el ámbito laboral, y… es que a nivel mundial cada día es más requerido.

Actualmente, debido al confinamiento producido por la pandemia, se ha incrementado en gran medida la modalidad de teletrabajo, el cual nos permite realizar nuestras actividades laborales, sin necesidad de estar en nuestras oficinas.

La violencia contra la mujer es una situación que no solo se circunscribe a procesos legales, administrativos y médicos, sino que además trastoca todos los ámbitos en donde la víctima se desenvuelve. Conscientes de esta realidad y comprendiendo lo complejo que pueden ser los trámites contra este flagelo, un grupo de lideresas del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP), encabezado por dirigentes del Capítulo de Curundú, Secretarias de la Junta Directiva Nacional y del Directorio Nacional, emprenden en octubre de 2019, una heroica cruzada, conjuntamente con un equipo técnico y de asesores legales, para fortalecer el amparo a las víctimas, mediante el establecimiento de mecanismos laborales que viabilicen y garanticen que estos procesos no afecten la condición laboral de las mujeres.